Iustitia Europa
Contrato Electoral de Iustitia Europa. Por un reinicio moral en España · 101 propuestas · 28 páginas · lectura estimada ~22 min
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Posturas en debates clave
Síntesis en 4 cuestiones centrales enlazadas a su cita.
Debe prolongarse la vida útil de las centrales nucleares existentes en España dentro del mix energético.
El sistema de pensiones debe revalorizarse por ley conforme al IPC y mantenerse íntegramente en el reparto público, sin cuentas individuales obligatorias.
Deben prohibirse las regularizaciones masivas o extraordinarias de personas migrantes y reforzarse las expulsiones y el control fronterizo.
Vocabulario más característico
Comparar vocabulario →Vivienda, Urbanismo y Mercado del Alquiler
Acceso a la vivienda, parque público, rehabilitación, regulación del alquiler, suelo urbanizable y seguridad jurídica residencial.
Ley del suelo, revisión de expropiaciones municipales y plan de acceso a la primera vivienda con incentivos fiscales y menos burocracia.
«Ley del suelo, y expropiaciones a los Ayuntamientos. Se establece un plan de acceso a la primera vivienda para jóvenes y familias, con incentivos fiscales y eliminación de cargas burocráticas para la compra.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea una reforma de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015) y de los mecanismos de retención y expropiación de suelo por los ayuntamientos para liberar suelo urbanizable, acompañada de un Plan Nacional de Acceso a la Primera Vivienda en Propiedad para jóvenes y familias basado en desgravaciones fiscales a la adquisición y la supresión de trabas administrativas y cargas urbanísticas que encarecen el precio final.
A favor
Según el Banco de España y la Asociación de Promotores y Constructores (APCEspaña), la repercusión del precio del suelo y de las cargas urbanísticas y burocráticas representa ya entre el 35% y el 45% del precio final de una vivienda nueva en las áreas metropolitanas españolas, debido a la escasez artificial de suelo finalista retenido por los planeamientos municipales (que tardan una media de 10 a 12 años en tramitarse). Entretanto, el déficit habitacional supera las 600.000 viviendas y la tasa de propiedad entre los menores de 35 años ha caído del 69% en 2007 al 31,8%.
En contra
La Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997 declaró inconstitucionales cerca de dos tercios de la Ley del Suelo estatal de 1992 al sentar la doctrina de que el urbanismo y la clasificación del suelo son competencia exclusiva de las 17 Comunidades Autónomas (art. 148.1.3ª CE). Asimismo, el artículo 47 de la Constitución Española obliga a los poderes públicos a regular la utilización del suelo para impedir la especulación y establece que la comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos (cesiones obligatorias del 5% al 15% del aprovechamiento a los ayuntamientos).
Supresión del IVA en la compra de la primera vivienda para facilitar el acceso a la propiedad.
«Se suprime el IVA en la compra de la primera vivienda, facilitando el acceso a la propiedad.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone modificar la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para establecer la exención total o un tipo impositivo del 0% en la adquisición de la primera vivienda habitual de obra nueva (que actualmente tributa al tipo reducido del 10% con carácter general o al 4% en viviendas de protección oficial de régimen especial), reduciendo de forma directa el desembolso inicial necesario para acceder a la propiedad.
A favor
En España, un comprador de primera vivienda nueva de precio medio (250.000 euros) debe abonar al contado 25.000 euros solo en concepto de IVA (10%), además de entre el 0,5% y el 1,5% en Actos Jurídicos Documentados (AJD), importes que los bancos no financian dentro del préstamo hipotecario del 80%. Según el Consejo General de Economistas y APCEspaña, entre el 25% y el 30% del precio total de una vivienda nueva son impuestos y tasas encadenados desde la urbanización del suelo hasta la escrituración, constituyendo la principal barrera de entrada para el ahorro juvenil.
En contra
Mientras España permanezca en la Unión Europea, la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del IVA (reformada por la Directiva 2022/542) prohíbe aplicar tipos del 0% o inferiores al 5% a la entrega de viviendas libres que no formen parte de la política social de vivienda. Además, el coste recaudatorio de suprimir el IVA en primera vivienda superaría los 2.500-3.500 millones de euros anuales, y la evidencia empírica recopilada por el Banco de España indica que, con una oferta de obra nueva rígida a corto plazo, la rebaja del IVA tiende a trasladarse en gran medida a un aumento del precio antes de impuestos fijado por los promotores.
Eliminación de las políticas de control de precios del alquiler que reducen la oferta disponible.
«Se eliminan las políticas de control de alquiler que han demostrado ser ineficaces y han reducido la oferta de vivienda disponible.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea la derogación de los mecanismos de intervención de rentas introducidos por la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda (declaración de zonas de mercado residencial tensionado, índices de referencia de precios de alquiler, topes a la actualización anual por debajo del IPC y prórrogas forzosas extraordinarias), restableciendo el principio de libertad de pactos entre arrendador y arrendatario en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).
A favor
Los datos del mercado inmobiliario tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023 y la declaración de zonas tensionadas en Cataluña en 2024 muestran una caída de entre el 17% y el 35% en la oferta de vivienda en alquiler habitual permanente y un incremento superior al 40%-50% en el alquiler de temporada y de habitaciones (según Idealista, Fotocasa y el Observatorio del Alquiler). Según el Banco de España (*Informe Anual*), más del 92% de las viviendas en alquiler en España pertenecen a pequeños propietarios particulares (personas físicas), quienes ante la limitación de rentas y la inseguridad jurídica optan por retirar sus inmuebles del alquiler residencial.
En contra
Según el Banco de España y Eurostat, España es uno de los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de población inquilina en situación de «sobreesfuerzo financiero» (cerca del 40% de los hogares que viven de alquiler a precio de mercado destinan más del 40% de su renta disponible al pago de la vivienda, frente al 21% de media de la UE). Las organizaciones de consumidores y sindicatos de inquilinos sostienen que sin límites temporales de precios en zonas tensionadas mientras se construye parque público (que en España es solo del 2,5% frente al 9,3% europeo), las rentas seguirían subiendo a ritmos superiores al 10% anual.
Economía, Industria, Innovación y Turismo
Política industrial, productividad, I+D+i, comercio, digitalización y sector turístico.
Eliminación de todas las subvenciones públicas directas a empresas y sectores no estratégicos a favor de reducciones fiscales.
«Se eliminan todas las subvenciones públicas directas a empresas y sectores no estratégicos, estableciendo incentivos basados en reducción fiscal y no en ayudas arbitrarias.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea suprimir las transferencias de capital y subvenciones directas a empresas privadas de sectores no estratégicos, reemplazando la política industrial de ayudas discrecionales por una rebaja general y neutral de la presión fiscal (Impuesto sobre Sociedades y cotizaciones empresariales) que beneficie por igual a todas las empresas productivas sin distorsionar la libre competencia.
A favor
La literatura económica sobre elección pública (*Public Choice*) y los informes de la CNMC y de la AIReF demuestran que las subvenciones directas a empresas generan captura regulatoria (*rent-seeking*), benefician de forma desproporcionada a grandes corporaciones con departamentos especializados en tramitar ayudas públicas frente a las microempresas (que representan el 94% del tejido empresarial español) y mantienen artificialmente con vida a «empresas zombis» improductivas a costa de los contribuyentes.
En contra
En el contexto actual de competencia geoeconómica global (con la *Inflation Reduction Act* de EE. UU., los subsidios industriales de China y el Marco Temporal de Crisis y Transición de Ayudas de Estado de la UE utilizado masivamente por Alemania y Francia), renunciar unilateralmente en España a las ayudas directas a la inversión industrial (como los PERTE de microchips, vehículo eléctrico o descarbonización industrial) provocaría la deslocalización inmediata de grandes plantas fabriles y proyectos tecnológicos hacia países vecinos que sí subvencionan hasta el 30%-40% de la inversión inicial (CAPEX).
Prohibición de las subvenciones encadenadas a sectores o entidades que vivan permanentemente de fondos públicos.
«Se prohíben las subvenciones encadenadas, evitando que ciertos sectores vivan permanentemente de fondos públicos sin aportar valor real a la economía.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone introducir en la Ley General de Subvenciones una cláusula de temporalidad máxima y no recurrencia («prohibición de subvenciones encadenadas»), impidiendo que una misma empresa, entidad o sector no estratégico pueda concatenar ayudas públicas ejercicio tras ejercicio de forma indefinida o que más de un porcentaje determinado de sus ingresos anuales provenga del presupuesto público.
A favor
El análisis de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) y los informes del Tribunal de Cuentas muestran que existen miles de entidades, asociaciones y empresas en sectores como el audiovisual, la consultoría para el sector público, la formación subvencionada o la cooperación que reciben subvenciones de forma ininterrumpida durante 10 o 20 años consecutivos sin alcanzar nunca la viabilidad comercial en el mercado, distorsionando la asignación eficiente de capital y trabajo en la economía española.
En contra
Determinados sectores económicos y científico-tecnológicos (como la investigación básica y traslacional en universidades y centros tecnológicos, las artes escénicas y el patrimonio cultural, el transporte público colectivo o los centros especiales de empleo que contratan a personas con discapacidad severa) presentan fallos de mercado o externalidades positivas estructurales que en todos los países de la OCDE requieren financiación pública plurianual continuada, ya que sus proyectos no pueden completarse ni rentabilizarse en un único ejercicio presupuestario.
Revisión de todos los fondos recibidos de la UE y de sus condiciones para evaluar si benefician realmente a España.
