Partido Popular
La Reconstrucción Nacional. El programa del cambio necesario para España · 241 propuestas (de 249 numeradas en el PDF, 8 reservadas en campaña) · 82 páginas · lectura estimada ~1 h 45 min
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Posturas en debates clave
Síntesis en 4 cuestiones centrales enlazadas a su cita.
Debe incrementarse la tributación directa sobre las grandes fortunas, el patrimonio o los beneficios empresariales.
Debe mantenerse o ampliarse la financiación pública a centros educativos concertados o mediante cheque escolar frente a una red exclusivamente pública.
Debe prolongarse la vida útil de las centrales nucleares existentes en España dentro del mix energético.
Vocabulario más característico
Comparar vocabulario →Vivienda, Urbanismo y Mercado del Alquiler
Acceso a la vivienda, parque público, rehabilitación, regulación del alquiler, suelo urbanizable y seguridad jurídica residencial.
CONSTRUIREMOS UN MILLÓN DE VIVIENDAS.
«Movilizaremos suelo público y privado en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades locales. Aprobaremos una nueva Ley del Suelo para agilizar el planeamiento urbanístico y reforzar su seguridad jurídica.…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Se compromete a impulsar la construcción de un millón de viviendas durante la legislatura mediante una nueva Ley del Suelo que agilice el planeamiento urbanístico y evite la anulación judicial completa de planes por defectos formales subsanables. Incluye la publicación de un inventario único de suelo público, la habilitación de suelo dotacional para vivienda social, el cambio de uso de oficinas y locales a residencial asequible, la segregación de viviendas grandes y el establecimiento de licencias urbanísticas en un plazo máximo de tres meses con silencio administrativo positivo.
A favor
El Banco de España estima un déficit acumulado de entre 600.000 y 700.000 viviendas en España entre 2022 y 2025, ya que apenas se inician entre 105.000 y 120.000 viviendas nuevas al año (según visados de obra nueva del MITMA/MIVAU) frente a una creación neta de más de 250.000 a 275.000 nuevos hogares anuales impulsada por la demografía y los flujos migratorios. Asimismo, los informes de APCEspaña y ASPRIMA señalan que desarrollar suelo desde su clasificación hasta la entrega de llaves tarda en España entre 8 y 12 años debido a la burocracia urbanística y a la inseguridad jurídica derivada de la nulidad en cascada de los Planes Generales.
En contra
Pasar de las actuales ~110.000 viviendas anuales a construir 250.000 al año (un millón en cuatro años) choca con severos cuellos de botella estructurales: la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) calcula que al sector le faltan cerca de 700.000 trabajadores cualificados, y la capacidad financiera y productiva actual del sector promotor no permite duplicar la producción de inmediato. Además, el Tribunal Constitucional (STC 143/2017 y 86/2019) ha declarado inconstitucional imponer el silencio administrativo positivo desde el Estado en licencias de edificación de obra nueva por invadir competencias urbanísticas autonómicas y por el riesgo de consolidar edificaciones ilegales contrarias al planeamiento.
DEROGAREMOS LA LEY DE VIVIENDA.
«Recuperaremos la seguridad jurídica que necesitan propietarios e inquilinos. Eliminaremos las zonas tensionadas y el índice de precios, que han introducido más intervención, más incertidumbre y menos oferta en el mercado…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone la derogación íntegra de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, suprimiendo de forma inmediata la declaración de zonas de mercado residencial tensionado y los índices oficiales de referencia para el control o tope de precios del alquiler. El objetivo es restablecer la libertad de pactos y la seguridad jurídica de los propietarios para revertir la contracción de la oferta de pisos en el mercado de arrendamiento.
A favor
Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda en mayo de 2023 y la aplicación de los topes de alquiler en Cataluña en 2024, los datos del Observatorio del Alquiler, Idealista y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona muestran una caída de la oferta de alquiler permanente de entre el 15% y el 30% en los mercados regulados, junto a un trasvase masivo hacia el alquiler de temporada (que llegó a suponer más del 30%-40% de los nuevos anuncios en Barcelona) y de habitaciones. La literatura económica empírica (como el estudio de Diamond, McQuade y Qian en *American Economic Review* sobre San Francisco o la experiencia de Berlín en 2020) concluye mayoritariamente que los controles rígidos de rentas reducen la oferta disponible y penalizan a los nuevos demandantes.
En contra
Según la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Vivienda (con datos de fianzas depositadas en el INCASÒL), en los primeros trimestres de vigencia del control de rentas en los 140 municipios catalanes declarados tensionados, el precio medio de los nuevos contratos firmados descendió entre un 3% y un 5% frente a subidas interanuales de más del 10% en Comunidades que no aplican la ley (como Madrid o Comunidad Valenciana). Asimismo, los sindicatos de inquilinos y organizaciones sociales advierten que derogar la ley eliminaría también las prórrogas extraordinarias para vulnerables y la prohibición de trasladar al inquilino los honorarios de agencia inmobiliaria.
IMPULSAREMOS LOS PROYECTOS RESIDENCIALES ESTRATÉGICOS PARA CONSTRUIR ANTES.
«Crearemos, con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, una figura urbanística que unifique los trámites de planeamiento, gestión y ejecución de los grandes desarrollos de vivienda, con declaración implícita de uti…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea crear, en coordinación con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, la figura de los Proyectos Residenciales Estratégicos para grandes desarrollos de vivienda, dotándolos de declaración implícita de utilidad pública y urgencia. Este instrumento unificaría en un solo procedimiento paralelo los trámites de planeamiento, gestión urbanística y urbanización, eliminando informes sectoriales duplicados y fijando plazos máximos vinculantes para acortar a la mitad el tiempo de transformación del suelo.
A favor
Según estudios de la Asociación de Promotores Inmobiliarios (ASPRIMA) y el Colegio de Arquitectos (CSCAE), la tramitación de un desarrollo urbanístico en España requiere recabar entre 30 y 40 informes sectoriales (confederaciones hidrográficas, carreteras, costas, patrimonio, medio ambiente, telecomunicaciones, defensa) que se solicitan de forma secuencial y suelen tardar años en emitirse, encareciendo el coste final de la vivienda entre un 15% y un 25%. Experiencias autonómicas recientes (como los Proyectos de Interés Autonómico o la aceleración urbanística en Madrid y Andalucía) han demostrado que la tramitación simultánea reduce varios años la puesta en carga de suelo.
En contra
Conforme al artículo 148.1.3 de la Constitución y a la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional (desde la histórica STC 61/1997), el Estado carece de competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio, que son exclusivas de las 17 Comunidades Autónomas, por lo que una ley estatal no puede imponer figuras de planeamiento ni procedimientos de gestión urbanística. Además, organizaciones ecologistas y urbanistas alertan de que abusar de las declaraciones de urgencia e interés estratégico para desarrollos residenciales puede debilitar las evaluaciones ambientales estratégicas (Ley 21/2013) y favorecer desarrollos dispersos sin dotaciones públicas suficientes.
Economía, Industria, Innovación y Turismo
Política industrial, productividad, I+D+i, comercio, digitalización y sector turístico.
TODA NUEVA NORMA ECONÓMICA PASARÁ UN TEST DE PRODUCTIVIDAD.
«Acercarnos al nivel de vida de los países más prósperos de Europa exige una economía más productiva. Revisaremos la normativa que frene la productividad y eliminaremos las trabas que impidan a las empresas crecer, innova…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Establece la obligatoriedad de someter todo anteproyecto de ley o real decreto de carácter económico a un 'Test de Productividad' previo a su aprobación. Esta evaluación ex ante medirá de forma cuantitativa y pública el impacto de la norma sobre el empleo, la productividad total de los factores y la competitividad exterior, exigiendo una justificación expresa si el saldo resulta negativo, además de revisar el acervo regulatorio vigente para eliminar cargas.
A favor
La baja productividad es el principal talón de Aquiles de la economía española: según datos del Banco de España, el Consejo Nacional de Productividad y Eurostat, la productividad por hora trabajada y la Productividad Total de los Factores (PTF) en España llevan dos décadas prácticamente estancadas, lo que ha dejado el PIB per cápita español en paridad de poder adquisitivo en torno al 88%-89% de la media de la UE (por debajo del nivel relativo de principios de los años 2000). Asimismo, la CEOE y el IEE denuncian la hiperregulación, con cerca de 1.000 normas estatales y autonómicas aprobadas anualmente (más de un millón de páginas en los boletines oficiales).
En contra
En el ordenamiento jurídico español ya existen instrumentos formales de evaluación ex ante: la Memoria del Análisis de Impacto Normativo (MAIN, regulada por el RD 931/2017) y los mecanismos de la Ley 20/2013 de Garantía de la Unidad de Mercado, además de la reciente creación del Consejo Nacional de Productividad de España (2024) en cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de la UE. La experiencia administrativa demuestra que, sin dotación de personal técnico independiente o carácter vinculante de veto, estos tests se convierten a menudo en un trámite burocrático formulario más que retrasa la tramitación normativa sin mejorar su calidad real.
CRECER NO SERÁ UN CASTIGO PARA LAS PYMES.
«Hoy una pyme que crece se encuentra con más obligaciones, más controles y más costes justo cuando empieza a ganar tamaño, y por eso muchas prefieren no crecer. Una empresa no debe tener que elegir entre seguir siendo peq…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Aborda el problema de los 'umbrales regulatorios' (particularmente el escalón de los 50 trabajadores y el de 6 millones de euros de facturación) que imponen nuevas obligaciones fiscales, laborales y contables a las pymes cuando crecen. Propone revisar dichos umbrales nacionales, simplificar requisitos para empresas de hasta 250 empleados y establecer un periodo de gracia o carencia de cuatro años de crecimiento consolidado antes de exigir el cumplimiento de las nuevas obligaciones vinculadas al tamaño.
A favor
El tejido empresarial español padece un grave problema de 'enanismo empresarial': según el Directorio Central de Empresas (DIRCE-INE) y el Banco de España, el tamaño medio de la empresa en España es de 4,7 trabajadores (frente a los más de 10-12 de Alemania o Reino Unido), y el 99,8% son pymes. Estudios empíricos del Banco de España, Fedea y CEPYME demuestran un 'amontonamiento' estadístico (bunching) de empresas justo en los 48-49 trabajadores y justo por debajo de los 6 millones de euros de facturación, para evitar que al llegar a 50 empleados se activen de golpe más de una docena de obligaciones (comité de empresa en lugar de delegados, auditoría, planes de igualdad, canal de denuncias, cuota de reserva del 2%, suministros mensuales de IVA-SII, pagos fraccionados agravados).
En contra
Buena parte de los umbrales de 50 trabajadores y 250 trabajadores emanan directamente de Directivas de la Unión Europea (como la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa CSRD, la Directiva de Protección del Informante/Whistleblowing o las normas sobre información y consulta de los trabajadores), por lo que un Gobierno nacional tiene un margen legal limitado para eximir de su cumplimiento durante cuatro años sin incurrir en procedimientos de infracción comunitaria. Por su parte, los sindicatos (CCOO y UGT) rechazan relajar los umbrales de representación sindical, prevención de riesgos o igualdad laboral, argumentando que desprotegería a cientos de miles de trabajadores en medianas empresas.
LOS INVESTIGADORES QUE SE FUERON PODRÁN VOLVER Y LOS MEJORES QUERRÁN VENIR.
«Agilizaremos la incorporación de investigadores y el reconocimiento de sus trayectorias, con procesos abiertos y por mérito. La financiación pública de la I+D tendrá continuidad de un año a otro, y una parte dependerá de…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea un plan de atracción y retorno de talento científico y tecnológico basado en procesos de contratación abiertos y meritocráticos, la plurianualidad de los presupuestos públicos de I+D (evitando la pérdida de fondos no ejecutados al cierre del ejercicio) y la vinculación parcial de la financiación a resultados y transferencia de conocimiento. Como incentivo fiscal estrella, establece un tipo fijo del 20% en el IRPF durante seis años para investigadores y profesionales de alta cualificación que se trasladen a España para trabajar en grandes proyectos tecnológicos.
A favor
La inversión en I+D en España se sitúa en el 1,49% del PIB (INE, 2023), todavía muy lejos de la media de la Unión Europea (~2,24% del PIB) y de la OCDE (~2,7%), y lejos del objetivo del 2,12% fijado en la Ley de la Ciencia. Además, la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) y la CRUE han denunciado históricamente que las rigideces de la Ley General Presupuestaria y de la Intervención del Estado impiden arrastrar remanentes plurianuales con agilidad, mientras que España ocupa puestos rezagados (puesto 29 de 67 en el World Talent Ranking de IMD) en capacidad de atraer y retener talento STEM frente a países con regímenes fiscales impatriados más competitivos.
En contra
En España ya existe el Régimen Especial para Trabajadores Desplazados (conocido como 'Ley Beckham', art. 93 de la Ley del IRPF, reformado en 2023 por la Ley de Startups), que grava al 24% los primeros 600.000 euros durante seis años para profesionales cualificados, investigadores y nómadas digitales; rebajarlo adicionalmente al 20% supone un coste fiscal y agrava el agravio comparativo frente a los investigadores y tecnólogos españoles que nunca emigraron y soportan tipos marginales de hasta el 45%-47%. Asimismo, los sindicatos de personal investigador señalan que el freno al retorno científico no es tanto el IRPF como la precariedad salarial de entrada y la escasa oferta de plazas estables en el sector privado.
Fiscalidad, Impuestos y Hacienda Pública
IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, fiscalidad patrimonial, incentivos tributarios y lucha contra el fraude fiscal.
LAS RENTAS MEDIAS Y BAJAS, LAS FAMILIAS, LOS AUTÓNOMOS Y LOS JÓVENES PAGARÁN MENOS IRPF.
«Elevaremos los mínimos personales y familiares del IRPF y bajaremos el IRPF de las rentas medias y bajas y de las familias. Quien cobre el salario mínimo no pagará IRPF: por ley, el umbral subirá automáticamente cada vez…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone una rebaja del IRPF centrada en rentas medias y bajas, familias y autónomos mediante el incremento de los mínimos personales y familiares exentos y la reducción de los tipos en los primeros tramos de la escala. Establece además por ley la indexación automática del mínimo exento de tributación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), garantizando que cualquier subida futura del SMI quede automáticamente libre de retención y pago de IRPF.
A favor
Los mínimos personales y familiares estatales del IRPF (5.550 euros anuales el mínimo del contribuyente y 2.400 euros por el primer hijo) no se han actualizado de forma general desde la reforma fiscal de 2015, pese a que el IPC acumulado desde entonces supera el 23%-25% según el INE, lo que ha erosionado gravemente su valor real para las familias. Asimismo, el debate de 2025 sobre la tributación del SMI demostró que, al situarse el SMI en 16.576 euros anuales (y seguir subiendo), los perceptores solteros sin hijos empiezan a sufrir retenciones marginales elevadas salvo que se ajuste la reducción por rendimientos del trabajo.
En contra
Informes de Fedea, la AIReF y el Consejo de Economistas advierten que elevar continuamente el umbral exento del IRPF al ritmo de un SMI que ha subido más de un 54% desde 2018 estrecha peligrosamente la base imponible del principal impuesto del sistema tributario español (dejaría exentos a millones de declarantes) y genera el denominado 'error de salto' o tipos marginales efectivos superiores al 43%-50% en el tramo inmediatamente posterior (entre 16.500 y 21.000 euros). Cada ajuste de este tipo en la reducción por rendimientos del trabajo y mínimos familiares tiene un coste recaudatorio estimado de entre 1.500 y 3.500 millones de euros anuales.
