GARANTIZAREMOS EL DERECHO A RECIBIR ENSEÑANZA EN CASTELLANO EN TODA ESPAÑA.
«El castellano es la lengua común de los españoles, que tienen el deber constitucional de conocerla y el derecho a usarla. Las lenguas de cada Comunidad Autónoma son un patrimonio cultural de todos los españoles que debemos amparar y, por es…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Garantiza el derecho constitucional a recibir enseñanza en castellano como lengua vehicular en todas las etapas educativas y en todas las Comunidades Autónomas con lengua cooficial (Cataluña, País Vasco, Galicia, Comunidad Valenciana y Baleares), asegurando al mismo tiempo la protección de las lenguas autonómicas. Se compromete a hacer cumplir de forma efectiva las sentencias judiciales firmes que establecen porcentajes mínimos de docencia en español.
A favor
La jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional (STC 31/2010 sobre el Estatuto de Cataluña) y del Tribunal Supremo (sentencias de 2015 y de diciembre de 2020 que confirmaron la obligación de impartir al menos un 25% de las horas lectivas en castellano, incluyendo otra materia troncal además de Lengua Castellana) establece que el castellano no puede dejar de ser lengua vehicular de enseñanza. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña aprobó en 2022 el Decreto-ley 6/2022 y la Ley 8/2022 para sortear la aplicación de los porcentajes judiciales (cuestión elevada al TC por el TSJC), y el Parlamento Europeo envió una misión en 2023 que instó a garantizar el trato equivalente del español.
En contra
Los defensores del modelo de conjunción o inmersión lingüística y diversos informes pedagógicos autonómicos sostienen que los alumnos de comunidades con lengua cooficial alcanzan al finalizar la etapa obligatoria una competencia en lengua castellana homologable a la media nacional (según evaluaciones de diagnóstico y pruebas PISA), mientras que las lenguas cooficiales parten de una situación sociolingüística minoritaria frente a la pujanza audiovisual y digital del español. Además, en comunidades gobernadas históricamente por el propio PP, como Galicia (Decreto 79/2010 del plurilingüismo), también se regula la impartición obligatoria de materias troncales en lengua gallega.