NINGÚN GOBIERNO OBLIGARÁ A UNA COMUNIDAD A SUBIR IMPUESTOS.
«Las Comunidades Autónomas seguirán decidiendo con libertad sobre sus impuestos propios y cedidos, dentro de sus competencias, y podrán bajarlos cuanto quieran.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Defiende la plena autonomía fiscal de las Comunidades Autónomas de régimen común sobre sus tributos propios y cedidos (IRPF autonómico, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados), garantizando que puedan bonificarlos o rebajarlos libremente. Ello implica la derogación o eliminación de mecanismos estatales de armonización al alza como el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas.
A favor
La Constitución Española (artículos 156 y 157) y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) consagran la autonomía financiera y la corresponsabilidad fiscal de las CCAA. En uso de esas competencias, la mayoría de las comunidades (como Madrid, Andalucía, Galicia, Baleares, Cantabria o la Comunidad Valenciana) han bonificado al 99%-100% el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones entre familiares directos y han reducido el Impuesto sobre el Patrimonio; España es, de hecho, el único país de la Unión Europea que mantiene un impuesto estatal sobre el patrimonio neto tras su supresión en Francia, Suecia o Alemania por su baja recaudación y riesgo de deslocalización de capitales.
En contra
El Tribunal Constitucional avaló en 2023 la constitucionalidad del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas al considerar que el Estado puede evitar que las bonificaciones autonómicas del 100% vacíen de contenido un tributo estatal cedido. Economistas agrupados en el Comité de Personas Expertas para la Reforma Fiscal (Libro Blanco de 2022) y Fedea han advertido que la competencia fiscal a la baja sin suelos mínimos en impuestos patrimoniales favorece un 'dumping fiscal' interno hacia regiones con fuertes economías de aglomeración (efecto capitalidad de Madrid), drenando bases imponibles de comunidades con menor renta per cápita.