«Se establece una revisión de todos los fondos recibidos de la UE y sus condiciones, evaluando si benefician realmente a España.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea someter a una auditoría integral y evaluación coste-beneficio la totalidad de los fondos procedentes de la Unión Europea —tanto los fondos ordinarios del Marco Financiero Plurianual (FEDER, FSE+, Fondo de Cohesión, FEAGA y FEADER) como las transferencias y préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (NextGenerationEU)—, revisando los hitos, reformas fiscales, laborales y climáticas exigidos por la Comisión Europea como condicionalidad.
A favor
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) vincula el desembolso de los fondos NextGenerationEU al cumplimiento de más de 595 hitos y objetivos pactados con Bruselas, que han incluido subidas de cotizaciones sociales (MEI), implantación obligatoria de Zonas de Bajas Emisiones en 149 municipios, reformas fiscales recaudatorias y alzas del impuesto al diésel. Además, informes del Tribunal de Cuentas Europeo y de Fedea han alertado de la baja velocidad de ejecución real en la economía productiva, de que los 83.000 millones en préstamos engrosan la deuda pública española y de que al menos el 37% del gasto está atado obligatoriamente a objetivos climáticos y el 20% a digitalización.
En contra
Según el Banco de España y la Comisión Europea, los fondos NextGenerationEU (de los cuales cerca de 80.000 millones son transferencias no reembolsables a fondo perdido) han aportado entre 0,8 y 1,5 puntos porcentuales anuales al crecimiento del PIB español entre 2022 y 2026 y financian más del 40% de la inversión pública nacional en infraestructuras ferroviarias, agua, rehabilitación, ciencia e industria. Rechazar o incumplir unilateralmente los hitos ya firmados en la Decisión de Ejecución del Consejo (CID) activaría el freno de suspensión de pagos e incluso la obligación de reintegrar fondos ya percibidos conforme al Reglamento (UE) 2021/241.
Fiscalidad, Impuestos y Hacienda Pública
IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, fiscalidad patrimonial, incentivos tributarios y lucha contra el fraude fiscal.
Supresión de los módulos y simplificación del sistema tributario para los autónomos.
«Se suprimen los módulos y se simplifica el sistema tributario para los autónomos, reduciendo burocracia y facilitando el cumplimiento fiscal.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea la derogación definitiva del método de estimación objetiva («módulos») en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del régimen simplificado del IVA, sustituyéndolos por un régimen de estimación directa altamente simplificado con deducción automática de gastos y eliminación de declaraciones informativas trimestrales redundantes para pequeños profesionales y comercios.
A favor
Tanto el Libro Blanco para la Reforma Tributaria (Comité de Personas Expertas, 2022) como la Agencia Tributaria (AEAT), la OCDE y el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) vienen recomendando desde hace más de una década la supresión definitiva del régimen de módulos, ya que calcula el impuesto según parámetros físicos (metros de local, potencia eléctrica, personal) con independencia de si el autónomo ha tenido pérdidas reales, y ha sido utilizado históricamente para la emisión de facturas falsas en tramas de fraude fiscal. Además, los autónomos sufren hoy la carga de presentar hasta 15-20 declaraciones tributarias al año (modelos 130, 303, 111, 115, 390, 347, 190, 180).
En contra
En sectores como el transporte ligero de mercancías por carretera, el taxi, el pequeño comercio minorista y la hostelería rural (donde aún tributan en módulos unos 350.000-400.000 autónomos), las asociaciones sectoriales (como Fenadismer) se han opuesto frontalmente a la eliminación de los módulos o reducción de sus límites de facturación (prorrogados año tras año en 250.000 € / 125.000 €), advirtiendo que pasar a estimación directa obligaría a miles de transportistas y pequeños comerciantes a llevar contabilidad completa de facturas y elevaría su factura fiscal media.
Incentivo al empleo autónomo mediante desgravaciones fiscales sin dependencia de subvenciones públicas.
«Se incentiva el empleo autónomo mediante desgravaciones fiscales sin dependencia de subvenciones públicas.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone sustituir las convocatorias burocráticas de ayudas y subvenciones al autoempleo (como el Kit Digital o las ayudas de capitalización condicionadas) por deducciones automáticas en la cuota del IRPF y gastos fiscalmente deducibles en la base imponible (vehículo afecto a la actividad, suministros del hogar en teletrabajo, manutención, inversiones en equipamiento y contratación del primer trabajador), aplicables directamente en la autoliquidación sin discrecionalidad administrativa.
A favor
Actualmente, los más de 3,38 millones de trabajadores autónomos españoles sufren una enorme conflictividad e inseguridad jurídica con la Agencia Tributaria para deducir en el IRPF e IVA gastos esenciales de su actividad (como el vehículo comercial si no son transportistas o agentes comerciales, o la proporción real de suministros de la vivienda habitual, limitada al 30% de la superficie afecta por el art. 30.2.5ª de la Ley del IRPF). Sustituir subvenciones (que además tributan después como ganancia patrimonial en el IRPF, como ocurrió con el Kit Digital) por desgravaciones directas reduce la burocracia y deja la liquidez en manos del emprendedor.
En contra
La Agencia Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales (IEF) señalan que ampliar sin controles estrictos la deducibilidad de gastos mixtos (automóviles particulares, comidas en restaurantes, suministros domésticos y viajes) en el IRPF de actividades económicas ensancha la brecha de tributación efectiva respecto a los trabajadores asalariados por cuenta ajena (que no pueden deducir sus gastos de desplazamiento al trabajo ni de manutención) y reduce la recaudación del IRPF en varios miles de millones de euros anuales.
Aplicación de tipo impositivo de IVA cero para servicios prestados por terapeutas naturales y complementarios
«IVA cero para terapeutas y reconocimiento profesional.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido para aplicar la exención del IVA o un tipo superreducido del 0% a los actos y consultas prestadas por profesionales acreditados de terapias naturales, equiparándolos a las prestaciones de asistencia médica y sanitaria previstas en el artículo 20.Uno.3º de la Ley del IVA.
A favor
Actualmente, al no estar reconocidas como profesiones médicas oficiales en la LOPS, las consultas de naturopatía, acupuntura y osteopatía tributan al tipo general del IVA del 21%, lo que encarece artificialmente el acceso de los ciudadanos a estos cuidados de bienestar y genera una asimetría fiscal discriminatoria respecto a otras prestaciones sanitarias exentas, incentivando la economía sumergida.
En contra
La Directiva 2006/112/CE del IVA en la Unión Europea restringe la exención del IVA exclusivamente a las prestaciones médicas y sanitarias reconocidas por la legislación de cada Estado miembro como profesiones sanitarias regladas. Aplicar un tipo del 0% sin homologación sanitaria comunitaria contravendría la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y la Agencia Tributaria estima una merma recaudatoria en el IVA de varios cientos de millones de euros.
Empleo, Autónomos y Relaciones Laborales
Mercado de trabajo, salarios, jornada laboral, negociación colectiva, emprendimiento y régimen de trabajadores autónomos.
Eliminación total de la financiación pública a partidos políticos, sindicatos y patronales: sostenimiento exclusivo con cuotas.
«Eliminación total de la financiación pública a partidos políticos, sindicatos y patronales. Solo podrán sostenerse con cuotas de afiliados.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea suprimir todas las partidas presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales destinadas a subvencionar a partidos políticos, sindicatos (como CCOO y UGT) y organizaciones empresariales (CEOE, CEPYME y patronales territoriales), estableciendo por ley que estas entidades solo puedan financiarse mediante las cuotas periódicas abonadas por sus propios afiliados y asociados.
A favor
Las subvenciones estatales directas del Ministerio de Trabajo a las organizaciones sindicales se han duplicado en los últimos años (pasando de 13,8 millones de euros en 2020 a 32 millones de euros anuales en 2025, su máximo histórico), cifra que supera los 150-200 millones de euros anuales al sumar las subvenciones autonómicas, locales, de prevención de riesgos, diálogo social y compensación del patrimonio sindical acumulado, además de miles de liberados sindicales pagados con fondos públicos. Pese a ello, la tasa de afiliación sindical en España ronda apenas el 12,5%-14% de los asalariados (OCDE), una de las más bajas de Europa.
En contra
Los artículos 6 y 7 de la Constitución Española otorgan relevancia constitucional a los partidos políticos, a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales como pilares del Estado social y democrático de Derecho. En el sistema español de negociación colectiva de eficacia general (*erga omnes*, art. 82.3 del Estatuto de los Trabajadores), los convenios firmados por sindicatos y patronales se aplican obligatoriamente al 100% de los trabajadores y empresas del sector estén o no afiliados (lo que genera el problema del *free-rider* o polizón que no paga cuota porque ya recibe gratis los beneficios del convenio), justificando según el TC las ayudas por representatividad institucional.
Transformación de los subsidios en incentivos al empleo.
«Transformación de los subsidios en incentivos al empleo.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar el sistema de prestaciones no contributivas, subsidios por desempleo y rentas mínimas de inserción (como el Ingreso Mínimo Vital) para sustituir las transferencias pasivas indefinidas por incentivos directos a la incorporación laboral, condicionando la percepción de ayudas para personas en edad y capacidad de trabajar a la búsqueda activa de empleo, la formación certificada y la aceptación de ofertas de trabajo adecuadas.