EL ESTADO NO HARÁ CAJA CON LA INFLACIÓN A COSTA DE LAS FAMILIAS.
«La principal subida fiscal de los últimos años no se votó en ningún Parlamento: fue la decisión de no actualizar el IRPF mientras los precios crecían casi un 30%. Deflactaremos la tarifa y actualizaremos los principales…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea deflactar la tarifa estatal del IRPF y actualizar todos los umbrales, deducciones y parámetros monetarios del impuesto para corregir el efecto de la inflación acumulada en los últimos años. El objetivo es evitar la denominada 'progresividad en frío', por la cual las subidas salariales nominales destinadas a compensar el IPC empujan a los contribuyentes a tramos impositivos superiores aunque su poder adquisitivo real no haya aumentado.
A favor
Según estimaciones de la AIReF, el Banco de España y Fedea, la no deflactación de la tarifa estatal del IRPF durante el episodio inflacionario de 2021-2025 (en el que los precios acumularon un alza superior al 18%-20% y más del 25% desde 2019) ha generado una recaudación extra por 'progresividad en frío' de entre 11.000 y 15.000 millones de euros anuales. La recaudación por IRPF alcanzó un máximo histórico superior a los 120.000-129.000 millones de euros (Informes de Recaudación de la AEAT), elevando el tipo medio efectivo sobre los salarios del ~12,8% en 2019 a más del 14,7% actual.
En contra
El Fondo Monetario Internacional (FMI), la OCDE y el Banco de España han señalado que una deflactación lineal y automática de toda la tarifa del IRPF beneficia en términos absolutos (euros ahorrados) de forma desproporcionada a las rentas más altas, ya que al tratarse de un impuesto progresivo por escalones, quienes tributan en los tramos superiores acumulan el ahorro de todos los tramos inferiores. Además, revertir de golpe la inflación acumulada supondría una pérdida permanente de ingresos estructurales superior a los 10.000 millones de euros anuales, dificultando el cumplimiento de la senda de gasto neto comprometida en el Plan Fiscal Estructural con la Comisión Europea.
UN JOVEN NO PAGARÁ IRPF EN EL PRIMER AÑO Y PAGARÁ MUCHO MENOS EN LOS TRES SIGUIENTES.
«Reduciremos el IRPF de los trabajadores y autónomos de 18 a 35 años durante los cuatro primeros años en que paguen IRPF. La reducción será del 100% el primer año, del 75% el segundo, del 50% el tercero y del 25% el cuart…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Introduce una bonificación regresiva en la cuota del IRPF durante cuatro ejercicios fiscales para los jóvenes de entre 18 y 35 años que se incorporen al mercado laboral (por cuenta ajena o como autónomos). La deducción será del 100% del impuesto en el primer año en que obtengan rentas sujetas a IRPF, del 75% en el segundo, del 50% en el tercero y del 25% en el cuarto, aplicable desde la primera declaración tras la entrada en vigor de la norma.
A favor
Según el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España y datos de Eurostat, la edad media de emancipación en España se sitúa en los 30,4 años (frente a los 26,3 años de media de la UE), lastrada por salarios de entrada bajos y el encarecimiento de la vivienda. Medidas similares existen en países del entorno como Portugal (el programa IRS Jovem, ampliado recientemente para jóvenes de hasta 35 años con exenciones decrecientes del 100% al 25%) o Polonia (exención de IRPF para menores de 26 años), orientadas a frenar la fuga de talento joven y acelerar el ahorro inicial para emanciparse.
En contra
Estudios de evaluación fiscal (como los de Fedea e investigadores del IEB sobre el modelo portugués) advierten que eximir del IRPF por razón de edad hasta los 35 años sin un límite estricto de renta (o con límites altos) resulta regresivo: los jóvenes con empleos precarios o salarios inferiores al SMI ya pagan cero euros de IRPF, por lo que no reciben beneficio alguno, mientras que los jóvenes de rentas altas (directivos, profesionales de banca/consultoría o deportistas) obtienen un elevado ahorro fiscal. Asimismo, rompe la equidad horizontal (un trabajador de 36 años con cargas familiares y el mismo sueldo paga el 100% del impuesto) y puede trasladarse parcialmente a menores salarios brutos de entrada ofrecidos por las empresas.
Empleo, Autónomos y Relaciones Laborales
Mercado de trabajo, salarios, jornada laboral, negociación colectiva, emprendimiento y régimen de trabajadores autónomos.
LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL AMPLIARÁ LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJAR, Y CADA TRABAJADOR TENDRÁ UN CHEQUE PARA FORMARSE EN ELLA.
«La inteligencia artificial puede hacer más productivas a nuestras empresas, crear nuevas profesiones y mejorar muchos empleos, pero también provoca un temor comprensible entre quienes no saben cómo cambiará su trabajo. D…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Esta medida propone crear una cuenta o cheque individual de formación en inteligencia artificial y competencias digitales para cada trabajador, financiado con cargo a las cuotas de formación profesional que ya abonan empresas y asalariados. El derecho formativo será portable entre empresas si el trabajador cambia de empleo y tendrá dotaciones reforzadas para mayores de 45-50 años y sectores con alta exposición a la automatización. El objetivo es facilitar la recualificación laboral ante el impacto disruptivo de la IA sin elevar las cotizaciones sociales, concertando la transición con los agentes sociales.
A favor
Según estimaciones de la OCDE y del Banco de España, entre el 25% y el 30% de los empleos en España presentan una alta exposición a la inteligencia artificial generativa y la automatización. Al mismo tiempo, informes de la AIReF y del Tribunal de Cuentas sobre el sistema de formación para el empleo (FUNDAE) señalan que más de un tercio del crédito formativo anual (que recauda más de 2.400 millones de euros vía cuota de formación profesional del 0,7%) queda sin ejecutar por las pymes debido a rigideces burocráticas, y que España registra según Eurostat una participación en formación continua de adultos inferior a la media de los países nórdicos y centroeuropeos.
En contra
Experiencias comparadas en Europa —como el Compte Personnel de Formation (CPF) en Francia— han mostrado riesgos elevados de fraude, proliferación de cursos de baja calidad e inflación de precios por parte de proveedores privados, lo que obligó al Gobierno francés en 2024 a imponer un copago obligatorio de 100 euros por trabajador. Además, redirigir las cuotas actuales de formación hacia cheques individuales sin ampliar fondos podría restar recursos a los planes sectoriales de formación continua de las empresas y a las políticas activas de empleo destinadas a los cerca de 2,7 millones de desempleados (EPA).
DEJAREMOS EMPRENDER A QUIEN QUIERA EMPRENDER.
«Los nuevos autónomos no pagarán cuota a la Seguridad Social durante su primer año, ni durante el segundo si sus ingresos no llegan al salario mínimo. Y la vivienda habitual del autónomo quedará protegida por defecto, par…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea una exención del 100% de la cuota del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) durante los primeros 12 meses para nuevos dados de alta, prorrogable un segundo año completo si los rendimientos netos no superan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Adicionalmente, modifica el régimen de responsabilidad patrimonial para que la vivienda habitual del autónomo quede inembargable por defecto frente a deudas empresariales o tributarias, sin necesidad de constituirse formalmente como Emprendedor de Responsabilidad Limitada (ERL) en el Registro Mercantil.
A favor
España cuenta con unos 3,38 millones de afiliados al RETA, pero registra una elevada rotación: según datos de ATA y Seguridad Social, decenas de miles de autónomos causan baja anualmente por la carga de costes fijos al inicio de la actividad. Con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales vigente desde 2023, la tarifa plana estatal pasó a ser de 80 euros mensuales (frente a los 60 euros previos o cuotas cero autonómicas ya aplicadas en comunidades como Madrid, Andalucía o Galicia), y el mecanismo del Emprendedor de Responsabilidad Limitada (Ley Crea y Crece) apenas ha sido utilizado por unos pocos miles de autónomos debido a sus trámites registrales y notariales.
En contra
La AIReF, en su Evaluación del Gasto Público (Spending Review) sobre incentivos a la contratación y al autoempleo, concluyó que las tarifas planas de autónomos tienen un elevado coste presupuestario (más de 600-800 millones de euros anuales) y un alto efecto peso muerto, ya que la tasa de supervivencia de los beneficiarios cae drásticamente justo al finalizar el periodo bonificado (más del 50% abandona antes de los tres años). Asimismo, asociaciones bancarias (AEB, CECA) advierten que la inembargabilidad automática de la vivienda habitual sin publicidad registral previa puede restringir severamente el acceso al crédito bancario o encarecer los tipos de interés exigidos a los nuevos autónomos.
SI ERES AUTÓNOMO Y FACTURAS MENOS DE 85.000 EUROS, NO TENDRÁS QUE COBRAR NI DECLARAR EL IVA.
«Habrá reglas claras para deducir gastos, también los de vivienda y vehículo. Los autónomos podrán pasar de cuatro declaraciones trimestrales a dos semestrales en todos los impuestos sujetos a esa obligación. Quienes inic…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Introduce el régimen de franquicia del IVA para autónomos con facturación anual inferior a 85.000 euros, eximiéndoles de repercutir y liquidar el impuesto. Además, clarifica las deducciones de suministros de vivienda afecta y vehículo en el IRPF, reduce las declaraciones tributarias de trimestrales (4 al año) a semestrales (2 al año) —o una anual el primer ejercicio— y bonifica el 100% de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social durante un año por la contratación del primer asalariado y el 50% por el segundo.
A favor
España es uno de los últimos Estados miembros de la UE que aún no ha transpuesto plenamente el régimen de franquicia de IVA previsto en la Directiva (UE) 2020/285, que permite eximir de IVA a pequeños negocios que facturen hasta 85.000 euros anuales. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y CEPYME, el coste de cumplimiento fiscal para microempresas y autónomos españoles supera las 120 horas anuales, y la litigiosidad con la AEAT por la deducibilidad de vehículos y suministros del hogar es una de las principales causas de actas de inspección en estimación directa. Además, más del 80% de los autónomos persona física en España no tiene ningún asalariado a su cargo.
En contra
El Ministerio de Hacienda y la AEAT estiman que implantar el IVA franquiciado hasta 85.000 euros puede suponer una merma recaudatoria superior a los 1.500-2.000 millones de euros anuales y desincentivar el crecimiento por encima de ese umbral (efecto escalón), además de perjudicar a autónomos que invierten mucho al inicio o venden a otras empresas (B2B), ya que con franquicia no pueden deducirse el IVA soportado en sus compras. Por su parte, la AIReF ha reiterado que las bonificaciones generalizadas a la contratación sin requisitos estrictos de mantenimiento de plantilla generan baja adicionalidad neta y merman los ingresos contributivos de la Seguridad Social.
Pensiones, Bienestar Social, Igualdad y Reto Demográfico
Sistema público de pensiones, personas mayores, discapacidad, inclusión social, políticas de igualdad y despoblación.
MISMAS REGLAS, CUENTAS CLARAS Y NINGÚN PRIVILEGIO A CAMBIO DE APOYO POLÍTICO.
«Convocaremos la Conferencia de Presidentes al inicio de la legislatura para sentar las bases de un nuevo modelo de financiación autonómica, que se acordará de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financ…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Compromete convocar la Conferencia de Presidentes al inicio de la legislatura para pactar de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) un nuevo Sistema de Financiación Autonómica (SFA) que amplíe los recursos globales del sistema —especialmente para la sanidad—, respete la autonomía tributaria y la corresponsabilidad fiscal, y cuente con el análisis técnico de la AIReF. Mientras se aprueba la ley orgánica, creará un Fondo Transitorio de Nivelación sufragado por el Estado para compensar a las comunidades infrafinanciadas.
A favor
El vigente Sistema de Financiación Autonómica (Ley 22/2009) caducó en 2014 y acumula más de una década de retraso en su reforma, generando enormes brechas de financiación por habitante ajustado: según los informes anuales de FEDEA (Ángel de la Fuente, 2024) y de la AIReF, existen diferencias de más de 800 euros por habitante ajustado entre las comunidades mejor financiadas (Cantabria, La Rioja) y las cuatro comunidades sistemáticamente infrafinanciadas por debajo de la media (Comunidad Valenciana, Región de Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha). FEDEA estima que un Fondo Transitorio de Nivelación requeriría unos 3.300 millones de euros anuales del Estado para igualar a estas cuatro regiones a la media nacional.
En contra
La reforma del SFA ha estado bloqueada tanto bajo gobiernos del PP (que entre 2014 y 2018 no llegó a presentar un proyecto de ley pese a constituir la Comisión de Expertos en 2017) como del PSOE debido a que las propias Comunidades Autónomas —incluidas las gobernadas por el mismo partido— defienden criterios contrapuestos: mientras Andalucía, Valencia y Murcia exigen repartir por población ajustada pura, Galicia, Castilla y León, Aragón y Extremadura reclaman ponderar mucho más el envejecimiento, la dispersión geográfica y la superficie. Asimismo, aumentar los recursos para todas las autonomías sin que ninguna pierda ('statu quo') exige una inyección permanente del Estado de entre 12.000 y 16.000 millones de euros anuales, tensionando las reglas fiscales europeas.
NINGUNA COMUNIDAD SALDRÁ DEL SISTEMA COMÚN.
«Ninguna de las Comunidades que actualmente integran el régimen común saldrá de él ni habrá nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente al margen de este sistema. Lo que es de todos se decidirá entre todos, en l…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Establece como línea roja innegociable que ninguna de las 15 Comunidades Autónomas que integran el régimen común de financiación (LOFCA) podrá abandonarlo para dotarse de un concierto o cupo propio, rechazando frontalmente los pactos bilaterales de 'financiación singular'. Reafirma que la distribución de los recursos tributarios compartidos debe decidirse exclusivamente en los órganos multilaterales (CPFF y Cortes Generales).
A favor
El acuerdo suscrito en julio de 2024 entre el PSC y ERC para la investidura en la Generalitat de Cataluña contempla la salida de Cataluña del régimen común mediante una 'financiación singular' basada en la recaudación y gestión del 100% de los impuestos por la Agencia Tributaria de Cataluña y el pago de una cuota por servicios estatales más una aportación de solidaridad limitada por un 'principio de ordinalidad'. Según estimaciones de FEDEA (2024), de BBVA Research y de los Inspectores de Hacienda, la salida de Cataluña del régimen común restaría a la caja común entre 6.600 y 13.200 millones de euros netos anuales, haciendo inviable la nivelación de los servicios fundamentales (art. 158.1 CE) en las autonomías de menor renta per cápita.
En contra
El Tribunal Constitucional (STC 31/2010) confirmó que los únicos regímenes forales de Concierto y Convenio Económico amparados por la Disposición Adicional Primera de la Constitución son los del País Vasco y Navarra, por lo que una reforma de la LOFCA que vacíe la solidaridad interterritorial requiere mayoría absoluta del Congreso de los Diputados (donde cualquier grupo con mayoría puede revertirla o bloquearla). Por su parte, los defensores de una reforma asimétrica argumentan que Cataluña presenta un déficit fiscal estructural y que su Estatuto de Autonomía de 2006 (arts. 204-206) ya contempla comisiones bilaterales Estado-Generalitat en materia económico-financiera.
CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA RESPONDERÁ DE SU DEUDA.
