ELIMINAREMOS LOS IMPUESTOS QUE FRENAN LA INVERSIÓN.
«Queremos evitar que su coste acabe trasladándose a los ciudadanos. Intensificaremos la lucha contra el fraude fiscal para que quienes incumplen sus obligaciones paguen lo que les corresponde. Los ingresos que recuperemos servirán para bajar…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea suprimir los gravámenes e impuestos creados recientemente que, a juicio del PP, penalizan la inversión y se trasladan a los precios que pagan los ciudadanos (como los gravámenes extraordinarios a las empresas energéticas y a la banca, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras o el impuesto al plástico no reutilizable). En paralelo, propone intensificar la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal para destinar los ingresos aflorados a rebajar la carga tributaria de los contribuyentes cumplidores.
A favor
Informes del Banco Central Europeo (BCE), del Banco de España y de Fedea advirtieron que los gravámenes sobre los ingresos o márgenes de la banca y del sector energético distorsionan la competencia, pueden restringir la oferta de crédito o encarecer las hipotecas y ponen en riesgo inversiones multimillonarias en redes eléctricas e hidrógeno verde (como de hecho llevó a la caída parlamentaria del gravamen energético). Asimismo, el Impuesto sobre las Transacciones Financieras ('tasa Tobin') y la 'tasa Google' han recaudado sistemáticamente menos de la mitad de lo presupuestado inicialmente por el Gobierno según los informes de la AEAT.
En contra
Los gravámenes a la banca y a las energéticas aportaron conjuntamente cerca de 2.900 millones de euros anuales en 2023 y 2024 en un contexto de beneficios récord de las entidades financieras del IBEX 35 (más de 26.000-31.000 millones de euros anuales impulsados por la subida de tipos del BCE). Además, la AIReF y los expertos en hacienda pública advierten que presupuestar rebajas de impuestos ciertas y permanentes fiando su financiación a hipotéticos aumentos futuros en la recaudación por lucha contra el fraude fiscal (que ya aporta unos 16.000-18.000 millones anuales según la AEAT, con rendimientos marginales decrecientes) vulnera el principio de prudencia presupuestaria.