Euzko Alderdi Jeltzalea - Partido Nacionalista Vasco
Euskadi Zaindu. Defender. Acordar. Exigir. Programa Elecciones Generales 2026 · 225 propuestas · 43 páginas · lectura estimada ~49 min
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Posturas en debates clave
Síntesis en 4 cuestiones centrales enlazadas a su cita.
Deben prohibirse las regularizaciones masivas o extraordinarias de personas migrantes y reforzarse las expulsiones y el control fronterizo.
Debe ampliarse el autogobierno de las comunidades autónomas completando las transferencias de competencias y avanzando hacia una financiación bilateral o de concierto.
Debe mantenerse o ampliarse la prisión permanente revisable y endurecerse el cumplimiento íntegro de las penas frente a modelos centrados en la justicia restaurativa.
Vocabulario más característico
Comparar vocabulario →Vivienda, Urbanismo y Mercado del Alquiler
Acceso a la vivienda, parque público, rehabilitación, regulación del alquiler, suelo urbanizable y seguridad jurídica residencial.
(1.1-01) Agilizar los trámites urbanísticos para facilitar la construcción de nuevas viviendas
«Agilizar los trámites urbanísticos para facilitar la construcción de nuevas viviendas, con plazos razonables y garantías legales.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone agilizar los trámites urbanísticos con plazos razonables y garantías legales para facilitar la construcción de nuevas viviendas y aumentar la oferta disponible.
A favor
Según datos del Observatorio Vasco de la Vivienda, la vivienda nueva iniciada en Euskadi cayó un 34 % en 2025 hasta 1.395 unidades, mientras el precio medio de la vivienda libre ronda los 3.489 €/m², lo que muestra una fuerte restricción de oferta nueva.
En contra
De acuerdo con el artículo 10.31 del Estatuto de Gernika y la doctrina constitucional (STC 61/1997), el urbanismo, la ordenación del territorio y la vivienda son competencia exclusiva de Euskadi, por lo que el grueso de la tramitación urbanística depende de normas autonómicas y municipales, no estatales.
(1.1-02) Movilizar viviendas vacías y rehabilitar edificios para aumentar la oferta residencial
«Movilizar viviendas vacías y rehabilitar edificios para aumentar la oferta residencial.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea movilizar viviendas vacías y rehabilitar edificios existentes para incrementar la oferta residencial en el mercado.
A favor
Según la Encuesta sobre el Uso de la Vivienda del Gobierno Vasco, aunque Euskadi tiene un parque relativamente movilizado, existen algo más de 25.000 viviendas deshabitadas potencialmente gestionables que podrían reforzar la oferta de alquiler en zonas de alta demanda.
En contra
El estudio del INE sobre vivienda vacía refleja que Euskadi presenta un 6,5 % de viviendas vacías (69.952 unidades), una de las tasas más bajas de España frente a una media estatal superior al 14 %, por lo que el margen adicional de movilización mediante el canon autonómico existente (Decreto 149/2021) es limitado.
(1.1-03) Evitar que los contratos de temporada se utilicen fraudulentamente para eludir las garantías del alquiler habitual
«Evitar que los contratos de temporada se utilicen fraudulentamente para eludir las garantías del alquiler de vivienda habitual.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone evitar el uso fraudulento de los contratos de arrendamiento de temporada cuando se emplean para eludir las garantías legales del alquiler de vivienda habitual.
A favor
Tras la aplicación de topes de renta en zonas tensionadas como Donostia-San Sebastián, estudios del sector y análisis recogidos en prensa indican que los contratos de temporada y por habitaciones han llegado a superar la mitad de los anuncios en varios mercados urbanos para esquivar prórrogas y límites de la LAU.
En contra
Operadores inmobiliarios y estudios jurídicos advierten de que restringir o asimilar en exceso los contratos temporales a los habituales puede retraer la oferta de propietarios que sí necesitan disponibilidad a medio plazo o atienden demanda estacional legítima, además de que la jurisprudencia ya permite anular la simulación bajo el art. 6.4 del Código Civil.
Economía, Industria, Innovación y Turismo
Política industrial, productividad, I+D+i, comercio, digitalización y sector turístico.