«Cada Comunidad responderá de sus decisiones y de su deuda. Trabajaremos de forma multilateral, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y con las mismas reglas para todas, en una reestructuración de la deuda de las…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Rechaza las quitas o condonaciones discrecionales y bilaterales de deuda autonómica y plantea en su lugar un proceso multilateral de reestructuración de la deuda de las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera con reglas objetivas e iguales para todas. Propone retirar gradualmente los mecanismos extraordinarios de liquidez (FLA) para que las autonomías vuelvan a financiarse en los mercados bajo disciplina fiscal, reservando un marco especial solo para catástrofes (como la DANA de Valencia) o singularidades como Ceuta.
A favor
La deuda pública del subsector de Comunidades Autónomas supera los 330.000 millones de euros (en torno al 21,5% del PIB según el Banco de España), de los cuales más del 60% está en manos del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) y Facilidad Financiera. Organismos como la AIReF, FEDEA y las agencias de calificación crediticia han advertido de que una condonación discrecional de deuda (como la pactada con ERC para perdonar 15.000 millones de euros a Cataluña) genera un grave problema de 'riesgo moral' ('moral hazard'), premiando a las administraciones que más incumplieron los objetivos de déficit frente a las que aplicaron rigor presupuestario o ya acuden a los mercados (como Madrid, País Vasco o Navarra), sin reducir en un solo euro la deuda pública consolidada del Reino de España ante Bruselas.
En contra
Gran parte del sobreendeudamiento de comunidades como la Comunidad Valenciana (cuya deuda roza el 41% de su PIB regional), Región de Murcia (31%) o Castilla-La Mancha (30%) no procede de un gasto suntuario, sino de la infrafinanciación estructural del modelo de 2009: según estimaciones del IVIE y de FEDEA, más del 70% de la deuda histórica valenciana o murciana se explica por haber recibido cada año menos recursos por habitante ajustado que la media para financiar su sanidad y educación. Por ello, expertos en hacienda autonómica sostienen que una reestructuración o asunción parcial del tramo de deuda atribuible estrictamente a la infrafinanciación (y no al exceso de gasto) sí tendría justificación técnica de equidad.
Familia, Conciliación, Infancia y Juventud
Apoyo a las familias, permisos de crianza, conciliación corresponsable, protección a la infancia y emancipación juvenil.
LAS FAMILIAS TENDRÁN MÁS CONTROL SOBRE SU TIEMPO.
«Extenderemos el uso de los bancos de horas para que los trabajadores con hijos o con personas dependientes a su cargo puedan adaptar parte de su jornada a sus necesidades familiares, acumulando y recuperando horas dentro…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone generalizar a través de la negociación colectiva la figura de los 'bancos de horas' (bolsas de horas de trabajo flexible) para que los empleados con hijos menores o familiares dependientes a su cargo puedan acumular horas de trabajo y canjearlas por días libres o reducciones puntuales de jornada sin pérdida salarial. Asimismo, plantea impulsar los horarios flexibles de entrada y salida y el teletrabajo en todos aquellos puestos cuya naturaleza productiva lo permita.
A favor
Según la Encuesta de Condiciones de Trabajo y datos de Eurostat, España presenta una de las tasas más bajas de flexibilidad horaria de Europa Occidental (más del 65% de los asalariados tiene un horario rígido fijado unilateralmente por la empresa sin margen de entrada/salida), mientras que el porcentaje de ocupados que teletrabaja habitualmente u ocasionalmente en España cayó tras la pandemia hasta situarse en torno al 14%-15% (INE EPA), casi diez puntos por debajo de la media de la UE (~22%-24%). El modelo de 'cuenta de tiempo de trabajo' (*Arbeitszeitkonto*) está ampliamente implantado con éxito en Alemania y los países nórdicos, permitiendo conciliar urgencias familiares (enfermedades infantiles, vacaciones escolares) sin tener que acogerse a una reducción salarial de jornada del art. 37.6 ET.
En contra
El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores (la denominada 'jornada a la carta', ampliada por el Real Decreto-ley 5/2023) ya reconoce el derecho de los trabajadores con hijos menores de 12 años o familiares dependientes a solicitar la adaptación de la duración y distribución de la jornada y el teletrabajo. Los sindicatos (CCOO y UGT) advierten que los 'bancos de horas' no regulados estrictamente pueden convertirse en la práctica en una ampliación de la distribución irregular de la jornada a favor de la empresa (art. 34.2 ET) o en horas extraordinarias encubiertas no remuneradas, además de que más del 60% del empleo en España (hostelería, comercio, sanidad, industria, construcción) es presencial y no admite teletrabajo.
LA ESCUELA INFANTIL DE CERO A TRES AÑOS SERÁ GRATUITA.
«Acordaremos con las Comunidades Autónomas que el Estado financie la mitad del coste de cada plaza de cero a tres años, pública o concertada, y las Comunidades, la otra mitad. Al terminar la legislatura, la etapa será gra…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Se compromete a implantar la gratuidad universal de la educación infantil de primer ciclo (de 0 a 3 años) en toda España antes de finalizar la legislatura para todas las familias que lo soliciten. Para ello, propone un esquema de cofinanciación estable mediante convenio con las Comunidades Autónomas en el que el Estado aporte el 50% del coste de cada plaza escolar —tanto en escuelas públicas como en centros privados autorizados o concertados— y las Comunidades Autónomas financien el 50% restante.
A favor
La escolarización temprana de 0 a 3 años es señalada por la OCDE (informes PISA y *Starting Strong*), UNICEF y el premio Nobel James Heckman como la política pública con mayor retorno social para igualar oportunidades cognitivas desde la cuna y elevar la tasa de empleo femenino. En España, aunque la tasa neta de escolarización de 0 a 3 años ronda el 45%-48% (superior al objetivo de Barcelona de la UE), el coste medio en centros privados o municipales sin gratuidad oscila entre 300 y 500 euros mensuales por niño, lo que deja fuera al 74% de los niños de hogares del quintil más pobre según Save the Children; experiencias pioneras como la implantada por el PP en Galicia en 2022 (y extendida a La Rioja, Comunidad Valenciana, Castilla y León o Cantabria) han demostrado que financiar tanto plazas públicas como privadas/concertadas permite alcanzar la cobertura universal de inmediato sin esperar años a construir edificios municipales.
En contra
El coste presupuestario de financiar al 100% (50% Estado y 50% CCAA) la etapa 0-3 años —incluyendo comedor y horario ampliado— para los cerca de 950.000 niños de esa franja de edad se estima entre 2.500 y 3.800 millones de euros anuales adicionales una vez agotados los 670 millones de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Por su parte, los sindicatos de enseñanza pública (CCOO, UGT, STES) y plataformas de educación pública critican que subvencionar mediante bonos o conciertos a las guarderías privadas consolida una red mercantilizada con peores condiciones laborales para las educadoras infantiles, en lugar de ampliar la red de escuelas infantiles de titularidad y gestión 100% pública.
LAS FAMILIAS MONOPARENTALES TENDRÁN MÁS APOYO Y MENOS OBSTÁCULOS.
«Quienes sacan adelante una familia en solitario asumen cada día responsabilidades que en otros hogares se comparten. Las administraciones deben reconocer esa realidad y facilitarles la vida. Acordaremos con las Comunidad…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone aprobar un marco estatal que otorgue un reconocimiento jurídico y administrativo común a las familias monoparentales válido en todo el territorio nacional, eliminando las disparidades actuales entre Comunidades Autónomas. Contempla simplificar los trámites burocráticos para acceder a las ayudas y adaptar los permisos y medidas de conciliación laboral a la realidad de los hogares en los que un único progenitor asume en solitario el cuidado y sustento de los hijos.
A favor
Según la Encuesta Continua de Hogares y la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, en España existen casi 2 millones de hogares monoparentales (1,94 millones), de los cuales más del 81% están encabezados por una mujer (madres solas). Estos hogares sufren una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) del 52,7% (casi el doble que la media nacional del 26,5%), y carecen de un título estatal homologado (a diferencia de la Ley 40/2003 de Protección a las Familias Numerosas), dependiendo hoy de normativas autonómicas dispares. Además, el Tribunal Constitucional declaró en noviembre de 2024 (STC 140/2024) que no ampliar el permiso por nacimiento a las madres biológicas de familias monoparentales discrimina al recién nacido por razón de nacimiento (art. 14 y 39 CE), reconociendo el derecho a acumular hasta 26 semanas.
En contra
El desacuerdo político en torno a la regulación estatal de las familias monoparentales radica en el umbral para equipararlas a las familias numerosas: mientras la Federación de Asociaciones de Madres Solteras (FAMS) y los socios de izquierda reclaman que toda familia monoparental desde el primer hijo tenga los beneficios de familia numerosa, la Ley de Familias decaída y varias normativas autonómicas del PP han limitado dicha equiparación a las monoparentales con dos o más hijos (para no diluir los recursos de las familias de tres o más hijos). Asimismo, gran parte de las prestaciones y servicios sociales a los que da acceso el título son de competencia y financiación autonómica y municipal.
Sanidad Pública, Salud Mental y Dependencia
Atención primaria, listas de espera, personal sanitario, salud mental, cartera de servicios y atención a la dependencia.
REDUCIREMOS LAS LISTAS DE ESPERA Y ASEGURAREMOS LA FINANCIACIÓN SANITARIA.
«Impulsaremos un gran Pacto de Estado por la Sanidad Pública con las Comunidades Autónomas. El Estado ejercerá sus competencias de coordinación sanitaria para garantizar la cohesión del sistema y la igualdad de acceso a s…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Impulsa un Pacto de Estado por la Sanidad Pública junto a las Comunidades Autónomas para reforzar la cohesión territorial y la equidad en el acceso a las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS). Contempla un plan nacional urgente de choque contra las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas externas, respetando la gestión autonómica pero ejerciendo la alta inspección y coordinación estatal. Además, sitúa el gasto sanitario como eje central de la reforma del sistema de financiación autonómica para garantizar su suficiencia y sostenibilidad.
A favor
Según el Sistema de Información sobre Listas de Espera del Ministerio de Sanidad (SISLE-SNS), España ha registrado cifras récord con más de 840.000 pacientes aguardando una intervención quirúrgica no urgente, un tiempo medio de espera de entre 121 y 128 días, y más de un 20% de los pacientes esperando más de seis meses (además de casi 4 millones en espera para primera consulta con el especialista, con 94 días de demora media). Asimismo, el gasto sanitario público en España (~7,4% del PIB según el Ministerio de Sanidad y Eurostat) continúa por debajo de la media de la zona euro (~8,5-9% del PIB), mientras el envejecimiento demográfico incrementa el gasto farmacéutico y hospitalario.
En contra
La gestión directa de los hospitales, centros de salud, horarios quirúrgicos, conciertos con la sanidad privada y listas de espera está transferida al 100% a las Comunidades Autónomas desde 2002 (de las cuales el PP gobierna en la mayoría de ellas), por lo que el Ministerio de Sanidad carece de competencias ejecutivas directas para reducir las demoras. Además, la reforma del sistema de financiación autonómica (caducado desde 2014) ha fracasado en sucesivas legislaturas tanto con gobiernos del PP como del PSOE debido a los intereses contrapuestos entre CCAA afectadas por la despoblación y el envejecimiento (Castilla y León, Galicia, Aragón) y aquellas con fuerte crecimiento poblacional (Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares).
MEJORAREMOS LAS CONDICIONES DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS Y REFORZAREMOS LAS PLANTILLAS.
«Incorporaremos, en coordinación con las Comunidades Autónomas, más profesionales al Sistema Nacional de Salud —médicos, enfermeras y resto de profesionales sanitarios— para contar con las plantillas que se necesitan hoy…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea un plan de recursos humanos para el Sistema Nacional de Salud en coordinación con las CCAA que incorpore al menos 4.500 nuevos médicos de familia y pediatras en Atención Primaria, amplíe las plazas de Formación Sanitaria Especializada (MIR/EIR) y mejore las retribuciones y la conciliación. Propone reformar el Estatuto Marco para actualizar la clasificación profesional de acuerdo con el nivel MECES, crear una mesa o ámbito de negociación específico para los médicos y reducir progresivamente las guardias médicas de 24 horas.
A favor
Informes de la Organización Médica Colegial (OMC) y del propio Ministerio de Sanidad alertan de que cerca del 28-30% de los médicos de Atención Primaria en España tiene más de 60 años y se jubilará en los próximos 5 a 8 años, generando un déficit agudo de facultativos en medicina familiar y comunitaria. Además, las guardias obligatorias de 24 horas continuadas son objeto de reiteradas protestas sindicales (CESM) y cuestionamientos desde la normativa europea de tiempo de trabajo por su impacto en la fatiga clínica, la seguridad del paciente y la fuga de médicos jóvenes hacia la sanidad privada o el extranjero (más de 3.500 certificados de idoneidad expedidos anualmente por la OMC).
En contra
La contratación efectiva de 4.500 médicos en Atención Primaria y la retribución de las guardias dependen presupuestaria y orgánicamente de los servicios autonómicos de salud, y en las últimas convocatorias MIR han quedado vacantes cientos de plazas de Medicina de Familia antes de las repescas no por falta de oferta formativa (que ya supera las 11.600 plazas de FSE en total), sino por las precarias condiciones laborales y de sobrecarga asistencial en los centros de salud autonómicos. Asimismo, crear un ámbito de negociación exclusivo para médicos rompe el modelo de mesas sectoriales conjuntas del Estatuto Marco y cuenta con el rechazo frontal de los sindicatos de enfermería (SATSE) y centrales generales (CCOO, UGT, CSIF).
LOS PACIENTES TENDRÁN VOZ.
«Garantizaremos la participación de las organizaciones de pacientes en la elaboración y evaluación de las políticas sanitarias. Aseguraremos la igualdad en el acceso a la prevención, al diagnóstico, a la atención y a los…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Institucionaliza la participación de las asociaciones de pacientes en el diseño y evaluación de las políticas del Sistema Nacional de Salud y garantiza la equidad interterritorial en el acceso a diagnósticos y terapias innovadoras. Propone reforzar la coordinación sociosanitaria para enfermos crónicos y ampliar la protección laboral de pacientes con enfermedades graves u oncológicas, facilitando la adaptación del puesto de trabajo y la reincorporación progresiva o flexible tras el alta médica.
A favor
Según la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), en España se diagnostican cerca de 286.000 nuevos casos de cáncer al año, de los cuales alrededor del 37% corresponde a personas en edad laboral activa; un estudio de la AECC estima que el 28% de los pacientes oncológicos ha perdido o tenido que abandonar su empleo tras el diagnóstico, y que la rigidez actual de la Seguridad Social (que obliga a elegir entre incapacidad temporal al 100% o alta médica completa sin permitir altas parciales o progresivas) dificulta la reincorporación laboral. Por su parte, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) reclama desde hace años un estatuto legal de participación en el Consejo Interterritorial del SNS.
En contra
La regulación de las altas médicas progresivas o flexibles en el sistema de Seguridad Social ha generado recelos entre los sindicatos mayoritarios, que temen que pueda utilizarse por las mutuas o empresas para presionar la reincorporación prematura de trabajadores aún convalecientes. Además, la coordinación sociosanitaria efectiva choca en España con la fragmentación competencial entre las consejerías de Sanidad, las de Servicios Sociales y las entidades locales.
Educación, Formación Profesional y Universidad
Enseñanza obligatoria y postobligatoria, becas, profesorado, Formación Profesional y sistema universitario.
NINGÚN ALUMNO SE QUEDARÁ ATRÁS: TODOS SALDRÁN DE PRIMARIA LEYENDO Y CALCULANDO BIEN.
