Eliminación de la inmunidad parlamentaria y aforamientos de diputados, senadores y ministros.
«Eliminación de la inmunidad parlamentaria y aforamientos de diputados, senadores y ministros. No gozarán de inmunidad y serán Juzgados por los Tribunales y Juzgados Ordinarios. Reforma de los arts. 71 y 102 de la Constitución.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea la reforma de los artículos 71 y 102 de la Constitución Española (y consecuentemente de los Estatutos de Autonomía y de la Ley Orgánica del Poder Judicial) para suprimir por completo la inmunidad parlamentaria (que exige suplicatorio de las Cámaras para inculpar o procesar a diputados y senadores) y el fuero especial ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para parlamentarios y miembros del Gobierno, de modo que sean investigados y enjuiciados por los jueces de instrucción y tribunales ordinarios en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos.
A favor
De acuerdo con informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), España ha llegado a contar con cerca de 250.000 personas aforadas (incluyendo más de 2.000 cargos políticos estatales y autonómicos, además de miembros de la carrera judicial, fiscal y fuerzas de seguridad), frente a países como Reino Unido, Alemania o Estados Unidos donde no existe el aforamiento penal para diputados, o Francia e Italia donde se circunscribe exclusivamente a delitos cometidos en el ejercicio estricto de las funciones ministeriales.
En contra
Los defensores constitucionales de la inmunidad parlamentaria (art. 71.2 CE) y del aforamiento ante el Tribunal Supremo (arts. 71.3 y 102.1 CE) sostienen que estas prerrogativas no constituyen privilegios personales sino garantías institucionales frente al uso instrumental de querellas políticas (lawfare) para alterar mayorías parlamentarias. En sentido contrario al diseño actual, el enjuiciamiento en única instancia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo priva al aforado del derecho ordinario al doble grado de jurisdicción penal, como ha señalado el Comité de Derechos Humanos de la ONU al amparo del artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.