A favor
España mantiene de forma estructural la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y de la OCDE (en torno al 10,5%-11,5%, casi el doble de la media de la UE situada en el 5,9%-6%), al tiempo que las patronales sectoriales (CEPYME, Randstad, Banco de España) estiman que existen más de 150.000 puestos de trabajo vacantes sin cubrir. Los informes de Evaluación del Ingreso Mínimo Vital de la AIReF (2022-2025) han advertido de «trampas de pobreza o inactividad» cuando el diseño del subsidio penaliza marginalmente la aceptación de un empleo formal y de la escasa eficacia de los Servicios Públicos de Empleo (SEPE y autonómicos), que intermedian en menos del 3% de los contratos.
En contra
El Real Decreto-ley 2/2024 de reforma de los subsidios por desempleo y el mecanismo de incentivo al empleo del IMV ya introdujeron el «complemento de apoyo al empleo» para compatibilizar temporalmente el cobro decreciente del subsidio con un salario. Además, según las estadísticas de la Seguridad Social y de la AIReF, más del 65% de los hogares perceptores del IMV incluyen menores a cargo, familias monoparentales o personas con problemas de salud, discapacidad o mayores de 52 años de difícil empleabilidad inmediata, por lo que retirar el subsidio sin que exista oferta laboral adaptada agravaría la tasa de pobreza severa (que afecta al 8,3%-9% de la población según EAPN).
Cuota cero para autónomos durante los primeros cuatro años de actividad.
«Se establece una cuota cero para autónomos durante los primeros cuatro años de actividad, permitiendo a los nuevos emprendedores consolidarse antes de asumir impuestos desproporcionados.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea reformar el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y el Estatuto del Trabajo Autónomo para sustituir la actual tarifa plana estatal de 80 euros mensuales (durante 12 o 24 meses) por una exención total del 100% de la cuota de cotización a la Seguridad Social («Cuota Cero») durante los primeros 48 meses (cuatro años) de actividad para todos los nuevos trabajadores por cuenta propia en cualquier punto de España.
A favor
Según las estadísticas del INE (Demografía Armonizada de Empresas) y de las asociaciones de autónomos ATA y UPTA, en España más del 50%-60% de los nuevos negocios y proyectos de autoempleo no logra sobrevivir más allá de los tres a cinco primeros años de vida debido a la asfixia de costes fijos (alquileres, suministros, cuotas de Seguridad Social desde el primer día aunque no haya beneficios e impuestos). Las Comunidades Autónomas que han implantado la «Cuota Cero» autonómica durante 1 o 2 años (como Madrid, Andalucía, Murcia, Baleares o Galicia) lideran el crecimiento neto de afiliados al RETA en España.
En contra
En España se producen cada año entre 550.000 y 650.000 altas en el RETA; eximir del 100% de la cuota durante cuatro años completos (un ahorro de entre 11.000 y 15.000 euros por autónomo) supondría una merma de ingresos por cotizaciones para la Tesorería General de la Seguridad Social de entre 2.500 y 4.000 millones de euros anuales. Además, los inspectores de Trabajo y Seguridad Social advierten que una exención tan prolongada de 4 años sin límites de facturación incentivaría la figura de los «falsos autónomos» y el cierre y reapertura instrumental de actividades para no cotizar nunca.
Pensiones, Bienestar Social, Igualdad y Reto Demográfico
Sistema público de pensiones, personas mayores, discapacidad, inclusión social, políticas de igualdad y despoblación.
Eliminación del factor de sostenibilidad y sustitución por un sistema de contribución realista.
«Se elimina el factor de sostenibilidad y se sustituye por un sistema de contribución realista que garantice que las pensiones no dependan exclusivamente de ingresos fiscales coyunturales.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone blindar la derogación de cualquier factor de sostenibilidad o mecanismo de recorte automático de la cuantía inicial de las pensiones y sustituir los parches recaudatorios coyunturales (como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional o las transferencias masivas con deuda pública) por un sistema contributivo transparente y actuarialmente equilibrado, separando estrictamente las prestaciones contributivas de los gastos impropios de naturaleza no contributiva.
A favor
El gasto en pensiones contributivas en España ha superado los 200.000-210.000 millones de euros anuales (más del 13%-14% del PIB, con una nómina mensual que rebasa los 13.000 millones de euros para más de 10,2 millones de pensiones), y la Seguridad Social registra un déficit contributivo estructural que solo se cubre mediante transferencias del Estado superiores a los 40.000-45.000 millones de euros anuales financiadas con impuestos y deuda pública. El Banco de España y Fedea señalan que la jubilación de la generación del *baby boom* elevará el número de pensionistas a más de 15 millones hacia 2045-2050.
En contra
El Factor de Sostenibilidad introducido en la Ley 23/2013 ya fue formalmente derogado por la Ley 21/2021 de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y sustituido por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) en el Real Decreto-ley 2/2023. Al mismo tiempo, la tasa de reemplazo de las pensiones públicas españolas (relación entre la primera pensión y el último sueldo) es del 72%-80% según la OCDE (*Pensions at a Glance*), casi 20 puntos por encima de la media europea, por lo que mantener su generosidad sin aumentar impuestos ni cotizaciones exige elevar drásticamente el empleo y la productividad.
Fomento de un modelo mixto de pensiones que complemente la pensión pública con ahorro privado sin reducir la parte pública.
«Se fomenta un modelo mixto que permita a los trabajadores complementar su pensión con ahorro privado sin que esto suponga una excusa para reducir la parte pública.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea transitar hacia un modelo multipilar de pensiones (combinando el pilar público de reparto con pilares de capitalización individual y colectiva de empleo), restableciendo y ampliando los incentivos fiscales a las aportaciones a planes de pensiones individuales y de empresa, con la garantía legal de que el ahorro privado acumulado sea un complemento adicional y nunca se utilice para recortar la pensión pública contributiva devengada.
A favor
Según datos de Inverco y de la OCDE, el patrimonio acumulado en fondos de pensiones privados en España representa apenas el 8%-11% del PIB, frente a más del 100%-150% del PIB en países con sistemas mixtos consolidados como Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Suiza o Reino Unido, o el 67% de media de la OCDE. Además, el recorte del límite de desgravación en el IRPF de los planes individuales de pensiones (reducido de 8.000 euros a solo 1.500 euros anuales entre 2021 y 2022) provocó un desplome superior al 65% en las aportaciones brutas de las familias.
En contra
Los estudios de la AIReF sobre beneficios fiscales (2020) concluyeron que la deducción en la base imponible del IRPF por aportaciones a planes de pensiones individuales tenía un carácter marcadamente regresivo (el 65% del ahorro fiscal se concentraba en el 20% de los contribuyentes de mayor renta, que tributan a tipos marginales del 45%-47%) y que la rentabilidad neta histórica de muchos fondos individuales españoles se veía lastrada por comisiones de gestión y por la escasa capacidad de ahorro de los trabajadores con salarios bajos o medianos.
Prohibición de políticas de congelación o reducción de pensiones sin compensaciones directas y transparencia presupuestaria.
«Se prohíben las políticas de congelación o reducción de pensiones sin compensaciones directas y sin transparencia presupuestaria.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone blindar por ley la prohibición de decretar congelaciones nominales (como la aplicada en mayo de 2010) o reducciones reales del poder adquisitivo de las pensiones contributivas y no contributivas sin establecer mecanismos de compensación directa a los pensionistas afectados y sin presentar previamente una auditoría transparente del conjunto de las cuentas de la Seguridad Social y del Estado.
A favor
El artículo 50 de la Constitución Española ordena a los poderes públicos garantizar, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Pese a ello, más del 50% de las pensiones en España se sitúan por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (con una pensión mínima de jubilación unipersonal que apenas ronda los 825-875 euros mensuales en 14 pagas), por lo que para millones de mayores su pensión es su única fuente de ingresos frente al encarecimiento de la cesta de la compra y la energía.
En contra
El Tribunal Constitucional (STC 134/1987 y STC 49/2015, sobre la no revalorización de las pensiones de 2012) ha declarado que los pensionistas tienen derecho a la percepción de la pensión causada pero no un derecho constitucional pétreo a un método concreto de indexación frente a crisis presupuestarias extremas. Asimismo, cada punto porcentual de revalorización de las pensiones conforme al IPC consolida un gasto permanente adicional de unos 1.900-2.000 millones de euros anuales en el presupuesto de la Seguridad Social.
Sanidad Pública, Salud Mental y Dependencia
Atención primaria, listas de espera, personal sanitario, salud mental, cartera de servicios y atención a la dependencia.
Incorporación legal de las terapias naturales y complementarias en la cartera del Sistema Nacional de Salud
«Incorporación legal de terapias naturales en el sistema de salud.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone modificar la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud para incorporar formalmente a la cartera común de servicios sanitarios públicos diversas terapias naturales, tradicionales y complementarias (fitoterapia, acupuntura, naturopatía y osteopatía), garantizando la libertad de elección del paciente dentro de los centros sanitarios públicos.
A favor
La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de su Estrategia de Medicina Tradicional 2014-2023 (ampliada a 2025), recomienda a los Estados miembros integrar las medicinas tradicionales y complementarias con evidencia empírica en sus sistemas nacionales de salud para promover la atención centrada en la persona. Países europeos como Alemania, Suiza y Reino Unido integran tratamientos complementarios regulados en sus coberturas sanitarias públicas o seguros concertados.