«Acordaremos con docentes, inspectores, expertos y familias un nuevo marco educativo que sustituya a la LOMLOE. Detectaremos a tiempo las dificultades de lectura y cálculo y cada alumno que las tenga recibirá refuerzo esp…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea sustituir la actual ley educativa (LOMLOE, aprobada en 2020) por un nuevo marco normativo consensuado con la comunidad educativa, priorizando las competencias instrumentales básicas en Educación Primaria. Establece mecanismos de detección precoz de rezago en comprensión lectora y cálculo matemático para aplicar refuerzos obligatorios e individualizados dentro del horario lectivo ordinario en el mismo curso. Asimismo, prevé dotar de planes específicos de mejora y recursos adicionales a los centros educativos con mayor vulnerabilidad o peores indicadores de rendimiento.
A favor
En el informe PISA 2022 de la OCDE, España registró su peor resultado histórico en matemáticas (473 puntos, 8 menos que en 2018) y cayó en lectura a 474 puntos, situándose por debajo del promedio de la UE; además, el estudio PIRLS 2021 reflejó un retroceso de 7 puntos en comprensión lectora en 4.º de Primaria (521 puntos). Según la OCDE, cerca del 27% del alumnado español no alcanza el nivel básico de competencia en matemáticas al finalizar la etapa obligatoria, problema que se gesta en los primeros cursos de Primaria.
En contra
España ha aprobado ocho leyes orgánicas de educación en etapa democrática (desde la LOECE de 1980 hasta la LOMLOE de 2020), lo que según informes de la OCDE y el Consejo Escolar del Estado genera fatiga normativa e inseguridad jurídica en los claustros sin un pacto de Estado bipartidista. Además, la contratación de docentes de apoyo, los desdobles y la dotación de recursos a centros vulnerables son competencias ejecutivas transferidas a las Comunidades Autónomas —la mayoría gobernadas por el PP—, y la propia LOMLOE ya contempla programas de refuerzo (como el programa PROA+ financiado con fondos europeos).
SER PROFESOR SERÁ UNA CARRERA DE PRESTIGIO, CON AUTORIDAD EN EL AULA.
«Prestigiaremos la profesión docente, exigiremos una nota mínima para acceder al grado de Magisterio, ofreceremos incentivos para atraer a los mejores a materias como matemáticas, física o tecnología y a los centros más d…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone una reforma integral del acceso y ejercicio de la función docente mediante el establecimiento de una nota de corte mínima nacional para ingresar en los grados universitarios de Magisterio y el diseño de un estatuto y carrera profesional con evaluación e incentivos. Contempla complementos e incentivos específicos para atraer titulados a especialidades deficitarias (STEM: matemáticas, física, informática y tecnología) y a centros de especial dificultad. Además, busca profesionalizar la dirección escolar, reducir las tareas administrativas del profesorado y garantizar asistencia jurídica institucional ante agresiones en el ejercicio de sus funciones.
A favor
Informes del Ministerio de Educación y sindicatos como ANPE o CSIF alertan de un déficit estructural de profesores en Secundaria y FP en ramas de Matemáticas, Física e Informática, donde hasta un 15-20% de las plazas de oposición han llegado a quedar desiertas en varias CCAA por falta de candidatos o por no superar las pruebas. Asimismo, el Defensor del Profesor de ANPE registró más de 2.000 actuaciones anuales por conflictos, acoso o agresiones de alumnos y familias a docentes, mientras que el informe TALIS de la OCDE señala que en España apenas el 14% de los profesores considera que su profesión está valorada socialmente.
En contra
El Estatuto Básico del Docente lleva pendiente de aprobación desde la LOGSE (1990) y la LOE (2006) debido a las resistencias sindicales frente a los modelos de evaluación del desempeño vinculados a retribuciones y a las fricciones competenciales entre el Ministerio y las CCAA, que son quienes gestionan las nóminas y plantillas. Por otro lado, según datos del SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria), las notas de corte en Magisterio en muchas universidades públicas ya superan los 8 o 9 puntos sobre 14, concentrándose las notas de admisión bajas (5 puntos) principalmente en universidades privadas y centros adscritos.
LOS PADRES ELEGIRÁN COLEGIO, Y NINGÚN CONCIERTO EDUCATIVO SE ELIMINARÁ DONDE HAYA DEMANDA SUFICIENTE.
«La demanda de las familias volverá a contar para programar las plazas, y se podrá elegir centro en todo el municipio de residencia, con criterios públicos. Los conciertos durarán al menos seis años en todas las etapas, c…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Reforma el régimen de admisión de alumnos y de conciertos educativos para revertir las restricciones introducidas por la LOMLOE, restableciendo la 'demanda social' de las familias como criterio rector en la planificación de plazas escolares. Garantiza la zona única de escolarización en todo el municipio de residencia y blinda la duración mínima de los conciertos educativos en al menos seis años en todas las etapas. Asimismo, se compromete a actualizar los módulos económicos de los conciertos para cubrir el coste real del puesto escolar y asegurar la gratuidad efectiva sin cobro de cuotas a las familias.
A favor
La enseñanza concertada escolariza en España al 25,2% del alumnado no universitario (más de 2,1 millones de alumnos según la Estadística de las Enseñanzas no Universitarias del Ministerio de Educación). Patronales del sector como Escuelas Católicas y CECE, así como estudios de EsadeEcPol, señalan que la infrafinanciación del módulo público de concierto cubre solo entre el 65% y el 75% del coste real de mantenimiento y personal complementario, lo que genera un déficit estructural por puesto escolar respecto al coste de una plaza pública (que supera los 7.000 euros anuales de media frente a ~3.500-4.000 euros en la concertada).
En contra
Informes de la OCDE y de Save the Children advierten de que España presenta uno de los índices más altos de segregación escolar socioeconómica de Europa en Primaria y Secundaria, y que las zonas únicas de escolarización combinadas con el cobro de cuotas 'voluntarias' (que según la OCU abonan cerca del 85% de las familias en centros concertados, con importes de entre 50 y más de 200 euros mensuales) actúan como barrera de entrada para rentas bajas. Además, en un contexto de caída demográfica —España ha perdido más de 400.000 alumnos en Infantil y Primaria en la última década según el INE—, blindar plazas concertadas por seis años puede obligar a cerrar aulas públicas con capacidad ociosa.
Energía, Transición Ecológica y Medio Ambiente
Mix energético, energías renovables, redes eléctricas, descarbonización, biodiversidad y gestión de residuos.
ELIMINAREMOS EL CALENDARIO DE CIERRE DE ALMARAZ, ASCÓ, VANDELLÓS, COFRENTES Y TRILLO.
«En los primeros cien días de Gobierno tramitaremos la extensión de su vida útil con el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear, garantizando la seguridad de las instalaciones. Reformularemos con realismo el Plan Nac…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Se compromete a revocar en los primeros 100 días de gobierno el calendario de cierre escalonado de los siete reactores nucleares españoles (Almaraz I y II, Ascó I y II, Vandellós II, Cofrentes y Trillo) previsto entre 2027 y 2035, tramitando la prórroga de su vida útil condicionada al dictamen técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Propone revisar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) bajo el principio de neutralidad tecnológica, integrar a España en los programas europeos de reactores modulares pequeños (SMR) y facilitar contratos bilaterales de electricidad a largo plazo (PPA) para la industria.
A favor
Según datos de Red Eléctrica de España (REE), el parque nuclear español (con 7.117 MW de potencia instalada, apenas el 5,7% del total) genera de forma constante alrededor del 20% de toda la electricidad consumida en España (~54.000 GWh anuales), operando más de 7.500 horas equivalentes al año como carga base firme y aportando más del 25% de la electricidad libre de emisiones de CO2 del país. Informes del Colegio de Ingenieros Industriales, Fedea y PwC advierten de que cerrar los reactores entre 2027 (empezando por Almaraz I) y 2035 sin disponer aún de suficiente almacenamiento masivo aumentará el uso de ciclos combinados de gas natural, elevará las emisiones y encarecerá el precio mayorista eléctrico industrial.
En contra
El calendario de cierre 2027-2035 no fue una imposición unilateral, sino un protocolo firmado en marzo de 2019 entre la empresa pública ENRESA y las propias compañías eléctricas propietarias de las centrales (Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP). Prolongar la operación más allá de los 40 años exige fuertes inversiones de actualización técnica y resolver el problema de los residuos radiactivos tras descartarse el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (sustituido en el 7.º Plan General de Residuos Radiactivos por siete almacenes individuales descentralizados y el incremento del 30% en la 'tasa Enresa'). Además, la alta penetración solar y eólica en España (más del 56% del mix según REE) provoca cada vez más horas con precios cero o negativos en el mercado mayorista OMIE, reduciendo la rentabilidad económica de las nucleares, que carecen de flexibilidad para parar y arrancar diariamente.
REDUCIREMOS LA CARGA FISCAL DEL RECIBO DE LA LUZ Y CREAREMOS UNA TARIFA SOCIAL ÚNICA.
«Eliminaremos de inmediato el impuesto del 7% a la producción eléctrica y reduciremos la carga fiscal del recibo. Aplicaremos un plan de choque para abaratar los servicios que ajustan la producción al consumo y mantienen…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone suprimir de forma inmediata el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE, del 7%) y reducir la fiscalidad del recibo eléctrico, además de aplicar un plan de choque para abaratar los servicios de ajuste del sistema eléctrico. Unifica los actuales Bono Social Eléctrico y Bono Social Térmico en una 'Tarifa Social Única' compatible con el mercado libre y de tramitación simplificada, aprueba un Estatuto del Consumidor Energético con contratos estandarizados para luz, gas y agua, e implanta indemnizaciones automáticas sin necesidad de reclamación ante cortes de suministro.
A favor
El impuesto del 7% a la generación eléctrica (creado en 2012) recauda más de 1.500 millones de euros anuales que los productores trasladan directamente al precio mayorista (marginalista), encareciendo la factura final de hogares e industrias y restando competitividad a la generación española frente a la francesa o portuguesa en el mercado ibérico (MIBEL). Asimismo, según datos de REE y la CNMC, el coste de los servicios de ajuste y restricciones técnicas del sistema eléctrico se ha disparado desde los ~2-3 €/MWh históricos hasta superar los 11-15 €/MWh en los últimos ejercicios. Por otro lado, informes de EsadeEcPol y la CNMC revelan que el Bono Social Eléctrico actual solo llega a cerca del 30-35% de los hogares potencialmente vulnerables debido a sus barreras burocráticas y a la exigencia de estar acogido a la tarifa regulada PVPC.
En contra
La eliminación permanente del IVPEE del 7% (cuya recaudación está legalmente afectada a cubrir cargos del sistema eléctrico, como la retribución a las renovables históricas cogeneración y residuos, RECORE) generaría un agujero anual de entre 1.500 y 2.000 millones de euros que habría que compensar o bien subiendo los cargos regulados de la propia factura eléctrica o bien con transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado. Paradójicamente, dicho impuesto del 7% fue creado en 2012 (Ley 15/2012) por el propio Gobierno del Partido Popular para atajar el déficit de tarifa.
DESBLOQUEAREMOS EL ACCESO A LA RED ELÉCTRICA.
«Prepararemos la red antes de que haga falta, con una planificación que se adapte a las nuevas necesidades. Anticiparemos la capacidad eléctrica necesaria en zonas industriales, logísticas y tecnológicas, y para viviendas…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea reformar la planificación de la red de transporte y distribución eléctrica para que sea anticipatoria respecto a la demanda y no reactiva, ejecutando un plan de choque de 18 meses para desbloquear los permisos de acceso y conexión de nuevos proyectos industriales, centros de datos, logística y desarrollos residenciales. Prevé auditar y revocar los derechos de capacidad de red acaparados por proyectos especulativos o inviables, elevar los límites de inversión en redes e impulsar las interconexiones eléctricas transfronterizas con Europa.
A favor
La patronal de las eléctricas (Aelec), la CNMC y asociaciones de centros de datos (SpainDC) e industriales denuncian un grave cuello de botella en los nudos de acceso para demanda: según datos del sector, más del 80% de las solicitudes de conexión a la red de distribución para nueva industria, electrificación y centros de datos han sido rechazadas en los últimos años por saturación de subestaciones, poniendo en riesgo inversiones multimillonarias. Además, la inversión anual en redes eléctricas en España está topada legalmente en el 0,065% del PIB para transporte y el 0,13% del PIB para distribución, topes que la CNMC y Eurelectric consideran insuficientes para absorber los objetivos del PNIEC.
En contra
Elevar los topes legales de inversión en redes de transporte (Red Eléctrica) y distribución (grandes eléctricas) y construir infraestructuras de forma anticipatoria antes de que se materialice la demanda conlleva un riesgo regulatorio directo: como las redes son una actividad regulada con rentabilidad garantizada en el BOE, la sobrecapacidad o las inversiones ociosas se repercuten directamente en los peajes de acceso que pagan todos los consumidores en su factura eléctrica. Respecto a las interconexiones con Europa (España sigue en torno al 3-5% de ratio de interconexión frente al objetivo europeo del 10-15%), el freno principal no depende del Gobierno español, sino de las reticencias históricas del regulador y del Ejecutivo francés a atravesar los Pirineos.
Sector Primario, Agua y Medio Rural
Agricultura, ganadería, pesca, cadena alimentaria, PAC, planificación hidrológica y desarrollo rural.
UN PACTO NACIONAL PARA EL CAMPO, EL MAR Y EL MONTE.
«El Pacto abarcará la agricultura, la ganadería, la pesca, los montes y sus cadenas de valor, se acordará con sus protagonistas y con las administraciones y contará con el respaldo del Congreso. Declarará estratégicas las…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone impulsar un Pacto de Estado para el Campo, el Mar y el Monte, refrendado por el Congreso de los Diputados y acordado con las organizaciones profesionales agrarias, cofradías pesqueras y Comunidades Autónomas. El pacto declarará sectores estratégicos a las cadenas agroalimentaria, mar-industria y forestal, dotándolas de presupuestos plurianuales estables al margen del ciclo político e incorporando formalmente la variable de 'coste de ruralidad' y dispersión geográfica en el nuevo sistema de financiación autonómica.
A favor
El sistema agroalimentario y pesquero ampliado aporta en torno al 9%-10% del PIB español, genera más de 2,5 millones de empleos y sostiene una balanza comercial con un superávit superior a los 15.000-18.000 millones de euros anuales (Informe Anual de Indicadores del MAPA y Cajamar). Asimismo, las Comunidades Autónomas con mayor dispersión y envejecimiento (como Castilla y León, Galicia, Aragón, Castilla-La Mancha o Extremadura) vienen reclamando con aval de estudios de Fedea y del IVIE que el modelo de financiación autonómica (caducado desde 2014) infrafinancia el sobrecoste real de prestar sanidad, educación y servicios sociales en el medio rural disperso.
En contra
Lograr un Pacto de Estado agroalimentario y reformar el sistema de financiación autonómica tropieza con intereses territoriales contrapuestos dentro de los propios grandes partidos: mientras las CCAA del interior exigen primar la superficie, la dispersión y el envejecimiento (variables de ruralidad), las CCAA mediterráneas y más pobladas (muchas gobernadas también por el PP, como Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid o Baleares) exigen primar la población ajustada real. Además, cerca del 80% de la regulación y financiación agraria y pesquera depende directamente de la Política Agraria Común (PAC) y la Política Pesquera Común (PPC) decididas en Bruselas, no del Congreso español.
VIVIR EN EL MEDIO RURAL TENDRÁ FUTURO.