(2.1-01) Fortalecer la industria vasca mediante una legislación industrial que respete la realidad y competencias de Euskadi
«Fortalecer la industria vasca, facilitando la inversión, la innovación y la modernización productiva mediante una legislación industrial que tenga en cuenta nuestra realidad.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone que la nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica estatal respete escrupulosamente la competencia exclusiva que el artículo 10.30 del Estatuto de Gernika atribuye al País Vasco en materia de industria, y se coordine con la futura Ley de Desarrollo Industrial de Euskadi y el Plan de Industria Euskadi 2030, facilitando incentivos a la inversión productiva, la descarbonización y el mantenimiento del tejido manufacturero.
A favor
Según Eustat y el INE, la industria (incluyendo energía) aporta en torno al 24%-24,6% del PIB de Euskadi (superando el 30% en Gipuzkoa y Araba y acercándose al 40% si se suman los servicios avanzados conexos a la industria), frente a apenas el 16% de media en España y el 20% objetivo de la Unión Europea. El sector manufacturero vasco genera más de 215.000 empleos directos de alta calidad, con salarios un 25% superiores al sector servicios y concentra más del 50% del esfuerzo en I+D.
En contra
El Ministerio de Industria y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sostienen que la ley estatal debe preservar una base regulatoria común en seguridad industrial, registro integrado y gestión de proyectos estratégicos de ámbito supraterritorial (conforme al art. 149.1.13 CE sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica) para evitar la fragmentación del mercado interior.
(2.1-02) Asegurar el cumplimiento de los compromisos del Estado con las empresas vascas participadas y el arraigo de sus centros de decisión
«Asegurar el cumplimiento de los compromisos del Estado con las empresas vascas en las que tenga participación o financiación pública, defendiendo la actividad industrial, el empleo y el mantenimiento de los centros de de…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Exige que la participación accionarial o financiera del Estado (a través de la SEPI, el fondo COFIDES o instrumentos del Ministerio de Industria) en empresas tractores vascas —como la entrada conjunta de Finkatuz (Instituto Vasco de Finanzas), fundaciones bancarias y SEPI en Talgo o el apoyo a ITP Aero, Siemens Gamesa, Mercedes-Benz o Sidenor— garantice por pacto de accionistas el mantenimiento de la sede social, fiscal, los centros de I+D y la carga de trabajo en las plantas de Euskadi.
A favor
La pérdida del centro de decisión de empresas históricas vascas adquiridas por multinacionales o fondos foráneos (como ocurrió con Euskaltel/MasOrange, Gamesa o Ibermática) suele derivar a medio plazo en el traslado de servicios centrales, compras e I+D fuera de Euskadi. En operaciones recientes como Talgo (con planta clave en Rivabellosa, Araba, y más de 700 empleos directos y miles de indirectos), la acción concertada del Gobierno Vasco (fondo Finkatuz, dotado con más de 300-400 millones €) y la SEPI ha sido determinante para blindar el arraigo industrial.
En contra
La normativa europea de ayudas de Estado y libre circulación de capitales (art. 63 TFUE) limita la capacidad de los poderes públicos para vetar adquisiciones extranjeras salvo por razones estrictas de seguridad nacional, orden público o sectores estratégicos (escudo anti-OPAs), y los analistas financieros advierten de que la intervención política en el accionariado de empresas cotizadas puede desincentivar la inversión privada internacional si bloquea operaciones con prima de mercado.
(2.1-03) Proteger el futuro industrial de comarcas en transformación como Aiaraldea mediante inversiones y descarbonización
«Proteger el futuro industrial de las comarcas especialmente afectadas por procesos de crisis o transformación, como Aiaraldea, mediante inversiones, innovación, descarbonización, disponibilidad de suelo industrial y diál…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea canalizar inversiones estatales y europeas (PERTE de Descarbonización Industrial, fondos de transición y reindustrialización) en coordinación con los Planes Estratégicos Comarcales de las Zonas de Actuación Preferente (ZAP) del Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales (especialmente Aiaraldea en Araba/Bizkaia, Enkarterri, Ezkerraldea, Meatzaldea y Oarsoaldea) para regenerar suelo industrial, modernizar plantas siderúrgicas, vidrieras y tuberas, y atraer nuevos proyectos tractores.