En contra
El Ministerio de Sanidad, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) y las Reales Academias de Medicina mantienen en España el Plan para la Protección de la Salud frente a las Pseudoterapias, alertando de que incluir prácticas carentes de ensayos clínicos rigurosos y evidencia científica contrastada en la sanidad pública supone un riesgo grave para la salud de los pacientes (al poder retrasar o sustituir tratamientos oncológicos o farmacológicos eficaces) y un malgasto de fondos públicos.
Eliminación de trabas administrativas y reconocimiento oficial de las profesiones de terapias naturales
«Eliminación de barreras y reconocimiento profesional»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea aprobar un marco estatutario oficial que reconozca profesionalmente a los naturópatas, acupuntores, osteópatas y demás especialistas en terapias tradicionales, homologando sus titulaciones y capacitaciones técnicas para erradicar su criminalización administrativa y permitir su ejercicio libre y regulado.
A favor
En España operan más de 60.000 profesionales de las terapias naturales y parasanitarias que atienden a millones de usuarios al año según datos de gremios como Cofenat y la OSE, encontrándose en una situación de inseguridad jurídica y vacío legal que no existe en países como Portugal (donde la Ley 71/2013 regula formalmente las terapéuticas no convencionales) o Suiza (donde están reconocidas constitucionalmente).
En contra
La Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) exige para cualquier profesión del ámbito de la salud la superación de un grado universitario oficial con sólidas bases biomédicas y clínicas acreditadas por la ANECA. El colectivo médico sostiene que crear títulos sanitarios para terapias no avaladas por el método científico vulnera la protección a la salud (art. 43 CE).
Fin del monopolio comercial de la industria farmacéutica multinacional en la contratación sanitaria pública
«Fin del monopolio farmacéutico.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone una revisión integral de la política farmacéutica pública y de la fijación de precios de los medicamentos, limitando la influencia de los lobbies multinacionales en la prescripción médica, auditando patentes y fomentando la producción pública de fármacos esenciales y soluciones terapéuticas accesibles no monopolizadas por patentes privadas.
A favor
El gasto farmacéutico hospitalario y a través de receta médica en España supera los 22.000 millones de euros anuales según datos del Ministerio de Sanidad y el Banco de España, representando más del 25% del presupuesto sanitario público y creciendo por encima del PIB debido a los desorbitados precios fijados por las farmacéuticas para fármacos biológicos y tratamientos de última generación. Informes del Defensor del Pueblo han criticado la opacidad en los convenios de financiación de nuevos medicamentos.
En contra
Farmaindustria y la patronal europea EFPIA destacan que el desarrollo de un nuevo medicamento innovador requiere entre 10 y 12 años de investigación y una inversión media superior a los 2.000 millones de euros, con tasas de éxito inferiores al 10%. Alterar el marco de protección de propiedad intelectual y fijación de precios podría provocar desabastecimiento de medicamentos esenciales en España y frenar la realización de ensayos clínicos punteros en los hospitales universitarios del SNS.
Educación, Formación Profesional y Universidad
Enseñanza obligatoria y postobligatoria, becas, profesorado, Formación Profesional y sistema universitario.
Eliminación de contenidos ideológicos, adoctrinamiento de género y ecologismo radical de la educación pública
«Eliminación de cualquier contenido ideológico en la educación pública. No más adoctrinamiento en género, ecologismo radical, inmigración descontrolada o cualquier otra agenda política impuesta desde organismos internacio…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone purgar de los planes de estudio oficiales, decretos de currículo y libros de texto de todas las etapas escolares cualquier contenido relativo a perspectiva de género, teoría queer, postulados del ecologismo radical o enfoques favorables a las directrices de la Agenda 2030, limitando la enseñanza pública al rigor científico y académico neutro.
A favor
Asociaciones de familias y colectivos educativos señalan que materias transversales impuestas por la LOMLOE en asignaturas como Valores Cívicos vulneran la neutralidad ideológica del Estado consagrada en el artículo 16.3 de la Constitución y el derecho fundamental de los padres a que sus hijos reciban formación moral conforme a sus convicciones (art. 27.3 CE). Informes internacionales como PISA 2022 mostraron una caída histórica en competencias lectoras, matemáticas y científicas en España.
En contra
El Tribunal Constitucional (STC 34/2023 sobre la LOMLOE y STC 145/2021) ha ratificado que la formación en valores constitucionales de igualdad entre mujeres y hombres, no discriminación, prevención de la violencia machista y respeto a la diversidad no constituye adoctrinamiento, sino mandatos directos de los artículos 1.1, 9.2 y 14 de la Constitución y de tratados internacionales ratificados por España como la Convención de la UNESCO sobre la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza.
Reforma completa del currículo escolar centrándolo en conocimientos y competencias reales
«Reforma completa del currículo escolar para centrarse en conocimiento y competencias reales.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone derogar el enfoque competencial abstracto de la LOMLOE y diseñar un nuevo currículo nacional único centrado en la adquisición de conocimientos fundamentales sólidos (matemáticas formales, lengua y literatura española, historia rigurosa, ciencias naturales, física, química y filosofía), garantizando estándares homogéneos y evaluables en todo el territorio.
A favor
Los resultados de España en el informe PISA 2022 del OCDE reflejaron un retroceso medio de 8 puntos en matemáticas y 3 en lectura, con una gran disparidad autonómica de hasta un año y medio de escolarización entre Comunidades. Numerosos colegios profesionales y colectivos de docentes de secundaria han criticado la complejidad pedagógica del currículo LOMLOE y la sustitución de temarios memorísticos y estructurados por situaciones de aprendizaje dispersas que aumentan la carga burocrática del profesor.
En contra
Las directrices educativas de la Unión Europea y de la OCDE (marco DeSeCo y Education 2030) promueven modelos basados en competencias clave para el siglo XXI que capaciten al alumnado en resolución de problemas complejos, pensamiento crítico y habilidades digitales, superando el modelo memorístico tradicional. Una nueva reforma curricular supondría la novena ley educativa de la democracia, perpetuando la inestabilidad normativa de la enseñanza española.
Restauración de los valores de esfuerzo, disciplina, rigor y mérito académico en el sistema educativo
«Educación en valores de esfuerzo, disciplina y mérito.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea endurecer las condiciones académicas de promoción y titulación en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, prohibiendo pasar de curso con asignaturas suspensas, reinstaurando calificaciones numéricas en todas las etapas y premiando el mérito individual y la disciplina escolar frente a modelos igualitaristas que rebajan los estándares de exigencia.
A favor
Informes del Consejo Escolar del Estado y del sindicato ANPE han alertado de que permitir titular la ESO o acceder al Bachillerato con materias suspensas genera desincentivo al estudio, desautoriza la labor evaluadora del profesorado y crea una falsa ilusión académica en los alumnos con menores recursos, quienes después fracasan al incorporarse a la Formación Profesional técnica o a la Universidad.
En contra
Investigaciones sociológicas y educativas (como las de Save the Children y la Fundación Iseak) indican que la repetición de curso en España —que duplica la media de la OCDE con un coste superior a los 1.500 millones de euros anuales— no mejora el rendimiento académico a largo plazo, estigmatiza al alumno vulnerable y constituye el principal predictor del abandono escolar temprano, motivo por el cual los sistemas educativos nórdicos de mayor éxito restringen la repetición al mínimo.
Energía, Transición Ecológica y Medio Ambiente
Mix energético, energías renovables, redes eléctricas, descarbonización, biodiversidad y gestión de residuos.
Apuesta estratégica por la energía nuclear, el gas natural y la explotación de recursos energéticos propios
«Apuesta por la energía nuclear, el gas y los recursos propios.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone paralizar el calendario oficial de cierre de las centrales nucleares españolas (Almaraz, Ascó, Cofrentes, Vandellòs y Trillo), prolongar su vida útil operativa hasta los 60 u 80 años, autorizar la prospección y explotación de yacimientos nacionales de gas y minerales energéticos y reformar la Ley de Cambio Climático 7/2021 para garantizar la soberanía energética de base de España.
A favor
La energía nuclear aporta actualmente entre el 20% y el 22% de toda la electricidad consumida en España de forma continua, firme y libre de emisiones de gases de efecto invernadero (según Red Eléctrica de España / Redeia), constituyendo el principal pilar de estabilidad de la red frente a la intermitencia eólica y solar. Países líderes de la UE como Francia, Suecia o Finlandia están extendiendo la vida de sus reactores y construyendo nuevas centrales nucleares tras ser reconocida como energía verde por la taxonomía de la UE.
En contra
Las empresas propietarias de las centrales nucleares españolas (Iberdrola, Endesa, Naturgy) han señalado que la elevada carga impositiva (tasa Enresa, impuestos autonómicos) y los costes crecientes de gestión de los residuos radiactivos de alta actividad hacen poco rentable mantenerlas abiertas sin garantías de precios o rebajas fiscales estatales. Además, la gestión definitiva del combustible gastado sigue bloqueada tras la cancelación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas.
Salida inmediata de España de los compromisos del Pacto Verde Europeo y del paquete 'Objetivo 55'
«Salida del Pacto Verde Europeo.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone que España se desvincule formalmente de los objetivos climáticos y regulatorios del Pacto Verde Europeo (European Green Deal) y del paquete normativo 'Fit for 55' de la Comisión Europea, derogando a escala nacional las prohibiciones de venta de vehículos de combustión interna en 2035 y los topes a las emisiones industriales que penalizan la competitividad de las fábricas españolas.