«Bajaremos los impuestos a quienes viven, invierten y producen en el medio rural. Los jóvenes no pagarán impuestos por adquirir su vivienda habitual en municipios despoblados. Permitiremos repartir entre varios años, a ef…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea un paquete de incentivos fiscales y regulatorios contra la despoblación rural: exención total de impuestos (Transmisiones Patrimoniales/AJD) para jóvenes que compren su vivienda habitual en municipios en riesgo de despoblación, rebajas fiscales a residentes y empresas rurales, y la posibilidad de promediar o periodificar durante varios ejercicios fiscales los ingresos extraordinarios de cosechas, talas de madera o campañas pesqueras (creando reservas de estabilización libres de impuestos en años buenos para cubrir años malos). Incluye activar un 'Mecanismo Rural de Garantía' (rural proofing) obligatorio para toda nueva ley.
A favor
Según datos del INE y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el 84% de los municipios españoles (más de 6.800 de los 8.131 existentes) son rurales y en ellos apenas reside el 15,8% de la población, concentrada en el 16% del territorio restante, situando a España entre los países de la UE con mayor porcentaje de 'desiertos demográficos' (<12,5 hab/km²). Además, las rentas agrarias, forestales y pesqueras sufren una volatilidad extrema por sequías, plagas o ciclos biológicos (el turno de corta forestal puede durar de 15 a 40 años), por lo que tributar en un solo año por toda la venta en la escala progresiva del IRPF penaliza injustamente al productor (sistema que países como Francia, Alemania o Australia corrigen mediante reservas de nivelación fiscal).
En contra
La mayor parte de las Comunidades Autónomas ya aplica tipos superreducidos o bonificaciones del 80% al 100% en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP, tributo cedido a las CCAA) para jóvenes que compran vivienda en pequeños municipios, así como deducciones autonómicas por despoblación en el IRPF, sin que ello haya logrado revertir la pérdida demográfica. Estudios del Banco de España sobre la España rural concluyen que los incentivos fiscales tienen una eficacia marginal si no van acompañados de transporte público, banda ancha, colegios, centros de salud y empleo cualificado en las cabeceras de comarca.
MANTENDREMOS LA FINANCIACIÓN DE LA PAC, LA PESCA Y EL PROGRAMA POSEI DE APOYO A LAS REGIONES ULTRAPERIFÉRICAS EN EL NUEVO MARCO FINANCIERO PLURIANUAL 20282034.
«Serán políticas propias y sin recortes. Los nuevos planes nacionales se diseñarán con las Comunidades Autónomas y el sector para asegurar agilidad en los pagos y competitividad a agricultores, ganaderos, pescadores y com…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Se compromete a defender en las negociaciones del Consejo Europeo para el próximo Marco Financiero Plurianual de la UE (2028-2034) el mantenimiento íntegro del presupuesto de la Política Agraria Común (PAC), del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y del programa POSEI para las regiones ultraperiféricas (Canarias), preservándolos como políticas comunitarias diferenciadas sin recortes ni absorción en un fondo único, y rediseñando el Plan Estratégico Nacional junto a las CCAA para simplificar el cobro de ayudas.
A favor
España es el segundo o tercer mayor perceptor de fondos de la PAC de la Unión Europea (tras Francia), recibiendo cerca de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas y desarrollo rural (unos 34.000 millones en el periodo 2023-2027 para unos 620.000 beneficiarios según el FEGA), que representan de media entre el 25% y el 30% de la Renta Agraria nacional. En el caso de Canarias, la dotación del programa POSEI (~268 millones de euros anuales) lleva congelada desde 2007 pese a un incremento acumulado de costes de transporte e insumos superior al 35%, según reclaman Asaga y el Gobierno canario.
En contra
El presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 se negocia por unanimidad de los 27 Estados miembros de la UE, no por decisión unilateral de España, y afronta enormes presiones financieras: la UE debe empezar a devolver la deuda de los fondos Next Generation EU (unos 25.000-30.000 millones anuales), financiar el rearme y la defensa común europea y preparar una eventual ampliación hacia Ucrania (gran potencia agrícola). Los países contribuyentes netos del norte de Europa y los borradores preliminares de la Comisión Europea apuntan a fusionar fondos en planes nacionales por reformas, lo que hace muy difícil garantizar en un programa electoral nacional que no habrá ajustes en la PAC.
Infraestructuras, Transporte, Movilidad y Conectividad
Red ferroviaria, cercanías, carreteras, puertos, aeropuertos, transporte público y telecomunicaciones.
EL MANTENIMIENTO Y LA SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS TENDRÁN PRIORIDAD EN LOS PRESUPUESTOS.
«Daremos prioridad al mantenimiento de las infraestructuras que deben unir a personas y territorios con seguridad, calidad y puntualidad. Evaluaremos la eficiencia de las inversiones y su contribución a la vertebración te…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
La medida plantea reorientar la política presupuestaria de obra pública para priorizar la conservación, seguridad y puntualidad de las infraestructuras existentes frente a la inauguración de obra nueva sin mantenimiento garantizado. Prevé realizar una auditoría integral del estado de las redes de transporte y evaluar la rentabilidad socioeconómica y de vertebración territorial de cada inversión. Asimismo, busca establecer planes de choque inmediatos para corregir los cuellos de botella y deterioros acumulados en los últimos ejercicios.
A favor
Según la Asociación Española de la Carretera (AEC) y SEOPAN, el déficit acumulado de inversión en conservación de la red viaria supera los 11.400 millones de euros, y en el ámbito ferroviario ADIF registra más de un millar de Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) por estado de la infraestructura. Informes de la AIReF (Spending Review sobre infraestructuras de transporte) han señalado reiteradamente que España ha priorizado históricamente la construcción de obra nueva sobre el mantenimiento y la evaluación ex-ante de rentabilidad social.
En contra
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha incrementado el presupuesto de conservación de carreteras hasta superar los 1.500 millones de euros anuales (casi el doble que en 2017-2018) y ha ejecutado volúmenes récord de inversión en red convencional y renovación ferroviaria gracias a los fondos NextGenerationEU. Además, reorientar recursos hacia el mantenimiento sin aumentar el techo de gasto o establecer sistemas de pago por uso choca con las reglas fiscales europeas de estabilidad presupuestaria.
PARA ELLO, PONDREMOS EN MARCHA EL MAYOR PLAN DE INFRAESTRUCTURAS EN DÉCADAS: MÁS DE 300.000 MILLONES DE EUROS.
«La calidad de vida de los ciudadanos depende directamente de la calidad de nuestras infraestructuras. Son clave para la vertebración del territorio, para las relaciones sociales y para la competitividad económica. Por el…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone aprobar un Plan Nacional de Infraestructuras con un horizonte de 15 años que movilice más de 300.000 millones de euros mediante esquemas de colaboración público-privada (CPP) e inversión presupuestaria directa. Este volumen inversor se destinaría a modernizar y ampliar autovías, redes de Alta Velocidad, Cercanías, infraestructuras hidráulicas y redes de transporte y almacenamiento energético. El objetivo es cerrar la brecha de inversión respecto a la media de la eurozona y reforzar la competitividad logística e industrial del país.
A favor
Informes de SEOPAN y del Instituto de Estudios Económicos (IEE) estiman que España arrastra un déficit inversor en infraestructuras estratégicas de entre 250.000 y 304.000 millones de euros para cumplir los objetivos de transporte, agua y transición energética. La inversión pública en infraestructuras en España cayó desde el 5,2% del PIB en 2009 hasta el entorno del 1,5%-2,2% del PIB en la última década, situándose por debajo de las necesidades de reposición del capital fijo según la Fundación BBVA-Ivie.
En contra
Movilizar 300.000 millones en 15 años equivale a unos 20.000 millones anuales adicionales, lo que plantea importantes riesgos fiscales y de endeudamiento encubierto si las concesiones público-privadas computan en déficit según criterios de Eurostat (SEC-2010). La experiencia histórica en España con megaplanes de infraestructuras (como el PEIT 2005-2020 o las autopistas radiales quebradas y rescatadas por la SEITT con un coste potencial superior a 2.000 millones) advierte del riesgo de sobredimensionamiento y sobrecostes.
INVERTIREMOS ESPECIALMENTE EN LA RED FERROVIARIA Y MEJORAREMOS LA ATENCIÓN A LOS VIAJEROS.
«Analizaremos las más de 1.000 limitaciones temporales de velocidad y cuantificaremos las inversiones necesarias para abordarlas, estableciendo prioridades a corto y medio plazo. Aprobaremos un plan de atención urgente a…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
La propuesta se centra en la red ferroviaria mediante una auditoría técnica y financiera de las más de 1.000 Limitaciones Temporales de Velocidad (LTV) vigentes en la red de ADIF para programar su supresión a corto y medio plazo. Paralelamente, introduce la aprobación de un protocolo obligatorio de atención urgente al pasajero cuando se produzcan detenciones prolongadas de trenes en vía. Con ello se pretende atajar el deterioro operativo del servicio ferroviario y proteger los derechos de los usuarios ante incidencias graves.
A favor
Datos técnicos de ADIF y sindicatos ferroviarios (SEMAF) confirman la existencia de entre 900 y 1.100 Limitaciones Temporales de Velocidad activas en la red ferroviaria española, que alargan los tiempos de viaje y degradan la regularidad del tráfico. Durante 2023 y 2024 se multiplicaron los episodios de trenes detenidos sin climatización ni suministro eléctrico en corredores como Madrid-Andalucía, Madrid-Extremadura o Chamartín-Levante, generando miles de reclamaciones ante el Ministerio y las asociaciones de consumidores (FACUA, OCU).
En contra
Desde ADIF se argumenta que gran parte de las Limitaciones Temporales de Velocidad se deben precisamente al volumen histórico de obras simultáneas de renovación de vía (como la renovación integral de la LAV Madrid-Sevilla tras 30 años en servicio o la transformación de Chamartín y Atocha) y que son una medida estándar de seguridad ferroviaria. Eliminarlas de golpe sin concluir las fases de asentamiento de balasto o sustitución de desvíos podría comprometer los protocolos técnicos de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).
Administración Pública, Gestión Presupuestaria y Simplificación
Función pública, digitalización administrativa, evaluación de políticas públicas y simplificación normativa.
EN CIEN DÍAS, LOS ESPAÑOLES LO SABRÁN TODO.
«Realizaremos una auditoría de todo el gasto que se ha hecho estos años y del funcionamiento de la Administración, de los organismos y de las empresas del Estado. Explicaremos en qué se ha gastado cada euro, para qué ha s…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea realizar en los primeros 100 días de gobierno una auditoría integral del gasto público ejecutado en los últimos años, abarcando ministerios, organismos autónomos y empresas públicas estatales. El mecanismo contempla revisar contratos públicos, ayudas y subvenciones para denunciar posibles fraudes y suprimir o corregir las partidas ineficientes, vinculando directamente los resultados de la auditoría a la elaboración del primer proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
A favor
El gasto público en España alcanzó el 45,4% del PIB (más de 680.000 millones de euros) y la AIReF ha señalado reiteradamente en sus revisiones de gasto (Spending Reviews) que cerca de 14.000 millones anuales en subvenciones carecen de evaluación sistemática de impacto. Asimismo, el Tribunal de Cuentas y la IGAE han advertido sobre el uso intensivo de procedimientos de emergencia y fragmentación contractual durante y después de la pandemia, además de retrasos en la ejecución y trazabilidad real de los fondos europeos Next Generation EU.
En contra
España ya dispone de órganos fiscalizadores permanentes con plenas competencias legales y técnicas, como la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Tribunal de Cuentas y la propia AIReF, por lo que auditar todo el sector público estatal en apenas 100 días resulta materialmente inviable sin duplicar costes o contratar consultoras externas. Además, gran parte del gasto público (más del 50% entre sanidad, educación y servicios sociales) está descentralizado en las Comunidades Autónomas, quedando fuera del alcance directo de una auditoría sobre la Administración General del Estado.
LOS SERVICIOS PÚBLICOS Y LAS INFRAESTRUCTURAS ESENCIALES IRÁN PRIMERO.
«Tenemos grandes proyectos para España, pero no vamos a prometer que todo puede hacerse a la vez. Daremos prioridad a recuperar la calidad de los servicios públicos y a garantizar la seguridad y el mantenimiento de las re…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Establece una reordenación de las prioridades presupuestarias del Estado para anteponer el mantenimiento y la seguridad de las infraestructuras críticas (transporte, agua, energía y telecomunicaciones) y la calidad de los servicios públicos frente a la inauguración de nuevas grandes obras. Condiciona cualquier nueva inversión pública a la disponibilidad real de recursos financieros y a su retorno en términos de empleo y crecimiento económico.
A favor
La Asociación Española de la Carretera (AEC) estima el déficit acumulado de conservación de la red viaria española en más de 11.400 millones de euros, con más del 50% del firme en estado deficiente. En el ámbito ferroviario, informes de la CNMC y de Adif reflejan un incremento sustancial de las incidencias operativas en Cercanías y alta velocidad debido al desgaste de activos y al desfase entre la inversión en obra nueva y el presupuesto destinado a mantenimiento preventivo. Asimismo, las pérdidas en redes de distribución de agua superan el 15-20% en numerosos municipios según datos del INE.
En contra
La inversión pública bruta en España se sitúa en torno al 2,8% del PIB según Eurostat, por debajo de la media de la Unión Europea (~3,5% del PIB), lo que indica que el país también arrastra un déficit de nuevas infraestructuras estratégicas (corredores ferroviarios de mercancías como el Atlántico y el Mediterráneo, interconexiones eléctricas y desaladoras). Paralizar o posponer obra nueva puede lastrar la competitividad logística a largo plazo y frenar la absorción de fondos estructurales europeos vinculados a nuevos proyectos de transición energética y digital.
REDUCIREMOS LA ESTRUCTURA POLÍTICA.
«Habrá menos ministerios, altos cargos y asesores. Fusionaremos organismos con funciones duplicadas, eliminando estructuras y gastos administrativos innecesarios. Cerraremos los organismos que hayan perdido su finalidad,…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone adelgazar la estructura política del Ejecutivo reduciendo el número de ministerios, secretarías de Estado, altos cargos y personal eventual (asesores), así como fusionar o extinguir organismos públicos duplicados o que hayan cumplido su fin temporal. Introduce una cláusula de caducidad ('sunset clause') para cualquier nueva agencia o fundación estatal —cuya prórroga exigirá votación en las Cortes—, profesionaliza por mérito el nombramiento de directivos en empresas públicas y plantea privatizar participaciones estatales sin interés estratégico.
A favor
El Gobierno de España cuenta con 22 ministerios, la cifra más elevada de la democracia reciente junto a la anterior legislatura, superando los 13-14 ministerios habituales en etapas previas y registrando cifras récord de más de 800 altos cargos y más de 1.200 asesores eventuales según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, con un coste salarial superior a los 130 millones de euros anuales. La OCDE y el Consejo de Europa (GRECO) recomiendan limitar la discrecionalidad en el nombramiento de asesores y profesionalizar la alta dirección de empresas públicas como SEPI, Renfe, Correos o Paradores.
En contra
El ahorro presupuestario directo derivado de suprimir ministerios y asesores es simbólico en términos macroeconómicos, ya que representa menos del 0,03% del Presupuesto General del Estado; además, las direcciones generales y subdirecciones técnicas suelen mantenerse aunque se agrupen bajo menos carteras, generando costes transitorios de reorganización administrativa. Por otro lado, la venta de participaciones empresariales del Estado choca con la tendencia europea actual de reforzar la presencia pública en sectores estratégicos (defensa, telecomunicaciones, energía) para proteger la autonomía estratégica nacional.
