Eliminación total de la financiación pública a partidos políticos, sindicatos y patronales: sostenimiento exclusivo con cuotas.
«Eliminación total de la financiación pública a partidos políticos, sindicatos y patronales. Solo podrán sostenerse con cuotas de afiliados.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea suprimir todas las partidas presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales destinadas a subvencionar a partidos políticos, sindicatos (como CCOO y UGT) y organizaciones empresariales (CEOE, CEPYME y patronales territoriales), estableciendo por ley que estas entidades solo puedan financiarse mediante las cuotas periódicas abonadas por sus propios afiliados y asociados.
A favor
Las subvenciones estatales directas del Ministerio de Trabajo a las organizaciones sindicales se han duplicado en los últimos años (pasando de 13,8 millones de euros en 2020 a 32 millones de euros anuales en 2025, su máximo histórico), cifra que supera los 150-200 millones de euros anuales al sumar las subvenciones autonómicas, locales, de prevención de riesgos, diálogo social y compensación del patrimonio sindical acumulado, además de miles de liberados sindicales pagados con fondos públicos. Pese a ello, la tasa de afiliación sindical en España ronda apenas el 12,5%-14% de los asalariados (OCDE), una de las más bajas de Europa.
En contra
Los artículos 6 y 7 de la Constitución Española otorgan relevancia constitucional a los partidos políticos, a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales como pilares del Estado social y democrático de Derecho. En el sistema español de negociación colectiva de eficacia general (*erga omnes*, art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores), los convenios firmados por sindicatos y patronales se aplican obligatoriamente al 100% de los trabajadores y empresas del sector estén o no afiliados (lo que genera el problema del *free-rider* o polizón que no paga cuota porque ya recibe gratis los beneficios del convenio), justificando según el TC las ayudas por representatividad institucional.