A favor
Asociaciones industriales y del automóvil (como ANFAC y Sernauto) han advertido de que la rigidez de las metas del Pacto Verde y la competencia asimétrica con vehículos subvencionados de China y Estados Unidos están provocando cierres de fábricas y pérdida de cientos de miles de empleos industriales en Europa. El informe Draghi sobre competitividad europea de 2024 admitió que los costes energéticos y regulatorios del Green Deal duplican o triplican a los de las industrias competidoras de EEUU y Asia.
En contra
El Pacto Verde Europeo y sus reglamentos y directivas de descarbonización forman parte del acervo comunitario vinculante de la UE aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo, por lo que un Estado miembro no puede desligarse unilateralmente sin incurrir en procedimientos de infracción (art. 258 TFUE), sanciones millonarias del TJUE y el bloqueo directo de los fondos europeos de cohesión y del Plan de Recuperación, que aportan decenas de miles de millones de euros a la economía española.
Supresión inmediata de subvenciones y primas públicas a las macroinstalaciones de energías renovables
«Fin de las subvenciones a renovables.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone la eliminación total de subvenciones, primas y mecanismos de retribución específica a las instalaciones de energía solar fotovoltaica y eólica, obligando a los promotores y grandes fondos de inversión renovables a competir en el mercado mayorista libre a precios de mercado sin apoyo de los Presupuestos Generales del Estado ni recargos en la factura eléctrica de los hogares.
A favor
El déficit de tarifa histórico acumulado en el sistema eléctrico español superó en su momento los 30.000 millones de euros debido a las primas a las renovables fijadas en la década de 2000, una deuda que los consumidores siguen pagando en sus recibos de la luz a través de los peajes regulados. Dado que la tecnología fotovoltaica y eólica ha madurado tecnológicamente y es hoy la más barata en costes de generación (LCOE), carece de justificación económica seguir subsidiando a macrofondos financieros.
En contra
Las nuevas plantas solares y eólicas adjudicadas en subastas REER ya compiten a precios cerrados sin primas tradicionales sobre el mercado. Suprimir drásticamente los incentivos a la inversión en almacenamiento (baterías, bombeo hidroeléctrico) o hidrógeno verde paralizaría la transición energética, alejaría la inversión internacional y pondría en riesgo la reducción de emisiones pactada por España en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2023-2030).
Sector Primario, Agua y Medio Rural
Agricultura, ganadería, pesca, cadena alimentaria, PAC, planificación hidrológica y desarrollo rural.
Protección prioritaria del sector primario español: agricultura, ganadería y pesca nacional
«Protección del sector primario: agricultura, pesca y ganadería.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea declarar la agricultura, la ganadería y la pesca como sectores estratégicos de seguridad nacional y soberanía alimentaria, estableciendo preferencia comunitaria real, cláusulas espejo estrictas a las importaciones extracomunitarias y blindaje de las rentas agrarias.
A favor
El sector agroalimentario español aporta cerca del 10% del PIB nacional y genera más de 2,5 millones de empleos directos e indirectos, siendo España la cuarta potencia exportadora de alimentos de la Unión Europea. Organizaciones como ASAJA, COAG y UPA han protagonizado movilizaciones masivas denunciando la competencia desleal de terceros países (Marruecos, Sudáfrica, Egipto) que exportan sin cumplir las normas fitosanitarias ni laborales europeas.
En contra
La política comercial común y los aranceles exteriores son competencia exclusiva de la Comisión Europea (art. 207 TFUE) en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), por lo que España no puede imponer unilateralmente aranceles ni bloqueos fronterizos a productos de terceros países sin violar los tratados comerciales internacionales de los que es parte la Unión Europea.
Exigencia de derogación total e inmediata de las restricciones del Pacto Verde Europeo sobre el campo español
«Derogación total de las políticas de la UE que destruyen el campo español. Se exigirá la DEROGACIÓN INMEDIATA del PACTO VERDE EUROPEO.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone que el Gobierno de España exija en el Consejo Europeo la derogación íntegra de la Estrategia 'De la Granja a la Mesa' y de la Estrategia de Biodiversidad 2030, suprimiendo las metas de reducción forzosa de fitosanitarios, fertilizantes nitrogenados y antibióticos ganaderos.
A favor
Estudios de la Universidad de Wageningen (Países Bajos) y del Departamento de Agricultura de EEUU (USDA) calcularon que las metas del Pacto Verde reducirían la producción agrícola europea entre un 10% y un 15%, encarecerían los precios de los alimentos para las familias y aumentarían las importaciones de países terceros con mayores emisiones y nulos controles ecológicos.
En contra
La Comisión Europea ya retiró a principios de 2024 la propuesta legislativa SUR sobre uso sostenible de pesticidas tras las protestas agrarias. Además, el abandono de la transición agroecológica agravaría el agotamiento y la salinización de los acuíferos en España, la pérdida de polinizadores esenciales para las cosechas y la vulnerabilidad frente a las sequías extremas del cambio climático.
Revisión radical y derogación de las imposiciones medioambientales burocráticas de la Política Agraria Común (PAC)
«POLÍTICA AGRARIA COMÚN.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone derogar la arquitectura de la actual PAC 2023-2027 en España (PEPAC), eliminando los ecorregímenes obligatorios, los requisitos de barbecho forzoso y las exigencias de rotación de cultivos para que las ayudas directas se cobren en función de la producción real.
A favor
La PAC 2023-2027 ha introducido una maraña burocrática inasumible para los pequeños y medianos agricultores, obligándoles a contratar gestorías agrarias para tramitar fotos georreferenciadas y ecorregímenes que no se adaptan al clima semiárido de gran parte de la península. La propia Comisión Europea tuvo que aprobar de urgencia en mayo de 2024 una simplificación de la PAC flexibilizando las normas BCAM 6, 7 y 8.
En contra
La PAC aporta a España más de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas que sustentan la renta de más de 620.000 agricultores y ganaderos. Exigir la derogación unilateral de la PAC aislaría a España de las negociaciones financieras del Marco Financiero Plurianual de la UE y pondría en riesgo miles de millones de euros que evitan la quiebra del campo español.
Administración Pública, Gestión Presupuestaria y Simplificación
Función pública, digitalización administrativa, evaluación de políticas públicas y simplificación normativa.
Reducción del número de ministerios a un máximo de 7.
«Reducción del número de ministerios a un máximo de 7.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar la estructura de la Administración General del Estado (mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno al amparo de la Ley 50/1997 del Gobierno y reforma legal para fijar un tope máximo) reduciendo los actuales 22 departamentos ministeriales a un máximo de 7 ministerios de Estado (concentrando carteras como Economía y Hacienda, Interior y Defensa, Asuntos Exteriores, Sistema Jurídico, Sanidad y Bienestar, Educación y Cultura, e Infraestructuras y Sector Primario), suprimiendo secretarías de Estado, subsecretarías y direcciones generales duplicadas.
A favor
Los Gobiernos de coalición desde 2020 han alcanzado los 22 ministerios (con 3 o 4 vicepresidencias, más de 35 secretarías de Estado y más de 150 direcciones generales), la cifra más elevada de la democracia española frente a los 12-13 ministerios de las etapas 2000-2004 o 2011-2018. En Suiza, el Consejo Federal gobierna eficientemente el país con exactamente 7 departamentos federales permanentes, evitando la fragmentación competencial y el gasto en gabinetes, altos cargos y estructuras administrativas superpuestas en materias ya transferidas a las Comunidades Autónomas.
En contra
Según los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y los análisis de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el coste directo de los altos cargos y gabinetes de los 22 ministerios ronda los 90-110 millones de euros anuales (menos del 0,02% del gasto público total de España, que supera los 680.000 millones de euros), ya que los funcionarios y programas presupuestarios seguirían existiendo dentro de los 7 macroministerios. Además, concentrar en solo 7 ministros áreas tan vastas como Defensa, Interior, Seguridad Social, Hacienda, Sanidad, Agricultura y Transportes dificultaría la dirección política especializada y la presencia en los distintos Consejos de Ministros de la UE.
Eliminación del 75% de los asesores políticos.
«Eliminación del 75% de los asesores políticos.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea modificar el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP), la Ley del Gobierno y la Ley de Bases del Régimen Local para recortar en un 75% las plantillas de personal eventual de confianza o asesoramiento especial nombrado libremente («a dedo») en la Presidencia del Gobierno, los ministerios, los gobiernos autonómicos, las diputaciones y los ayuntamientos, encomendando las tareas de asesoramiento técnico a los cuerpos de funcionarios de carrera por mérito y capacidad.
A favor
Según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) y las memorias presupuestarias, el Gobierno central ha superado el récord histórico de entre 800 y 1.200 asesores eventuales en Moncloa y ministerios (con un coste salarial superior a los 65-75 millones de euros anuales), cifra que se multiplica hasta superar los 15.000-20.000 cargos eventuales y de confianza si se suman las 17 Comunidades Autónomas, diputaciones y más de 8.100 ayuntamientos.
En contra
Aunque la reducción del 75% de asesores tiene un elevado valor ejemplarizante de regeneración democrática, su impacto presupuestario agregado en el conjunto de las Administraciones Públicas (estimado en unos 300-450 millones de euros anuales sumando Estado, CCAA y entes locales) representa menos del 0,07% del gasto público nacional. Asimismo, la OCDE señala que los gabinetes ministeriales cumplen una función de coordinación política, parlamentaria y de comunicación que permite preservar la neutralidad política de los altos funcionarios de carrera.
Congelación y reducción del 20% en sueldos políticos.