Justicia, Seguridad Ciudadana y Derechos Civiles
Administración de justicia, medios judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad, legislación penal y garantías procesales.
EL CRIMEN ORGANIZADO NO CAMPARÁ A SUS ANCHAS EN NINGÚN TERRITORIO DE ESPAÑA.
«Reforzaremos las unidades contra el crimen organizado, con una unidad central permanente en la frontera sur. Renovaremos y mejoraremos la calidad de la flota marítima y aumentaremos el número de helicópteros de patrulla…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Despliega una estrategia integral contra el narcotráfico y el crimen organizado centrada en el Estrecho y el litoral andaluz, creando una unidad central permanente en la frontera sur, declarando el litoral andaluz 'Zona de Especial Singularidad' con incentivos salariales y de plantilla, y dotando a las FCSE de patrulleras renovadas, helicópteros nocturnos, drones, georradar para túneles y escáneres de contenedores en los grandes puertos (Algeciras, Valencia, Barcelona y Vigo). Complementa el refuerzo policial y procesal (decomiso económico) con un plan socioeconómico a 10 años de empleo, formación y vivienda en las comarcas afectadas.
A favor
La muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate en febrero de 2024 evidenció la precariedad de medios navales del Servicio Marítimo de la Guardia Civil tras la disolución del órgano de coordinación OCON-Sur en 2022. Según las memorias de la Fiscalía Antidroga y el Informe Europeo sobre Drogas (EUDA), los puertos de Valencia, Algeciras y Barcelona figuran entre las principales puertas de entrada de cocaína y hachís en Europa (con incautaciones récord que superan las 100 toneladas anuales de cocaína en España), mientras que en comarcas como el Campo de Gibraltar el paro juvenil supera el 40%, facilitando la captación de menores y jóvenes por los clanes.
En contra
El Gobierno ya puso en marcha desde 2018 el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar (ampliado a seis provincias andaluzas con más de 38 millones de euros anuales de inversión en medios y complementos retributivos), logrando más de 20.000 detenciones e incautaciones históricas según el Ministerio del Interior. Los sindicatos policiales y criminólogos advierten que el problema del narcotráfico no se resuelve sólo con más medios policiales locales si no se reforma la planta judicial de la zona (juzgados mixtos colapsados en La Línea, Barbate o Sanlúcar) y si la presión policial en Cádiz simplemente desplaza las rutas hacia el Guadalquivir, Huelva, Almería o Portugal.
LA MULTIRREINCIDENCIA TENDRÁ UNA RESPUESTA PENAL MÁS RÁPIDA Y EFICAZ.
«Impediremos que nadie haga del hurto y la ocupación un modo de vida. Impulsaremos los juicios rápidos, facilitaremos la tramitación conjunta de delitos leves relacionados y mejoraremos el acceso policial a los antecedent…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea reformar la legislación penal y procesal para atajar la multirreincidencia en hurtos y ocupaciones ilegales de inmuebles, agilizando la celebración de juicios rápidos, permitiendo la acumulación y tramitación conjunta de delitos leves conexos y eliminando las trabas técnicas y legales que dificultan a la Policía consultar en tiempo real los antecedentes de delitos leves de los detenidos.
A favor
Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, en España se denuncian cerca de 650.000 a 700.000 hurtos al año (casi el 30% de todas las infracciones penales). Aunque la Ley Orgánica 9/2022 reformó el art. 234.2 del Código Penal para castigar con prisión de 6 a 18 meses la multirreincidencia en hurtos leves cuando el acumulado supere los 400 euros, el Tribunal Supremo (STS 481/2024) y las fiscalías provinciales han señalado que la reforma resulta inaplicable en la práctica porque el Registro Central de Delincuentes (SIRAJ) no computa fácilmente las cuantías exactas de condenas previas por delitos leves y los juzgados tardan entre 8 y 18 meses en señalar juicios de delitos leves, impidiendo que existan tres sentencias firmes previas no canceladas.
En contra
Pese a la alarma mediática, España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de la Unión Europea (alrededor de 50 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, muy por debajo de Suecia, Francia, Reino Unido o Bélgica según Eurostat) y las denuncias por allanamiento y usurpación de vivienda ('okupación') cayeron o se estabilizaron en torno a 15.200-16.000 anuales en todo el país (el 0,06% del parque total de 26 millones de viviendas, siendo más del 95% usurpaciones de inmuebles vacíos de bancos o fondos, no de primeras o segundas residencias). Además, endurecer las penas de prisión por pequeños hurtos sin reforzar la plantilla de juzgados de guardia colapsa aún más los establecimientos penitenciarios y la jurisdicción penal.
ENDURECEREMOS LA RESPUESTA FRENTE A DISTURBIOS VIOLENTOS Y ORGANIZADOS.
«Manifestarse es un derecho; sembrar el caos, participar en disturbios violentos y atacar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es un delito. Reformaremos el delito de desórdenes públicos para ampliar las conductas castiga…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone endurecer el delito de desórdenes públicos en el Código Penal para incrementar las penas por participar en disturbios violentos organizados que atenten contra personas, agentes de la autoridad o bienes públicos y privados. Asimismo, refuerza la cobertura legal de las actuaciones policiales preventivas ante indicios objetivos de violencia organizada, regulando expresamente la incautación anticipada de objetos peligrosos, la identificación de encapuchados y la disolución de concentraciones violentas.
A favor
La reforma del delito de desórdenes públicos operada por la Ley Orgánica 14/2022 rebajó la pena mínima de la modalidad agravada de 3 años a 1 año de prisión en determinados supuestos, lo que permite la suspensión de la entrada efectiva en prisión para condenados sin antecedentes (art. 80 CP). Sindicatos policiales reportan un incremento sostenido de los delitos de atentado contra agentes de la autoridad (más de 16.000 infracciones anuales según estadísticas del Ministerio del Interior, un 30% más que hace una década) y cuantiosos daños al mobiliario urbano y comercios durante disturbios organizados.
En contra
Organismos internacionales como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica y Amnistía Internacional han advertido reiteradamente sobre el riesgo de que tipos penales de desórdenes públicos excesivamente amplios y facultades policiales preventivas basadas en 'indicios' subjetivos generen un efecto disuasorio ('chilling effect') sobre el derecho fundamental de reunión y manifestación pacífica (art. 21 CE). La Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana ya otorga amplias facultades de identificación y requisa preventiva de objetos peligrosos.
Política Migratoria, Fronteras, Integración y Nacionalidad
Gestión de flujos migratorios, asilo, acogida, integración sociolaboral, fronteras y acceso a la nacionalidad.
HABRÁ UNA AUTORIDAD ÚNICA PARA TODA LA POLÍTICA MIGRATORIA.
«Una autoridad única dirigirá la entrada, la permanencia, el retorno y la integración, y coordinará a los departamentos implicados y al resto de administraciones. Publicaremos cada año un informe sobre el efecto de la inm…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Unifica bajo una Autoridad Única toda la dirección y coordinación de la política migratoria del Estado —abarcando control de entradas, permisos de residencia, retornos e integración—, superando la actual dispersión de competencias entre varios ministerios y administraciones territoriales. Establece además la obligación legal de publicar un informe oficial anual sobre el impacto demográfico, laboral, salarial, habitacional, asistencial y en las cuentas de la Seguridad Social de los flujos migratorios.
A favor
Actualmente, las competencias migratorias en España están fragmentadas entre al menos cuatro ministerios: Interior (control de fronteras, CIE y Oficina de Asilo y Refugio), Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (reglamento de extranjería, acogida humanitaria y centros de atención), Exteriores (visados consulares y acuerdos bilaterales) y Juventud e Infancia / Comunidades Autónomas (menores no acompañados), lo que genera cuellos de botella crónicos y descoordinación en crisis como la de Canarias o Ceuta. Países europeos y de la OCDE han creado figuras de mando único o comisionados interministeriales, y la falta de informes oficiales integrales (como los que elaboran la Oficina Presupuestaria de Países Bajos o Dinamarca) alimenta la desinformación en el debate público sobre el saldo fiscal neto de la inmigración.
En contra
Crear una nueva 'Autoridad Única' supraministerial puede chocar con la estructura departamental de la Ley del Gobierno y añadir un escalón burocrático adicional si no se integran orgánicamente cuerpos funcionariales muy dispares (Policía Nacional y Guardia Civil, diplomáticos en consulados, inspectores de trabajo y trabajadores sociales de acogida), cuyas funciones responden a lógicas jurídicas distintas (seguridad nacional frente a gestión laboral y protección internacional). Además, el Banco de España, la AIReF y el Ministerio de Inclusión ya publican periódicamente estadísticas detalladas de afiliación de extranjeros a la Seguridad Social (más de 2,9 millones de cotizantes, el 13,8% del total) e informes sobre su aportación al PIB.
LA FRONTERA SUR TENDRÁ MÁS AGENTES Y EL APOYO DE LAS FUERZAS ARMADAS.
«Reforzaremos efectivos, vigilancia e infraestructuras en las fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias. Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, el Estrecho y las zonas donde existe mayor presión migratoria, incluidos…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Refuerza el control de las fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias en las zonas de mayor presión migratoria (Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla, Estrecho y grandes aeropuertos) mediante el despliegue permanente de más efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, presencia estable de la agencia europea Frontex y cooperación con Europol. Reforma la Ley de Extranjería para dar cobertura legal expresa al rechazo en frontera de quienes entren a nado bordeando los espigones de Ceuta y Melilla, moderniza el perímetro con sensores, cámaras térmicas, drones y patrulleras oceánicas, y regula el apoyo logístico y de vigilancia de las Fuerzas Armadas cuando lo requiera la seguridad nacional.
A favor
España registró en 2024 más de 63.970 entradas irregulares (un récord histórico en la ruta atlántica hacia Canarias con casi 47.000 llegadas en cayuco según el Ministerio del Interior y un repunte superior al 100% en la ruta argelina hacia Baleares). Pese a que el Tribunal Constitucional (STC 172/2020) y el TEDH (caso N.D. y N.T. contra España) avalaron la figura del 'rechazo en frontera' en las vallas terrestres de Ceuta y Melilla (Disposición Adicional Décima de la LO 4/2000), existe un vacío legal e interpretativo sobre las entradas a nado alrededor de los espigones del Tarajal y Benzú, lo que provoca inseguridad jurídica e imputaciones penales a los guardias civiles que intervienen en el agua. Asimismo, España no ha solicitado el despliegue completo de contingentes operativos de Frontex en Canarias por discrepancias sobre la cadena de mando.
En contra
El Derecho Internacional del Mar (Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar y Convenio SOLAS de Salvamento Marítimo) y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obligan taxativamente a prestar auxilio y desembarcar en puerto seguro a cualquier persona en peligro de ahogamiento en el mar territorial, prohibiendo las devoluciones en caliente marítimas sin identificación previa ni evaluación de no devolución ('non-refoulement'). Respecto al empleo de las Fuerzas Armadas en el control migratorio, el derecho internacional de los derechos humanos y la doctrina militar española desaconsejan utilizar unidades de combate para funciones de orden público y policía fronteriza ante civiles desarmados.
QUIENES ENTREN IRREGULARMENTE POR LA FRONTERA SERÁN IDENTIFICADOS EN UN MÁXIMO DE SIETE DÍAS Y LAS DEVOLUCIONES SE PRODUCIRÁN SIN DEMORA.
«En un máximo de una semana, comprobaremos la identidad de quienes sean interceptados al cruzar ilegalmente nuestras fronteras y si suponen un riesgo para la seguridad. Tras estos controles, tramitaremos con rapidez las s…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Establece un plazo máximo de siete días desde la interceptación en frontera para completar la identificación biométrica y documental de los inmigrantes que accedan irregularmente y verificar si representan una amenaza para la seguridad nacional. Una vez concluido este control previo ('screening'), se activará de forma inmediata el procedimiento acelerado fronterizo de asilo o la orden de devolución, aplicando los mecanismos europeos de crisis para reducir al mínimo los trámites de retorno en situaciones de emergencia migratoria.
A favor
La medida transpone y aplica directamente el nuevo Reglamento (UE) 2024/1356 de Triaje ('Screening Regulation') del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, aprobado en mayo de 2024, que obliga a todos los Estados miembros a realizar controles de identidad, salud, seguridad y toma de huellas en Eurodac en un plazo máximo de 7 días en las fronteras exteriores. Actualmente, debido a la saturación policial y a la falta de instalaciones adecuadas de primera acogida (CATE), miles de personas interceptadas son puestas en libertad a las 72 horas sin haber completado su plena filiación con los consulados de origen ni cruzado antecedentes con bases de datos internacionales.
En contra
El límite constitucional de la detención preventiva policial en España es de 72 horas (artículo 17.2 de la Constitución Española), por lo que retener o privar de libertad deambulatoria a una persona durante 7 días sin orden judicial individualizada de ingreso en un CIE puede ser declarado inconstitucional si se configura como una detención gubernativa encubierta. Además, completar la verificación real de identidad y nacionalidad en 7 días resulta materialmente imposible cuando el migrante carece de pasaporte y los consulados de países de origen del África subsahariana tardan meses en responder o se niegan a reconocer a sus nacionales.
Calidad Democrática, Instituciones y Transparencia
Reforma institucional, sistema electoral, separación de poderes, transparencia pública y prevención de la corrupción.
REFORZAREMOS EL CONTROL DEL VOTO POR CORREO EN TODO SU RECORRIDO.
«Garantizaremos el ejercicio efectivo y seguro del derecho al voto por correo. La Administración electoral reforzará el control y la supervisión de la recepción, custodia y entrega de los votos por parte de Correos. Refor…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar el régimen del voto por correo regulado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para reforzar la trazabilidad, custodia e identificación personal tanto en la solicitud como en la entrega del sufragio en las oficinas de Correos. La medida busca generalizar y blindar por ley la exigencia del DNI presencial que la Junta Electoral Central (JEC) tuvo que imponer de forma extraordinaria en 2023, manteniendo además un sistema digitalizado de seguimiento del sobre electoral.
A favor
En las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 se instruyeron investigaciones judiciales por presuntas tramas de compra de votos por correo en municipios como Melilla (donde el voto por correo alcanzó el 21% del censo, casi diez veces la media nacional del 2,8%) y Mojácar, lo que obligó a la JEC (Instrucción 5/2023) a exigir la identificación personal con DNI al depositar el voto. En las generales del 23J de 2023 se batió el récord histórico con 2.471.930 votos por correo emitidos (el 94,2% de las solicitudes según Correos e INE), evidenciando el peso estructural de esta modalidad.
En contra
Los informes de la Junta Electoral Central y de observadores de la OSCE/ODIHR avalan que el sistema electoral español y el servicio de Correos operan con altísimos estándares de integridad y que las incidencias de mayo de 2023 fueron fraudes localizados en la fase de solicitud mediante poderes notariales o coacción, no fallos en la custodia postal. Endurecer excesivamente los trámites para personas dependientes o residentes en el extranjero (voto CERA, tras la derogación del voto rogado en 2022) podría reducir la participación electoral de colectivos con movilidad reducida.
LOS CONDENADOS POR TERRORISMO NO TENDRÁN CABIDA EN LAS INSTITUCIONES.