A favor
Comarcas de fuerte especialización manufacturera tradicional como Aiaraldea (Llodio, Amurrio, Ayala), donde la industria del acero, el tubo sin soldadura (Tubacex, Tubos Reunidos) y el vidrio (Guardian, Vidrala) representa cerca del 40% del empleo comarcal, han sufrido reestructuraciones, cierres de hornos y pérdida de tejido auxiliar que elevaron su tasa de paro comarcal varios puntos por encima de la media alavesa, motivando el Plan de Actuación Inmediata de Aiaraldea del Gobierno Vasco y la Diputación de Álava.
En contra
Sindicatos y plataformas comarcales de Aiaraldea y Ezkerraldea han criticado que parte de las inversiones de los planes institucionales de revitalización se ejecutan con lentitud burocrática y que las subvenciones públicas a grandes corporaciones energéticas o siderúrgicas no siempre llevan aparejadas cláusulas vinculantes de mantenimiento de plantilla fija a largo plazo, como evidenciaron los conflictos laborales en plantas vidrieras y auxiliares.
Fiscalidad, Impuestos y Hacienda Pública
IRPF, IVA, Impuesto sobre Sociedades, fiscalidad patrimonial, incentivos tributarios y lucha contra el fraude fiscal.
(2.3-06) Reducir de forma permanente el Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%
«Reducir de forma permanente el Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5 %, dentro de los límites permitidos por la normativa europea.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar el artículo 99 de la Ley 38/1992 de Impuestos Especiales para consolidar de manera estructural y definitiva el tipo impositivo del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) en el mínimo del 0,5% (o 0,5 €/MWh para usos empresariales y 1 €/MWh para el resto según la Directiva 2003/96/CE), frente al tipo general del 5,11269632% que volvió a aplicarse tras el fin de las medidas anticrisis.
A favor
Para la industria electrointensiva y manufacturera vasca (siderurgia, fundición, cemento, vidrio, papel, máquina-herramienta) y para los hogares que electrifican su calefacción y movilidad, gravar la electricidad con un 5,11% (sobre el cual además se aplica posteriormente el 21% de IVA, generando doble imposición) penaliza la descarbonización. Mantener el tipo en el mínimo europeo del 0,5% (como se aplicó temporalmente entre septiembre de 2021 y principios de 2024) abarata un 4,6% directo la factura antes de IVA.
En contra
El Impuesto Especial sobre la Electricidad es un tributo cedido al 100% a las Comunidades Autónomas de régimen común y concertado en el País Vasco y Navarra (Ley 12/2002 del Concierto Económico, art. 33). Según la AIReF y el Ministerio de Hacienda, rebajar permanentemente el IEE del 5,11% al 0,5% supone una pérdida recaudatoria de unos 1.100 a 1.300 millones de euros anuales en el conjunto del Estado (y decenas de millones para las Haciendas Forales vascas).
(2.7-01) Favorecer una reforma integral del IVA de bienes y servicios esenciales (pescado, carne, productos para celíacos, energía y transporte)
«Favorecer una reforma integral del IVA de los bienes y servicios esenciales, estudiando la aplicación de tipos cero o superreducidos a determinados alimentos básicos (pescado, carne, entre otros) y a productos alimentici…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar el artículo 91 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido —aprovechando la flexibilidad otorgada por la Directiva (UE) 2022/542 del Consejo sobre tipos del IVA— para incluir el pescado, la carne y los productos específicos sin gluten para personas celíacas en el tipo superreducido del 4% (o tipo 0% en alimentos básicos) y revisar a la baja la tributación de suministros energéticos domésticos y transporte público.