«Congelación y reducción del 20% en sueldos políticos.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone aplicar de forma inmediata una rebaja lineal del 20% y la posterior congelación plurianual de las retribuciones salariales, indemnizaciones y dietas de todos los cargos políticos del Poder Ejecutivo y Legislativo (Presidente del Gobierno, vicepresidentes, ministros, secretarios de Estado, diputados, senadores, presidentes y parlamentarios autonómicos y alcaldes y concejales con dedicación exclusiva).
A favor
Mientras la renta real disponible por hogar en España apenas ha recuperado los niveles previos a 2008 y la inflación acumulada entre 2021 y 2025 superó el 18%-20%, los sueldos de altos cargos, parlamentarios y alcaldes han encadenado subidas automáticas vinculadas al sector público: varios presidentes autonómicos (como el de Cataluña con más de 136.000 euros o el del País Vasco con más de 110.000 euros) y alcaldes de grandes capitales (Madrid y Barcelona por encima de 104.000-110.000 euros) cobran retribuciones muy superiores a las del propio Presidente del Gobierno (~90.049 euros) y más de 3,5 a 4,5 veces el salario mediano español (~22.500 euros según el INE).
En contra
En términos comparados con la Unión Europea, el sueldo oficial del Presidente del Gobierno de España (~90.049 euros brutos anuales) y de los ministros (~79.415 euros) se sitúa entre los más bajos de la Eurozona (frente a los más de 360.000 euros del canciller alemán, ~180.000 euros del primer ministro francés o ~200.000 euros del primer ministro portugués o italiano), y es inferior al salario de muchos subdirectores generales, médicos especialistas, magistrados o directivos medios del sector privado. Reducir otro 20% los sueldos públicos puede desincentivar la entrada en política de profesionales solventes que no dispongan de rentas patrimoniales previas.
Justicia, Seguridad Ciudadana y Derechos Civiles
Administración de justicia, medios judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad, legislación penal y garantías procesales.
Despenalización de la Guardia Civil: exclusión del Código Penal Militar de las conductas policiales
«Despenalización de la Guardia Civil, expulsando al código penal militar de las conductas de los guardias civiles.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar la Ley Orgánica 14/2015 del Código Penal Militar para derogar su aplicación a los miembros de la Guardia Civil en el ejercicio de sus funciones policiales habituales de seguridad ciudadana, tráfico, aduanas e investigación penal en tiempo de paz. Busca evitar que faltas disciplinarias o discrepancias de servicio se sancionen con penas privativas de libertad en prisiones militares (como el Centro Penitenciario Militar de Alcalá de Henares).
A favor
Asociaciones profesionales mayoritarias de la Guardia Civil (como AUGC y JUCIL) llevan más de una década denunciando que la reforma del Código Penal Militar de 2015 supuso un retroceso en derechos laborales al permitir el encarcelamiento militar de guardias civiles por discusiones laborales o quejas internas en funciones estrictamente civiles de seguridad ciudadana. Organismos internacionales y resoluciones del Parlamento Europeo han recomendado avanzar en la desmilitarización de las funciones policiales en los Estados miembros para homologar los derechos sindicales y de expresión de los agentes a los de los cuerpos homólogos de policía civil.
En contra
El Tribunal Constitucional ha ratificado de forma reiterada la naturaleza militar de la Guardia Civil (art. 9 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y STC 194/1989 y STC 179/2004), señalando que la sujeción a la disciplina y jurisdicción militar es inherente a su condición de instituto armado castrense con misiones asignadas de defensa nacional en coordinación con las Fuerzas Armadas. Mandos del cuerpo y expertos en seguridad defienden que el Código Penal Militar garantiza la cohesión jerárquica y la operatividad en situaciones extraordinarias y despliegues en el exterior.
Referéndum interno en la Guardia Civil sobre su desmilitarización y transformación en policía civil
«Referéndum en el Cuerpo de la Guardia Civil para la Desmilitarización. Para la modernización del cuerpo y convertirlo en una policía civil, será sometido a referéndum dentro de la Institución para que decidan si optan po…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea la convocatoria de una consulta vinculante o referéndum interno dirigido a todos los miembros en activo de la Guardia Civil para que el propio colectivo decida democráticamente si el instituto armado debe conservar su naturaleza militar tradicional o desmilitarizarse para transformarse en un cuerpo policial civil con plenos derechos de sindicación y huelga.
A favor
Modelos policiales europeos comparados, como la transformación de los Carabinieri belgas en la Policía Federal o la reforma de la Gendarmería Nacional francesa (integrada operativamente en el Ministerio del Interior), muestran tendencias hacia la unificación de estatutos profesionales. Encuestas sociológicas internas elaboradas por asociaciones profesionales indican que una amplia mayoría de los agentes de las escalas básica y de suboficiales respalda una policía plenamente civil que equipare sus derechos laborales a los del Cuerpo Nacional de Policía.
En contra
La Constitución Española de 1978 no contempla en su artículo 92 la posibilidad de celebrar referéndums sectoriales o corporativos restringidos a un cuerpo funcionarial o armado, reservando el referéndum a decisiones políticas de especial trascendencia para todo el cuerpo electoral. Además, la desmilitarización de la Guardia Civil alteraría sustancialmente la estructura de la defensa nacional, afectaría a su dependencia del Ministerio de Defensa y rompería una tradición de más de 180 años de arraigo como cuerpo de naturaleza militar con funciones en misiones internacionales de paz de la OTAN y la ONU.
Modificación de la organización y redistribución territorial de la Policía Nacional y la Guardia Civil
«Modificación de la Organización y distribución de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Para adaptarla a las nuevas realidades sociales y de nuestro territorio.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone una reorganización profunda del despliegue territorial y funcional de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, superando la división tradicional fijada en la Ley 2/1986 (Policía en capitales de provincia y núcleos urbanos; Guardia Civil en el medio rural, mar y vías interurbanas) para evitar duplicidades, optimizar recursos operativos y reforzar la presencia en áreas despobladas.
A favor
Informes del Tribunal de Cuentas y de auditorías operativas del Ministerio del Interior han evidenciado durante años la ineficiencia de mantener salas de mando y control (091 y 062) duplicadas, cuarteles rurales con plantillas de 3 a 5 agentes que no permiten patrullas 24 horas y solapamientos de competencias en investigación de ciberdelincuencia, crimen organizado y extranjería. Una redistribución unificada permitiría concentrar efectivos en unidades operativas y dotar de patrullas continuas al medio rural.
En contra
La reorganización y cierre de puestos rurales de la Guardia Civil genera un fuerte rechazo social y político en los municipios de la España vaciada, que consideran el cuartel como el principal símbolo de presencia y auxilio del Estado. Asimismo, la redistribución funcional choca con la resistencia corporativa histórica entre ambos cuerpos y requeriría una reforma integral y compleja de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con amplio consenso parlamentario.
Política Migratoria, Fronteras, Integración y Nacionalidad
Gestión de flujos migratorios, asilo, acogida, integración sociolaboral, fronteras y acceso a la nacionalidad.
Cierre total de la frontera sur: refuerzo militar en Ceuta y Melilla y traslado de la flota de la Armada de Ferrol a Canarias.
«Cierre total de la frontera sur. La valla de Ceuta y Melilla será reforzada, habilitando a las Fuerzas Armadas y cualquier intento de entrada ilegal será repelido de inmediato. La flota de la Armada Española, en Ferrol,…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone blindar militarmente la frontera sur terrestre y marítima de España: reforzar los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla habilitando legalmente la intervención directa del Ejército de Tierra para repeler saltos masivos al amparo del artículo 8 de la Constitución y de la Ley Orgánica 5/2005 de la Defensa Nacional, y ordenar el despliegue permanente de todas las unidades de superficie de la Armada con base en el Arsenal de Ferrol (como las fragatas F-100 clase Álvaro de Bazán y buques de aprovisionamiento de la 31ª Escuadrilla) hacia el archipiélago canario para patrullar el mar territorial.
A favor
Según los balances quincenales de inmigración irregular del Ministerio del Interior, España registró en 2024 un récord histórico de 63.970 entradas irregulares (y más de 56.800 en 2023), de las cuales 46.843 llegaron por vía marítima a las Islas Canarias a través de la ruta atlántica (el máximo desde que existen registros, superando la crisis de los cayucos de 2006), mientras que Ceuta sufrió miles de intentos mensuales de entrada a nado y saltos al vallado, desbordando por completo a las plantillas de la Guardia Civil y Policía Nacional.
En contra
Desde el punto de vista operativo y estratégico del Estado Mayor de la Defensa (EMAD), trasladar en su totalidad la 31ª Escuadrilla de Superficie desde Ferrol a Canarias desmantelaría la defensa naval del Atlántico Norte y del Cantábrico, dejaría sin actividad al Arsenal Militar y a los astilleros de Navantia en Ferrol (donde se realiza el mantenimiento especializado de las fragatas F-100 y la construcción de las F-110), e implicaría emplear fragatas de guerra antiaérea de alta intensidad (sistema AEGIS, cuyo coste operativo supera decenas de miles de euros por día de navegación) en misiones de vigilancia costera para las que están diseñados los Buques de Acción Marítima (BAM) que ya tienen su base en el Arsenal de Las Palmas.
Deportaciones masivas de inmigrantes ilegales y fin de las regularizaciones («fin de los papeles para todos»).
