EN CIEN DÍAS, LOS ESPAÑOLES LO SABRÁN TODO.
«Realizaremos una auditoría de todo el gasto que se ha hecho estos años y del funcionamiento de la Administración, de los organismos y de las empresas del Estado. Explicaremos en qué se ha gastado cada euro, para qué ha servido, qué criterio…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea realizar en los primeros 100 días de gobierno una auditoría integral del gasto público ejecutado en los últimos años, abarcando ministerios, organismos autónomos y empresas públicas estatales. El mecanismo contempla revisar contratos públicos, ayudas y subvenciones para denunciar posibles fraudes y suprimir o corregir las partidas ineficientes, vinculando directamente los resultados de la auditoría a la elaboración del primer proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
A favor
El gasto público en España alcanzó el 45,4% del PIB (más de 680.000 millones de euros) y la AIReF ha señalado reiteradamente en sus revisiones de gasto (Spending Reviews) que cerca de 14.000 millones anuales en subvenciones carecen de evaluación sistemática de impacto. Asimismo, el Tribunal de Cuentas y la IGAE han advertido sobre el uso intensivo de procedimientos de emergencia y fragmentación contractual durante y después de la pandemia, además de retrasos en la ejecución y trazabilidad real de los fondos europeos Next Generation EU.
En contra
España ya dispone de órganos fiscalizadores permanentes con plenas competencias legales y técnicas, como la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Tribunal de Cuentas y la propia AIReF, por lo que auditar todo el sector público estatal en apenas 100 días resulta materialmente inviable sin duplicar costes o contratar consultoras externas. Además, gran parte del gasto público (más del 50% entre sanidad, educación y servicios sociales) está descentralizado en las Comunidades Autónomas, quedando fuera del alcance directo de una auditoría sobre la Administración General del Estado.