«Ampliaremos las incompatibilidades e inelegibilidades aplicables a los condenados por terrorismo, así como a los condenados por corrupción grave, delitos contra la vida o delitos graves contra las instituciones del Estad…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea modificar el artículo 6 de la LOREG y la legislación sobre altos cargos para ampliar las causas de inelegibilidad e incompatibilidad a los condenados por terrorismo (incluso cuando hayan extinguido su pena o sin exigir condena firme en ciertos supuestos de rebeldía), corrupción grave, delitos contra la vida o contra las instituciones del Estado. Asimismo, introduce una cláusula específica para impedir que prófugos de la Justicia declarados en rebeldía puedan concurrir en listas electorales o asumir el acta parlamentaria.
A favor
En las elecciones municipales de mayo de 2023, EH Bildu incluyó en sus listas a 44 personas condenadas en el pasado por pertenencia o colaboración con ETA (7 de ellas con delitos de sangre), según denunció COVITE, lo que generó un intenso debate ético aunque contaban con las penas cumplidas. Además, la anomalía de candidatos declarados en rebeldía por el Tribunal Supremo (como Carles Puigdemont desde 2017) que concurren a elecciones europeas, autonómicas o generales sin comparecer ante la jurisdicción española carece de regulación expresa en la LOREG vigente.
En contra
El artículo 23 de la Constitución Española consagra el derecho fundamental de participación política y acceso a cargos públicos, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 45/1983 y 151/1999) y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso Hirst c. Reino Unido) establece que la privación del sufragio pasivo una vez extinguida la responsabilidad penal e inhabilitación vulnera el principio de reinserción social (art. 25.2 CE) y la prohibición de penas perpetuas. Asimismo, privar del derecho de sufragio pasivo a procesados en rebeldía sin sentencia condenatoria firme choca con la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).
LAS DECISIONES DE LA JUNTA ELECTORAL SE HARÁN CUMPLIR.
«Reforzaremos la Junta Electoral Central con medios propios y estables, y capacidad efectiva para hacer cumplir sus acuerdos durante la campaña.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Busca dotar a la Junta Electoral Central (JEC) de una estructura administrativa permanente, presupuesto propio y potestades coercitivas reforzadas para garantizar el cumplimiento inmediato de sus resoluciones durante los periodos electorales. Con ello se pretende evitar que los miembros del Gobierno o autoridades públicas utilicen ruedas de prensa institucionales con fines electoralistas asumiendo multas simbólicas sin consecuencias reales.
A favor
Durante las campañas electorales de 2019, 2023 y 2024, la JEC abrió numerosos expedientes sancionadores a miembros del Ejecutivo central y autonómicos por vulnerar el principio de neutralidad institucional (art. 50.2 LOREG) desde el Palacio de la Moncloa o sedes oficiales. Sin embargo, las multas previstas en el artículo 153 de la LOREG oscilan entre 300 y 3.000 euros, cuantías que la propia doctrina constitucional y administrativa considera meramente simbólicas e incapaces de disuadir el uso partidista de recursos públicos.
En contra
La JEC ya es un órgano permanente desde la LOREG de 1985 (art. 8.1), con sede en el Congreso de los Diputados y dotación material sufragada por las Cortes Generales, lo que garantiza su independencia respecto del Poder Ejecutivo. Crear una estructura burocrática propia duplicaría gastos administrativos en periodos no electorales, y otorgarle poderes ejecutivos más allá de la multa o la deducción de testimonio penal podría desnaturalizar su carácter de administración electoral arbitral.
Organización Territorial, Autogobierno y Financiación Autonómica
Modelo territorial, competencias autonómicas y forales, financiación territorial, insularidad y ciudades autónomas.
RECUPERAREMOS LA NORMALIDAD EN CEUTA Y ASEGURAREMOS SU FUTURO.
«Resolver la crisis de Ceuta será una prioridad desde el primer Consejo de Ministros. Procederemos a las devoluciones de quienes entraron ilegalmente y no tengan derecho a permanecer en España. Fortaleceremos físicamente…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Sitúa la gestión fronteriza y socioeconómica de Ceuta como prioridad inmediata del Consejo de Ministros, planteando la devolución de inmigrantes en situación irregular, el refuerzo físico del perímetro fronterizo y la exigencia diplomática a Marruecos para activar las readmisiones. Paralelamente, aprueba un Plan de Reactivación para la ciudad autónoma que incluye ampliación de la plantilla del hospital público, construcción de vivienda, nuevas infraestructuras para Policía Nacional y Guardia Civil y el desarrollo de una base militar única.
A favor
Ceuta (con apenas 18,5 km² y unos 83.000 habitantes) soporta una de las mayores presiones migratorias de la UE: según el Ministerio del Interior, las entradas irregulares por vía terrestre y marítima (a nado) han superado las 2.500-3.500 anuales, y sus centros de acogida de menores extranjeros no acompañados han llegado a superar en más de un 400% su capacidad máxima (atendiendo a más de 500 menores para menos de 130 plazas). En el plano socioeconómico, Ceuta registra una tasa de paro cercana al 25-28% (más del doble de la media nacional según la EPA del INE) y una aguda escasez de médicos especialistas en el INGESA.
En contra
La ejecución de devoluciones inmediatas y las readmisiones por parte de Marruecos dependen de acuerdos bilaterales y de la voluntad soberana de Rabat, que históricamente condiciona la cooperación migratoria a contrapartidas geopolíticas y comerciales, además de estar estrictamente limitadas por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y del Tribunal Supremo español sobre prohibición de expulsiones colectivas sin asistencia letrada e individualizada. Asimismo, el proyecto de concentrar los acuartelamientos ceutíes en una base militar única ya fue iniciado por el Ministerio de Defensa pero requiere largos plazos de ejecución de obra e inversión plurianual.
DEFENDEREMOS LA ESPAÑOLIDAD DE CEUTA Y MELILLA CON RESPALDO Y RECURSOS.
«Aprobaremos un nuevo modelo de financiación para ambas ciudades, blindando su marco fiscal e inversor y las bonificaciones en las cotizaciones de las actividades esenciales. Fortaleceremos los servicios estatales y sus p…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone aprobar un nuevo modelo de financiación específico para Ceuta y Melilla que blinde por ley su régimen económico y fiscal especial (IPSI, deducciones en IRPF y Sociedades) y las bonificaciones del 50% en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Contempla además reforzar las plantillas estatales (sanidad del INGESA, educación y seguridad), aprobar una ley estatal de suelo y urbanismo adaptada a su escasez territorial e impulsar su ingreso con voz propia en el Comité Europeo de las Regiones.
A favor
La economía de Ceuta y Melilla sufrió un shock estructural tras el cierre unilateral de la aduana comercial de Melilla por Marruecos en 2018 y el fin del comercio atípico en 2020, situando a ambas ciudades a la cabeza del desempleo juvenil en la UE (por encima del 50% según Eurostat). La reforma del sistema de bonificaciones a la Seguridad Social aprobada en 2023 (Real Decreto-ley 1/2023) sustituyó la bonificación porcentual del 50% por una cuantía fija vinculada a formación, lo que fue unánimemente rechazado por las patronales y sindicatos locales por encarecer los costes laborales y restar atractivo inversor, obligando posteriormente a su suspensión temporal.
En contra
Ceuta y Melilla ya disfrutan del régimen fiscal más ventajoso de España (con una deducción del 60% en la cuota del IRPF y del 50% en Sociedades, exención de IVA sustituido por el IPSI y transferencias específicas del Estado), pese a lo cual sus indicadores de renta per cápita y empleo privado siguen estancados, lo que sugiere que las bonificaciones generalizadas sin condicionalidad productiva no logran por sí solas diversificar el tejido productivo. Respecto al Comité Europeo de las Regiones, España tiene asignados 21 puestos por los Tratados de la UE (repartidos entre las 17 CC.AA. y 4 para la FEMP), por lo que dar asiento propio a Ceuta y Melilla exige reducir la representación municipal o reformar el reparto europeo.
AUDITAREMOS DÓNDE HA DESAPARECIDO LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y RESTABLECEREMOS SU PRESENCIA.
«En los primeros seis meses revisaremos oficinas, plantillas e instalaciones por Comunidad Autónoma, provincia, isla y ciudad autónoma, y con ese diagnóstico aprobaremos un Plan Nacional de Presencia del Estado con recurs…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Ordena realizar en seis meses una auditoría territorializada (por CC.AA., provincias, islas y ciudades autónomas) sobre el estado de las oficinas, plantillas e instalaciones de la Administración General del Estado para aprobar un Plan Nacional de Presencia del Estado. Prioriza cubrir vacantes, rehabilitar cuarteles y comisarías e incentivar económicamente los destinos de difícil cobertura, con énfasis expreso en revertir el repliegue estatal en el País Vasco, Navarra y Cataluña.
A favor
Informes de sindicatos policiales (JUPOL, SUP), asociaciones de la Guardia Civil (AUGC, JUCIL) y de funcionarios de la AGE (CSIF) documentan que en Cataluña, País Vasco, Navarra, Baleares o Canarias las plantillas de la AGE, Seguridad Social, SEPE, AEAT y Fuerzas de Seguridad del Estado presentan tasas de vacantes de entre el 15% y el 35% debido al alto coste de la vida, la barrera lingüística o la presión social, provocando una rotación constante en cada concurso de traslados. En zonas rurales ('España vaciada'), el cierre progresivo de oficinas de la Seguridad Social y cuarteles de la Guardia Civil ha alejado los servicios estatales básicos a más de 30-45 minutos por carretera.
En contra
La menor presencia de efectivos de la Administración General del Estado en comunidades como el País Vasco, Navarra o Cataluña responde en gran medida al diseño constitucional y estatutario del Estado autonómico, dado que estas comunidades tienen transferidas competencias integrales (policías autonómicas como Ertzaintza, Policía Foral y Mossos d'Esquadra, prisiones, tráfico, haciendas forales). Incrementar plantillas e infraestructuras estatales allí donde la competencia material ya es ejercida por la administración autonómica puede generar duplicidades de gasto público e ineficiencia organizativa.
Cultura, Lenguas, Deporte y Memoria
Políticas culturales, industrias creativas, lenguas oficiales, fomento del deporte, patrimonio y políticas de memoria.
EL CASTELLANO VOLVERÁ A SER LA LENGUA COMÚN DE TRABAJO EN EL CONGRESO.
«Propondremos la reforma del Reglamento de la Cámara para que los debates parlamentarios se desarrollen en la lengua común de todos los españoles. Del mismo modo, el castellano será la lengua de trabajo en los órganos de…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar el Reglamento del Congreso de los Diputados para revertir la reforma de septiembre de 2023 y restablecer el castellano como única lengua común de trabajo en los debates de la Cámara Baja, así como en los órganos multilaterales de máximo nivel entre el Estado y las Comunidades Autónomas (Conferencia de Presidentes y Conferencias Sectoriales). Mantiene el uso de las lenguas cooficiales en el Senado (por su naturaleza de cámara de representación territorial) y su protección en sus respectivas Comunidades Autónomas.
A favor
Conforme al artículo 3.1 de la Constitución Española y a las encuestas del CIS e INE, el castellano es la única lengua oficial del Estado que el 100% de los diputados y ciudadanos conocen y comparten sin necesidad de intermediación técnica. La implantación de la interpretación simultánea en el Congreso en 2023 supuso un gasto directo en traductores, auriculares y equipos audiovisuales de cientos de miles de euros por sesión, siendo una anomalía en el derecho parlamentario comparado (donde parlamentos de Estados compuestos como Alemania o Italia utilizan la lengua común federal/nacional).
En contra
El artículo 3.3 de la Constitución establece que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección, y más del 40% de la población española reside en Comunidades Autónomas con lengua cooficial (Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares y Navarra). El Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la reforma del Reglamento del Congreso de 2023 basándose en la autonomía parlamentaria (art. 72 CE), y en parlamentos plurilingües como el suizo o el canadiense sí se emplean varias lenguas oficiales con traducción simultánea.
LOS SÍMBOLOS DE ESPAÑA SERÁN RESPETADOS EN TODO EL TERRITORIO.
«Llevaremos a cabo una reforma legal que rehabilite y proteja los símbolos del Estado, incluidos los de las Comunidades Autónomas.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea una reforma legislativa para reforzar la protección jurídica e institucional de los símbolos oficiales del Estado (la bandera nacional, el escudo y el himno, así como la Corona) y los de las Comunidades Autónomas en todo el territorio nacional. Busca corregir los incumplimientos de la Ley de Banderas de 1981 por parte de ayuntamientos e instituciones autonómicas y cerrar resquicios legales ante el ultraje o la exclusión de los símbolos constitucionales en edificios y actos públicos.
A favor
Asociaciones cívicas como Impulso Ciudadano y los informes de las Delegaciones del Gobierno han documentado que centenares de ayuntamientos en Cataluña y el País Vasco incumplen sistemáticamente la Ley 39/1981 (que obliga a que la bandera de España ondee en el exterior e interior de todos los edificios públicos junto a la autonómica), obligando a largos recursos contencioso-administrativos. Además, el artículo 543 del Código Penal (delito de ultrajes a España y sus símbolos) ha sido cuestionado o inaplicado en diversas ocasiones, generando debates sobre su eficacia.
En contra
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en sentencias como los casos *Stern Taulats y Roura Capellera c. España* (2018) o *Fragoso Dacosta c. España* (2023), ha condenado a España al considerar que las sanciones penales por quemar fotos de los Reyes o insultar a la bandera cuando no hay incitación directa a la violencia vulneran la libertad de expresión (art. 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos). En el ámbito administrativo, la Ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y el art. 155 o la Ley de Seguridad Nacional ya prevén mecanismos coercitivos e inhabilitaciones por desobediencia reiterada.
DEROGAREMOS LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA Y APROBAREMOS UNA LEY DE CONCORDIA.
«Derogaremos la mal llamada «ley de memoria democrática», corredactada por Bildu, porque no puede haber justicia ni reconciliación cuando se pacta con quienes niegan el sufrimiento de las víctimas y pretenden reescribir l…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone derogar íntegramente la Ley 20/2022 de Memoria Democrática y sustituirla por una 'Ley de Concordia' que reivindique el espíritu de reconciliación de la Transición y la Constitución de 1978, dejando la investigación histórica en manos de historiadores y académicos sin imposiciones oficiales. No obstante, se compromete expresamente a mantener por razones humanitarias las actuaciones y recursos públicos destinados a la búsqueda, exhumación e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.
A favor
La Ley de Memoria Democrática de 2022 fue aprobada con el rechazo de la oposición y el pacto con EH Bildu (que logró ampliar el marco temporal de análisis de vulneraciones hasta diciembre de 1983, ya en plena democracia constitucional). Numerosos historiadores y juristas criticaron que la ley crease una fiscalía especial de sala y sanciones administrativas de hasta 150.000 euros que pueden colisionar con la libertad de cátedra, de investigación histórica y de expresión (art. 20 CE), rompiendo el consenso de la Ley de Amnistía de 1977.
En contra
España sigue contando con miles de víctimas en fosas comunes pendientes de exhumar (el Ministerio estima que se han recuperado más de 4.500 cuerpos entre 2019 y 2024 a través de planes cuatrienales con las CCAA y sociedades científicas como Aranzadi). Relatores especiales de la ONU (como Fabián Salvioli y Bernard Duhaime) emitieron en 2024 un informe conjunto advirtiendo de que la derogación de leyes de memoria y su sustitución por 'leyes de concordia' (como las impulsadas en Aragón, Castilla y León o Comunidad Valenciana) puede invisibilizar las violaciones de derechos humanos del franquismo y contravenir los estándares internacionales de verdad, justicia y reparación.
Gestión de Emergencias y Protección Civil
Prevención de catástrofes naturales e incendios, coordinación de emergencias y servicios de protección civil.
