REDUCIREMOS LA CARGA FISCAL DEL RECIBO DE LA LUZ Y CREAREMOS UNA TARIFA SOCIAL ÚNICA.
«Eliminaremos de inmediato el impuesto del 7% a la producción eléctrica y reduciremos la carga fiscal del recibo. Aplicaremos un plan de choque para abaratar los servicios que ajustan la producción al consumo y mantienen estable el sistema e…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone suprimir de forma inmediata el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE, del 7%) y reducir la fiscalidad del recibo eléctrico, además de aplicar un plan de choque para abaratar los servicios de ajuste del sistema eléctrico. Unifica los actuales Bono Social Eléctrico y Bono Social Térmico en una 'Tarifa Social Única' compatible con el mercado libre y de tramitación simplificada, aprueba un Estatuto del Consumidor Energético con contratos estandarizados para luz, gas y agua, e implanta indemnizaciones automáticas sin necesidad de reclamación ante cortes de suministro.
A favor
El impuesto del 7% a la generación eléctrica (creado en 2012) recauda más de 1.500 millones de euros anuales que los productores trasladan directamente al precio mayorista (marginalista), encareciendo la factura final de hogares e industrias y restando competitividad a la generación española frente a la francesa o portuguesa en el mercado ibérico (MIBEL). Asimismo, según datos de REE y la CNMC, el coste de los servicios de ajuste y restricciones técnicas del sistema eléctrico se ha disparado desde los ~2-3 €/MWh históricos hasta superar los 11-15 €/MWh en los últimos ejercicios. Por otro lado, informes de EsadeEcPol y la CNMC revelan que el Bono Social Eléctrico actual solo llega a cerca del 30-35% de los hogares potencialmente vulnerables debido a sus barreras burocráticas y a la exigencia de estar acogido a la tarifa regulada PVPC.
En contra
La eliminación permanente del IVPEE del 7% (cuya recaudación está legalmente afectada a cubrir cargos del sistema eléctrico, como la retribución a las renovables históricas cogeneración y residuos, RECORE) generaría un agujero anual de entre 1.500 y 2.000 millones de euros que habría que compensar o bien subiendo los cargos regulados de la propia factura eléctrica o bien con transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado. Paradójicamente, dicho impuesto del 7% fue creado en 2012 (Ley 15/2012) por el propio Gobierno del Partido Popular para atajar el déficit de tarifa.