«Deportaciones masivas de inmigrantes ilegales. Fin de los papeles para todos. Quien entre ilegalmente en España será expulsado sin derecho a regularización.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea la reforma integral de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (LOEx) y la derogación de su Reglamento (Real Decreto 1155/2024) para suprimir todas las figuras de regularización ordinaria por «arraigo» (social, laboral, socioformativo, familiar o de segunda oportunidad) y las regularizaciones extraordinarias masivas, estableciendo que toda persona que acceda o permanezca irregularmente en territorio español sea objeto de expulsión administrativa forzosa con prohibición permanente de obtener autorización de residencia.
A favor
Según estimaciones de Funcas y del Real Instituto Elcano, el número de extranjeros en situación administrativa irregular en España se ha multiplicado por seis desde 2017 hasta situarse entre 650.000 y 840.000 personas. Pese a ello, según datos de Eurostat y del Defensor del Pueblo, España ejecuta menos del 5%-8% de las órdenes de expulsión y devolución dictadas (una de las tasas de retorno efectivo más bajas de la Unión Europea). Los cuerpos policiales y Frontex advierten que las regularizaciones extraordinarias (9 en España desde 1986, incluyendo la ILP de medio millón de personas) y la reducción del arraigo a 2 años en el Reglamento de 2024 actúan como un potente «efecto llamada» explotado por las mafias de tráfico de personas.
En contra
Ejecutar la deportación forzosa de más de 700.000 personas choca con límites materiales, diplomáticos y jurídicos: en primer lugar, ningún país de origen acepta vuelos de repatriación sin convenio bilateral previo de readmisión y reconocimiento consular de la nacionalidad de cada individuo; en segundo lugar, el artículo 4 del Protocolo nº 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) y el artículo 19 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prohíben las «expulsiones colectivas de extranjeros» sin expediente individualizado con tutela judicial efectiva; y, desde el ángulo económico, el Banco de España y la AIReF estiman que España necesita incorporar entre 200.000 y 300.000 trabajadores extranjeros anuales para sostener su población activa.
Expulsión inmediata de cualquier inmigrante que cometa delitos graves o reincida en actos delictivos.
«Expulsión inmediata de cualquier inmigrante que cometa delitos graves o reincida en actos delictivos. España no será refugio de delincuentes extranjeros.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar el artículo 89 del Código Penal y el artículo 57 de la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería para que toda condena penal por delito grave o por multirreincidencia en delitos menos graves o leves (como hurtos, robos con fuerza o violencia, agresiones sexuales o tráfico de drogas) cometida por un ciudadano extranjero (en situación regular o irregular) conlleve de forma obligatoria e inmediata su expulsión del territorio nacional y la extinción automática de cualquier permiso de residencia, eliminando las cláusulas de exención por arraigo.
A favor
Según las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE, *Estadística de Condenados*) y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior), aunque los extranjeros representan en torno al 13,4% de la población residente en España, suponen cerca del 31,5%-32% de la población reclusa total a nivel nacional (y más del 50% de los presos en las cárceles de Cataluña), con una sobrerrepresentación aún mayor en delitos de robos con violencia e intimidación, hurtos multirreincidentes y agresiones sexuales. Cada recluso supone un coste medio para el contribuyente español de unos 27.000-30.000 euros anuales.
En contra
El artículo 89 del Código Penal ya prevé la sustitución de las penas de prisión superiores a un año por la expulsión del territorio nacional, pero exige que en los delitos graves el penado cumpla primero en una cárcel española una parte o la totalidad de la condena (hasta dos tercios o el tercer grado) precisamente para evitar la impunidad penal (es decir, que un criminal extranjero cometa un homicidio o violación en España y quede en libertad al día siguiente al aterrizar en su país de origen). Además, la jurisprudencia del TEDH (casos *Boultif c. Suiza* y *Üner c. Países Bajos*) y la Directiva 2003/109/CE obligan a los jueces a ponderar individualmente el arraigo familiar antes de expulsar a residentes de larga duración o ciudadanos de la UE.
Calidad Democrática, Instituciones y Transparencia
Reforma institucional, sistema electoral, separación de poderes, transparencia pública y prevención de la corrupción.
Conversión del Contrato Electoral en norma jurídica vinculante con cancelación de sueldos y destitución por incumplimiento.
«En este contrato electoral se establece un compromiso INDISOLUBLE con los electores españoles, como nunca se había formalizado. Los ciudadanos que confíen en Iustitia Europa, deben tener la garantía de no ser traicionado…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone transformar la naturaleza jurídica del programa electoral en un contrato de mandato imperativo legalmente vinculante entre los representantes electos y los votantes. Para ello, exigiría la reforma del artículo 67.2 de la Constitución Española (que actualmente prohíbe el mandato imperativo) y de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), estableciendo un mecanismo de responsabilidad contractual y revocatoria que permita cancelar retribuciones, dietas y subvenciones públicas e incluso destituir del escaño o cargo ejecutivo a los representantes y formaciones políticas que incumplan las promesas con las que concurrieron a las elecciones.
A favor
Según sucesivas ediciones del Eurobarómetro de la Comisión Europea, en torno al 90% de los ciudadanos españoles declara desconfiar de los partidos políticos, coincidiendo con los barómetros del CIS que los sitúan de forma recurrente entre los actores institucionales peor valorados y entre los principales problemas percibidos en España. Estudios de ciencia política comparada sobre cumplimiento de programas (como el Comparative Party Pledges Project) analizan la relación entre el incumplimiento de promesas electorales clave y la desafección institucional, en un contexto donde la abstención en elecciones generales españolas ha oscilado entre el 28% y el 34% en convocatorias recientes (2019-2023).
En contra
El artículo 67.2 de la Constitución Española establece expresamente que «los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo», principio clásico del constitucionalismo liberal europeo respaldado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC 5/1983 y 10/1983, que consagran que el escaño pertenece al representante y no al partido ni a una fracción del electorado) y por la Comisión de Venecia del Consejo de Europa. Asimismo, en un sistema parlamentario donde ningún partido suele alcanzar mayoría absoluta y donde sobrevienen crisis económicas o internacionales imprevistas, obligar por ley al cumplimiento literal de todo un programa electoral impediría cualquier pacto de investidura o coalición parlamentaria.
Eliminación de la inmunidad parlamentaria y aforamientos de diputados, senadores y ministros.
«Eliminación de la inmunidad parlamentaria y aforamientos de diputados, senadores y ministros. No gozarán de inmunidad y serán Juzgados por los Tribunales y Juzgados Ordinarios. Reforma de los arts. 71 y 102 de la Constit…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea la reforma de los artículos 71 y 102 de la Constitución Española (y consecuentemente de los Estatutos de Autonomía y de la Ley Orgánica del Poder Judicial) para suprimir por completo la inmunidad parlamentaria (que exige suplicatorio de las Cámaras para inculpar o procesar a diputados y senadores) y el fuero especial ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para parlamentarios y miembros del Gobierno, de modo que sean investigados y enjuiciados por los jueces de instrucción y tribunales ordinarios en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
A favor
De acuerdo con informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), España ha llegado a contar con cerca de 250.000 personas aforadas (incluyendo más de 2.000 cargos políticos estatales y autonómicos, además de miembros de la carrera judicial, fiscal y fuerzas de seguridad), frente a países como Reino Unido, Alemania o Estados Unidos donde no existe el aforamiento penal para diputados, o Francia e Italia donde se circunscribe exclusivamente a delitos cometidos en el ejercicio estricto de las funciones ministeriales.
En contra
Los defensores constitucionales de la inmunidad parlamentaria (art. 71.2 CE) y del aforamiento ante el Tribunal Supremo (arts. 71.3 y 102.1 CE) sostienen que estas prerrogativas no constituyen privilegios personales sino garantías institucionales frente al uso instrumental de querellas políticas (lawfare) para alterar mayorías parlamentarias. En sentido contrario al diseño actual, el enjuiciamiento en única instancia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo priva al aforado del derecho ordinario al doble grado de jurisdicción penal, como ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la ONU al amparo del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Elección directa del Presidente del Gobierno.
«Elección directa del Presidente del Gobierno. Será elegido por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los ciudadanos españoles cada 4 años. Reforma de los arts. 62, 99, 100,101, 114 y 115 de la Constituc…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone sustituir el actual régimen parlamentario de investidura indirecta del Presidente del Gobierno por el Congreso de los Diputados (art. 99 CE) por un sistema presidencialista o semipresidencialista de elección directa en urna mediante circunscripción única nacional cada cuatro años. Para ello plantea reformar los artículos 62, 99, 100, 101, 114 y 115 de la Constitución Española, separando el origen de la legitimidad del Poder Ejecutivo respecto de las Cortes Generales y eliminando la necesidad de pactos parlamentarios de investidura.
A favor
Desde la ruptura del bipartidismo en 2015, España ha sufrido bloqueos institucionales recurrentes (repeticiones electorales en 2016 y nov. 2019, periodos de Gobierno en funciones de más de 300 días y tres años consecutivos de prórrogas presupuestarias). La elección directa del jefe del Ejecutivo impediría que partidos nacionalistas o regionalistas con menos del 1,5% o 2% de los votos nacionales condicionen la formación del Gobierno de la Nación, dotando al Ejecutivo de un mandato directo e igualitario de todo el cuerpo electoral español, al estilo de sistemas como el francés o el estadounidense.
