Garantía por la Armada Española de que ningún barco de ONG pueda actuar como cómplice de las mafias migratorias.
«La Armada Española garantizará que ningún barco de ONG pueda actuar como cómplice de las mafias migratorias.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone utilizar las unidades de la Armada Española y la autoridad marítima de la Dirección General de la Marina Mercante para prohibir el atraque en puertos españoles, inmovilizar administrativamente y perseguir penalmente por favorecimiento de la inmigración ilegal (art. 318 bis del Código Penal) a los buques operados por organizaciones no gubernamentales nacionales o extranjeras que realicen operaciones sistemáticas de recogida y traslado de inmigrantes irregulares hacia territorio español.
A favor
Informes de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) y de fiscalías antimafia europeas (como en Italia) han señalado que la presencia permanente y previsible de buques de ONG frente a las costas africanas altera el modelo de negocio de los traficantes de personas, quienes lanzan al mar embarcaciones sin combustible ni condiciones de navegabilidad sabiendo que serán recogidas a pocas millas de la costa. La Ley de Navegación Marítima y el Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado facultan a las capitanías marítimas para sancionar con multas de hasta 901.000 euros e inmovilizar buques que realicen actividades de búsqueda y rescate activas sin autorización del Estado rector del pabellón o del centro coordinador SAR.
En contra
El artículo 318 bis.1, párrafo tercero, del Código Penal español (en consonancia con la Directiva 2002/90/CE de la UE, aunque de forma obligatoria en España) establece expresamente que los hechos de ayuda a la entrada irregular «no serán punibles cuando el objetivo perseguido por el autor fuere únicamente prestar ayuda humanitaria a la persona de que se trate». Asimismo, según los datos oficiales del Ministerio del Interior, en la ruta atlántica hacia Canarias y en el Estrecho y Alborán más del 99% de los rescates marítimos los ejecuta el organismo público estatal Salvamento Marítimo (SASEMAR) y la Guardia Civil, no barcos privados de ONG.