LA SEGURIDAD ESTARÁ EN EL CENTRO DE LA POLÍTICA PÚBLICA.
«Recuperaremos la cultura de seguridad en toda la Administración. Daremos total prioridad a las inversiones necesarias para proteger la vida de los ciudadanos. A partir de la auditoría del Estado con la que arrancaremos l…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Sitúa la seguridad física y la protección de la vida humana como eje transversal de la acción administrativa y presupuestaria, priorizando tras la auditoría inicial del Estado la subsanación urgente de deficiencias en infraestructuras críticas y servicios esenciales. Pone especial énfasis en el mantenimiento preventivo, la supervisión técnica y la prevención de accidentes en la red ferroviaria, carreteras, puertos, aeropuertos, presas y barrancos, obligando legalmente a todos los operadores de servicios esenciales a disponer de sistemas redundantes de respaldo, comunicaciones alternativas de emergencia y planes de continuidad auditados.
A favor
Catástrofes recientes y crisis operativas en España —como la DANA de octubre de 2024 en Valencia y Castilla-La Mancha (con más de 220 fallecidos y colapso de carreteras, líneas de AVE/Cercanías y telecomunicaciones), el apagón eléctrico peninsular o los reiterados incidentes graves y descarrilamientos en la red ferroviaria de Adif/Renfe (como el descarrilamiento en el túnel Atocha-Chamartín o las averías diarias en Rodalies y Cercanías)— han puesto de relieve la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas españolas. Informes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos llevan años advirtiendo que más del 75% de las más de 370 presas de titularidad estatal superan los 40 años de antigüedad y que muchas carecen aún de los planes de emergencia implantados con sirenas de aviso a la población que exige la normativa técnica de seguridad de presas.
En contra
España ya cuenta con la Ley 8/2011 de Protección de Infraestructuras Críticas (supervisada por el CNPIC del Ministerio del Interior) y está transponiendo la Directiva europea CER (Resiliencia de las Entidades Críticas, Directiva UE 2022/2557), que ya obliga legalmente a los operadores públicos y privados de energía, transporte, agua y telecomunicaciones a elaborar Planes de Protección Específicos y sistemas de redundancia. El principal obstáculo para renovar todas las presas, taludes ferroviarios y redes viarias simultáneamente es su elevadísimo coste presupuestario (estimado por las patronales de ingeniería y construcción como SEOPAN en más de 30.000 a 45.000 millones de euros en una década), difícil de compatibilizar con la reducción acelerada del déficit y los recortes de gasto propuestos en el bloque económico del mismo programa.
FORTALECEREMOS LA PREVENCIÓN Y LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS POR ENCIMA DE LOS DOGMAS POLÍTICOS.
«Mejoraremos la detección de riesgos y los sistemas de aviso para que la población reciba a tiempo mensajes claros, accesibles y con instrucciones sobre cómo protegerse. Las confederaciones hidrográficas darán prioridad a…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Refuerza los sistemas de detección temprana de riesgos meteorológicos e hidrológicos y los protocolos de alerta temprana a la población mediante avisos claros y accionables. Ordena a las Confederaciones Hidrográficas priorizar la limpieza, dragado, mantenimiento y ampliación de cauces y barrancos, retoma la ejecución de obras hidráulicas estructurales (presas de laminación, encauzamientos y embalses técnicamente justificados, especialmente en la vertiente mediterránea) y reforma la Ley de Montes para garantizar labores preventivas de limpieza forestal, cortafuegos, agricultura y ganadería extensiva durante los 365 días del año.
A favor
La catástrofe de la DANA del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia (barranco del Poyo y río Magro) demostró cómo la falta de ejecución de obras de encauzamiento y presas de laminación proyectadas en el Plan Hidrológico Nacional de 2001 y en los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación de la Confederación Hidrográfica del Júcar (como las actuaciones en la rambla del Poyo, valoradas en unos 200-250 millones de euros frente a unos daños provocados superiores a los 17.000 millones de euros) multiplica la letalidad de las avenidas torrenciales mediterráneas. Asimismo, en materia de incendios forestales, España sufre una media de más de 80.000 a 250.000 hectáreas quemadas en años de 'incendios de sexta generación' (como en 2022 con 306.000 ha según EFFIS-Copernicus) debido al abandono rural, la acumulación de biomasa combustible y las trabas burocráticas a los propietarios rurales y pastores para desbrozar el monte.
En contra
Los hidrólogos, geomorfólogos y el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX señalan que el simple 'dragado o limpieza de vegetación' en el lecho de barrancos secos mediterráneos tiene un efecto nulo ante avenidas extraordinarias de 2.000 m³/s (que arrastran toneladas de lodo, rocas y vehículos), pudiendo incluso acelerar la velocidad destructiva del agua aguas abajo si se canaliza con hormigón sin zonas de laminación natural y si no se frena el urbanismo en zonas inundables (competencia autonómica y municipal donde residen más de 2,7 millones de españoles según el Ministerio para la Transición Ecológica). Asimismo, la gestión forestal, el desbroce de montes y el envío de las alertas ES-Alert a los teléfonos móviles desde los centros 112 son competencias que ya ostentan en exclusiva las Comunidades Autónomas, muchas de ellas gobernadas por el propio PP.
EL GOBIERNO CENTRAL ACTUARÁ DESDE EL PRIMER MOMENTO, SIN ESPERAR A QUE SE LO PIDAN.
«Garantizaremos que todos los recursos necesarios se movilicen desde el primer momento para proteger a las personas y evitar que las emergencias se conviertan en grandes catástrofes. Reformaremos con urgencia el Sistema N…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Reforma con carácter de urgencia la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil para crear un Mecanismo Nacional de Respuesta y un Mando Único de Protección Civil y Emergencias capaz de actuar de oficio desde el primer minuto en emergencias de alcance o gravedad nacional, sin esperar a que el presidente de la Comunidad Autónoma afectada solicite elevar el nivel de emergencia. Faculta al Gobierno de España para integrar bajo una dirección operativa única a los servicios autonómicos de protección civil y sanidad, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas (UME y tres Ejércitos) y operadores de infraestructuras críticas.
A favor
Durante la DANA de octubre de 2024 en Valencia y los grandes incendios forestales, el debate político y competencial entre el Gobierno central y la Generalitat Valenciana sobre quién debía declarar o solicitar el 'Nivel 3 de Emergencia de Interés Nacional' (previsto en los artículos 28 a 30 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil) retrasó durante días cruciales el despliegue masivo del Ejército y la asunción de un mando operativo unificado ante una catástrofe que superaba claramente la capacidad de respuesta de una sola administración autonómica. Modelos comparados como la FEMA en Estados Unidos o la Sécurité Civile en Francia permiten al Ejecutivo nacional activar y dirigir recursos federales/estatales de inmediato cuando los indicadores objetivos de una catástrofe desbordan los umbrales regionales.
En contra
La vigente Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil (aprobada precisamente por mayoría absoluta del PP en julio de 2015) ya faculta expresamente en su artículo 29 al Ministro del Interior para declarar por propia iniciativa ('de oficio') una Emergencia de Interés Nacional y asumir el mando único bajo dirección del Jefe de la UME sin necesidad de petición previa de la Comunidad Autónoma, por lo que la herramienta legal ya existe. Por otro lado, cuando el Gobierno central ha asumido el mando único sobre policías y servicios sanitarios autonómicos en situaciones de emergencia (como en el estado de alarma de 2020 o mediante el art. 116 CE), las propias Comunidades Autónomas y la doctrina del Tribunal Constitucional han advertido que despojar automáticamente al presidente autonómico del mando del 112 y de sus bomberos puede generar confusión en la cadena de mando sobre el terreno por desconocimiento de la red local.
Política Exterior, Unión Europea, Cooperación y Defensa
Acción exterior, Unión Europea, cooperación internacional al desarrollo, paz, seguridad y Fuerzas Armadas.
HAREMOS TRANSPARENTES LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON NUESTROS ALIADOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DEFENSA.
«La Defensa será una verdadera política de Estado y contará con una inversión plurianual que permita conocer fehacientemente y cumplir nuestros compromisos internacionales. Aprobaremos una ley de programación y financiaci…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Configura la política de Defensa como una política de Estado transparente y previsible mediante la aprobación de una Ley de Programación y Financiación Militar Plurianual que fije por ley los objetivos de inversión, equipamiento y efectivos a medio y largo plazo. Garantiza que todos los compromisos internacionales de gasto y despliegue asumidos por España ante la OTAN y la Unión Europea cuenten con autorización y respaldo expreso de las Cortes Generales, eliminando las modificaciones presupuestarias opacas.
A favor
España se situó en 2024 en el último lugar de los 32 países de la OTAN en porcentaje de gasto en defensa sobre el PIB (~1,28% del PIB según estimaciones de la Alianza Atlántica, unos 19.700 millones de euros), lejos del compromiso del 2% firmado en la Cumbre de Gales de 2014 (y ratificado en la Cumbre de Madrid de 2022) y de las nuevas exigencias aliadas del 2,5-3% del PIB. Debido a la falta de Presupuestos Generales del Estado aprobados y a la división interna de los socios parlamentarios del Gobierno, el Ministerio de Defensa ha financiado sistemáticamente cerca del 30-40% de sus inversiones reales mediante transferencias de crédito desde el Fondo de Contingencia y créditos extraordinarios aprobados en Consejo de Ministros sin debate parlamentario previo, una práctica criticada por el Tribunal de Cuentas y que resta certidumbre plurianual a las Fuerzas Armadas. Países como Francia (Loi de Programmation Militaire 2024-2030) cuentan por ley con marcos plurianuales votados en el Parlamento.
En contra
Elevar el gasto en defensa de España desde el 1,28% hasta el 2% del PIB de forma estructural mediante una Ley de Financiación Plurianual exige inyectar entre 10.000 y 11.500 millones de euros adicionales cada año en el presupuesto de Defensa (y más de 18.000 millones anuales si el objetivo sube al 2,5% del PIB). Comprometer por ley ese volumen de gasto rígido plurianual entra en fuerte tensión con el compromiso de reducción de deuda y déficit de las nuevas reglas fiscales europeas (Medida 4) y con la promesa de rebajas impositivas y refuerzo del gasto sanitario y de dependencia, obligando en la práctica a recortar otras partidas del Estado o a incrementar el endeudamiento público.
MÁS MILITARES, MEJOR PREPARADOS Y CON MEDIOS RENOVADOS.
«La modernización de las Fuerzas Armadas y sus capacidades vendrá determinada por el interés nacional y las amenazas a las que España debe hacer frente. Revisaremos la normativa en materia de personal para construir una c…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea una reforma integral de la Ley de la Carrera Militar y de la Ley de Derechos y Deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas para incrementar el número total de efectivos militares, reconocer formalmente la profesión militar como 'profesión de riesgo', actualizar y mejorar las retribuciones salariales en todas las escalas (oficiales, suboficiales y tropa y marinería) y garantizar ascensos basados estrictamente en el mérito y la capacidad. Incluye asimismo programas de modernización doctrinal, tecnológica, de conciliación familiar y de transición laboral civil para atraer y retener talento.
A favor
Las Fuerzas Armadas españolas cuentan actualmente con unos 116.000 a 120.000 efectivos en activo (frente al máximo legal de 130.000-140.000 previsto en la Ley 39/2007 de la Carrera Militar), una cifra muy inferior a la de países europeos de tamaño comparable como Francia (~205.000 militares), Italia (~165.000) o Polonia (~215.000). Los informes anuales del Observatorio de la Vida Militar (órgano asesor adscrito a las Cortes Generales) y las asociaciones profesionales militares (AUME, ATME, ASFASPRO, UMT) denuncian reiteradamente que los militares españoles son los servidores públicos peor retribuidos del Estado (un soldado o marinero percibe un sueldo neto base cercano a los 1.150-1.250 euros mensuales sin horas extras pagadas por maniobras o guardias, unos 600-800 euros menos que un guardia civil o policía nacional) y que los soldados de Tropa y Marinería sufren el cese obligatorio al cumplir los 45 años de edad (Ley 8/2006) si no han logrado una de las escasas plazas de permanencia, lo que está provocando una caída de vocaciones y dificultades para cubrir plazas técnicas.
En contra
Aumentar la plantilla efectiva de las Fuerzas Armadas en 15.000 o 20.000 efectivos adicionales y equiparar simultáneamente las retribuciones militares con las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tendría un impacto presupuestario recurrente en el Capítulo 1 (Gastos de Personal del Ministerio de Defensa) superior a los 2.000-2.500 millones de euros anuales, reduciendo el porcentaje del presupuesto militar disponible para inversión en armamento y modernización (que la OTAN exige mantener por encima del 20-30%). Asimismo, eliminar o relajar la salida a los 45 años en la escala de Tropa y Marinería sin un sistema eficaz de recolocación civil envejecería rápidamente la pirámide de edad de las unidades operativas de combate (infantería, paracaidistas, legión, infantería de marina).
DEFENDEREMOS TODO NUESTRO TERRITORIO CON NUESTROS SOCIOS Y ALIADOS.
«Reforzaremos cuando sea necesario los contingentes españoles de la OTAN y contribuiremos a proteger las rutas marítimas de las que depende nuestra economía. Reforzaremos el despliegue militar en Ceuta, Melilla, Canarias…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Refuerza la contribución operativa de España a las misiones de disuasión y defensa colectiva de la OTAN y a la protección de las rutas marítimas estratégicas internacionales de las que depende el abastecimiento energético y comercial español. En el plano estrictamente nacional, incrementa el despliegue, la capacidad de disuasión y los medios militares en Ceuta, Melilla, las Islas Canarias, Baleares y los peñones e islas de soberanía española en el norte de África, al tiempo que impulsa el pilar europeo de defensa dentro de la Alianza Atlántica.
A favor
Más del 85% de las importaciones y el 65% de las exportaciones de mercancías de España, así como la práctica totalidad del gas natural licuado (GNL) y del petróleo que consume el país, transitan por vía marítima a través del Estrecho de Gibraltar, el Mar Rojo/Canal de Suez, el Golfo de Guinea y el Atlántico. Además, de acuerdo con el Artículo 6 del Tratado del Atlántico Norte (Tratado de Washington de 1949), Ceuta y Melilla no están cubiertas de forma explícita y automática por el paraguas de defensa colectiva del Artículo 5 de la OTAN (aunque el Concepto Estratégico de Madrid 2022 reforzó el compromiso general con la integridad territorial de todos los aliados), lo que exige a España mantener una capacidad de disuasión militar autónoma y creíble en el eje Baleares-Estrecho-Canarias frente al rearme de países del Magreb.
En contra
España ya mantiene desplegados en el exterior a más de 3.000 a 3.800 militares simultáneamente en hasta 17 misiones internacionales de la OTAN, la UE y la ONU (en Letonia, Eslovaquia, Rumanía, Líbano, Irak, Océano Índico Operación Atalanta y policías aéreas del Báltico), lo que supone un esfuerzo operativo y logístico al límite de la capacidad de rotación de las brigadas del Ejército de Tierra y de las fragatas de la Armada. Por otro lado, un incremento ostensible del despliegue militar permanente en Ceuta, Melilla y los peñones norteafricanos (Vélez de la Gomera, Alhucemas, Chafarinas) puede ser utilizado por Marruecos para escalar tensiones diplomáticas o híbridas (presión migratoria, reclamaciones en foros internacionales) y contradecir los planes urbanísticos de liberar suelo militar en Ceuta y Melilla para construir vivienda civil (Medida 13).