En contra
El artículo 1.3 de la Constitución Española define como forma política del Estado español la «Monarquía parlamentaria», ubicada en el Título Preliminar; por tanto, transformar el sistema parlamentario en uno de corte presidencialista exigiría activar el procedimiento agravado de revisión constitucional del artículo 168 CE (dos tercios de ambas Cámaras, disolución de las Cortes, nuevas elecciones, nueva aprobación por dos tercios y referéndum nacional). Asimismo, la literatura comparada (Juan J. Linz, *The Perils of Presidentialism*) advierte que la doble legitimidad democrática entre un Presidente elegido directamente y un Parlamento de signo político opuesto suele generar parálisis legislativa y presupuestaria crónica (*gridlock*).
Organización Territorial, Autogobierno y Financiación Autonómica
Modelo territorial, competencias autonómicas y forales, financiación territorial, insularidad y ciudades autónomas.
Supresión de diputaciones provinciales.
«Supresión de diputaciones provinciales.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone la eliminación de las 38 Diputaciones Provinciales de régimen común (más las 3 forales vascas) como nivel político-administrativo intermedio de elección indirecta, traspasando sus competencias de asistencia técnica y prestación de servicios supramunicipales bien a los propios municipios o mancomunidades, bien a la Administración correspondiente, lo que requeriría la reforma del artículo 141 de la Constitución Española y de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL).
A favor
Las 38 Diputaciones Provinciales de régimen común manejan presupuestos agregados superiores a los 7.500-8.500 millones de euros anuales ( más de 16.000 millones si se incluyen las Diputaciones Forales vascas y los Cabildos y Consejos Insulares), cuentan con más de 1.000 diputados provinciales que no son elegidos directamente por los ciudadanos sino repartidos entre los partidos en función de los concejales obtenidos, y han sido señaladas en numerosos informes del Tribunal de Cuentas y de la Fundación Alternativas o Fedea por su opacidad, duplicidad con las Comunidades Autónomas y uso clientelar de subvenciones nominativas.
En contra
El artículo 141.1 y 2 de la Constitución Española garantiza institucionalmente la existencia de la provincia como entidad local con personalidad jurídica propia y encomienda su gobierno y administración a las Diputaciones (doctrina de la garantía institucional provincial en la STC 32/1981 y STC 109/1998), por lo que suprimirlas exige una reforma constitucional por mayoría de tres quintos (art. 167 CE). Además, de los 8.132 municipios españoles, casi 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes y carecen de recursos técnicos y financieros para gestionar por sí solos servicios básicos como recogida de residuos, carreteras comarcales, extinción de incendios, agua o recaudación tributaria, que hoy les prestan las Diputaciones.
Cultura, Lenguas, Deporte y Memoria
Políticas culturales, industrias creativas, lenguas oficiales, fomento del deporte, patrimonio y políticas de memoria.
Defensa activa de la soberanía nacional, la identidad cultural y las tradiciones históricas de España
«Defensa de la soberanía, la identidad y nuestras tradiciones.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone una política integral de protección estatal para salvaguardar las raíces culturales históricas, las tradiciones festivas, la tauromaquia, las costumbres rurales y la lengua española frente a procesos de homogeneización cultural globalista o imposiciones ideológicas foráneas en la administración y la vida pública.
A favor
El artículo 46 de la Constitución obliga a los poderes públicos a garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. Las industrias vinculadas al patrimonio cultural, las fiestas populares y las tradiciones generan miles de millones de euros en turismo interior y constituyen el pegamento social de los pueblos.
En contra
La diversidad cultural y el pluralismo social son principios fundacionales del Estado democrático (art. 1.1 CE). Los críticos señalan que una defensa excluyente de ciertas tradiciones (como la tauromaquia) choca con la creciente sensibilidad social hacia el bienestar animal reflejada en encuestas demoscópicas y con la realidad de una España moderna, diversa y abierta al mundo.
Política Exterior, Unión Europea, Cooperación y Defensa
Acción exterior, Unión Europea, cooperación internacional al desarrollo, paz, seguridad y Fuerzas Armadas.
Recuperación de la soberanía nacional, neutralidad exterior y relaciones prioritarias con Hispanoamérica.
«España debe recuperar la soberanía, abandonar los alineamientos estratégicos otan-anglo-sionistas que van en contra de la PAZ y perjudican la convivencia entre ciudadanos y construir relaciones con Hispanoamérica basadas…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea un giro estratégico de la política exterior y de seguridad de España basado en tres ejes: recuperar la soberanía normativa y económica frente a las instituciones comunitarias de Bruselas, adoptar un estatuto de neutralidad militar desvinculándose de las intervenciones de la OTAN y de los intereses geopolíticos anglosajones, y reorientar la acción exterior y comercial española hacia los países de Hispanoamérica como espacio natural de afinidad histórica, lingüística y económica.
A favor
Según el Registro de Transparencia de la Unión Europea, operan en Bruselas más de 12.500 organizaciones y grupos de interés (*lobbies*) con un gasto declarado superior a los 1.800 millones de euros anuales, y más del 55%-60% de las leyes aprobadas en España proceden de la transposición de directivas y reglamentos europeos. Al mismo tiempo, Iberoamérica constituye una comunidad de casi 600 millones de hispanohablantes donde España es el segundo mayor inversor extranjero directo (con un stock de inversión superior a los 150.000 millones de euros según DataInvex).
En contra
De acuerdo con las estadísticas de comercio exterior de la Secretaría de Estado de Comercio (DataComex) y del Banco de España, la Unión Europea absorbe el 62,5% de todas las exportaciones españolas de bienes y servicios (más de 240.000 millones de euros anuales), mientras que toda América Latina en su conjunto representa apenas el 4,5%-5% de las exportaciones españolas. Abandonar los marcos estratégicos occidentales y europeos aislaría a España de sus principales mercados comerciales, cadenas de suministro e inversiones tecnológicas.
Referéndum vinculante sobre la permanencia o salida de España de la Unión Europea.
«1. ¿Para qué seguir en este modelo de Unión Europea? Existe una pérdida de soberanía en materia económica y legislativa, una imposición de políticas migratorias contrarias a los intereses nacionales, dependencia de insti…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone convocar un referéndum nacional vinculante para que los ciudadanos españoles decidan directamente entre permanecer en la Unión Europea o activar el procedimiento de retirada del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea («Spexit»). La medida se fundamenta en el rechazo a la cesión de soberanía económica, monetaria y legislativa a la Comisión Europea y al BCE, así como al endeudamiento mancomunado y a las regulaciones sobre Zonas de Bajas Emisiones, euro digital y pacto migratorio.
A favor
España nunca celebró un referéndum para aprobar su adhesión a las Comunidades Europeas en 1985 ni para ratificar el Tratado de Maastricht (1992), el Tratado de Ámsterdam (1997), el Tratado de Niza (2001) o el Tratado de Lisboa (2007), a pesar de la profunda cesión de competencias soberanas ejercida por la vía del artículo 93 CE. Además, tras haber sido receptor neto histórico, el fin de los fondos extraordinarios NextGenerationEU y la devolución de los préstamos y recursos propios europeos convertirán progresivamente a España en contribuyente neto o neutro al presupuesto ordinario de la UE.
En contra
Desde su ingreso en 1986, España ha recibido un saldo financiero positivo neto superior a los 150.000 millones de euros en fondos de cohesión, FEDER y PAC, además de 163.000 millones asignados en el Plan de Recuperación NextGenerationEU y el respaldo del BCE a la deuda pública española (cuyo *stock* supera los 1,62 billones de euros, más del 102% del PIB). La experiencia empírica del *Brexit* en Reino Unido (estimada por la *Office for Budget Responsibility* británica en una pérdida permanente del 4% del PIB y una caída del 15% del comercio) y los datos del Eurobarómetro (donde más del 75%-80% de los españoles apoya la pertenencia a la UE y al euro) evidencian el altísimo coste económico y social de una salida de la Unión.
Referéndum vinculante sobre la permanencia o salida de España de la OTAN.
«2.- ¿Debe España continuar en la OTAN donde hay una participación en guerras ajenas que solo benefician a Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Rusia y China? España no debe entrar en guerras extranjeras, financiando la d…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea la convocatoria de un referéndum nacional vinculante para que la ciudadanía española decida si España permanece en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o denuncia el Tratado de Washington conforme a su artículo 13 para abandonar la Alianza Atlántica y adoptar un estatuto de neutralidad militar activa, evitando el envío de tropas y recursos financieros a conflictos exteriores y el incremento obligatorio del gasto militar.
A favor
El referéndum consultivo sobre la permanencia en la OTAN celebrado el 12 de marzo de 1986 estableció tres condiciones explícitas (no incorporación a la estructura militar integrada, prohibición de armas nucleares en territorio español y reducción progresiva de la presencia militar de EE. UU.), pero en 1997-1999 España se integró plenamente en la estructura militar sin nueva consulta popular, y los escudos antimisiles en Rota han ampliado el contingente estadounidense. Asimismo, los territorios españoles de Ceuta y Melilla no están cubiertos de forma automática por el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte (definido geográficamente en el artículo 6).
En contra
Según los estudios del Real Instituto Elcano y las encuestas del CIS y de la propia OTAN (*NATO Annual Tracking Research*), más del 70%-75% de los ciudadanos españoles respalda hoy la permanencia de España en la Alianza Atlántica como pilar de la seguridad colectiva tras la invasión rusa de Ucrania en 2022 y el ingreso en la OTAN de países históricamente neutrales como Suecia y Finlandia. Abandonar la OTAN obligaría a España a asumir en solitario el coste íntegro de su disuasión estratégica, inteligencia satelital, ciberdefensa y defensa aérea, multiplicando muy por encima del 2% del PIB el presupuesto militar necesario.