A favor
Cuando el Gobierno central aprobó las rebajas temporales del IVA de alimentos en 2023-2024 (RDL 20/2022), excluyó inexplicablemente al pescado y la carne pese a que ambos son pilares de la dieta mediterránea y atlántica y pese a que el consumo de pescado fresco en los hogares ha caído más de un 30% desde 2008 según el Panel de Consumo Alimentario del MAPA, golpeando directamente a la flota pesquera vasca. Asimismo, según la Federación de Asociaciones de Celíacos (FACE y EZE en Euskadi), una familia con una persona celíaca soporta un sobrecoste en la cesta de la compra de entre 900 y 1.100 euros anuales por productos específicos que no son un capricho sino su único tratamiento médico.
En contra
La AIReF y el Banco de España han estimado que las rebajas generalizadas del IVA en alimentos y energía realizadas entre 2021 y 2024 tuvieron un coste fiscal superior a los 12.000-15.000 millones de euros y beneficiaron en mayor cuantía absoluta a los hogares de rentas altas (que consumen más carne, pescado de mayor precio y energía) que a los hogares vulnerables. En el caso de Euskadi, dado que el IVA se recauda por ajuste y gestión foral conforme al Concierto Económico, reducir la base del IVA disminuye también de forma proporcional la recaudación de las tres Haciendas Forales.
(2.7-02) Revisar el IVA cultural para favorecer la actividad de artistas y galerías de arte
«Revisar el IVA cultural para favorecer la actividad de artistas y galerías, aprovechando las posibilidades de la normativa europea.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea modificar la Ley 37/1992 del IVA para transponer en España la posibilidad habilitada por la Directiva (UE) 2022/542 de aplicar el tipo reducido (del 10% o inferior, frente al 21% que grava actualmente las entregas de obras de arte por galerías y marchantes) a las entregas de objetos de arte, antigüedades y objetos de colección, corrigiendo la desventaja competitiva de las galerías y artistas vascos y españoles frente a sus homólogos europeos.
A favor
Según el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo y asociaciones de artistas visuales de Euskadi, mientras Francia aplica desde enero de 2025 un IVA del 5,5% a las ventas en galerías de arte, Alemania el 7% e Italia el 5%, España mantiene las ventas a través de galerías gravadas al tipo general del 21% (cuatro veces más que en Francia o Italia). Esto penaliza gravemente a las galerías vascas en ferias internacionales (como ARCO) y desvía compradores y artistas hacia el mercado francés o alemán con un impacto recaudatorio estatal mínimo (apenas 25-35 millones € anuales).
En contra
Desde el Ministerio de Hacienda se ha objetado tradicionalmente que la compra de obras de arte en el mercado primario y secundario de galerías se concentra mayoritariamente en contribuyentes de alto patrimonio o coleccionistas corporativos, por lo que aplicar un tipo reducido o superreducido de IVA a las transacciones de arte tendría un carácter fiscalmente regresivo en comparación con bienes de primera necesidad.
Empleo, Autónomos y Relaciones Laborales
Mercado de trabajo, salarios, jornada laboral, negociación colectiva, emprendimiento y régimen de trabajadores autónomos.
(1.2-03) Favorecer medidas que mejoren la conexión entre formación y empleo juvenil de calidad
«Favorecer medidas que mejoren la conexión entre formación y empleo, facilitando la incorporación de las personas jóvenes a puestos de trabajo de calidad y acordes con su preparación.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea impulsar medidas que refuercen el vínculo entre formación y empleo para facilitar la inserción de las personas jóvenes en puestos de trabajo de calidad acordes con su cualificación.
A favor
Según datos oficiales del Gobierno Vasco y Eustat, la formación superior actúa como un factor clave frente al desempleo juvenil y ha contribuido a situar el paro de la juventud vasca (16-29 años) en niveles mínimos de los últimos quince años, aunque persiste el reto de ajustar la oferta formativa a puestos cualificados.
En contra
Las evaluaciones del gasto público (Spending Review) de la AIReF advierten de que las bonificaciones generalizadas a la contratación juvenil tienen un impacto modesto sobre la empleabilidad a largo plazo y generan un elevado efecto «peso muerto» al subvencionar empleos que las empresas habrían creado igualmente.
(1.3-01) Reclamar la competencia plena para establecer un salario mínimo propio en Euskadi adaptado al coste de vida
«Reclamar, en el marco de un nuevo estatus político para Euskadi, la competencia plena para establecer un salario mínimo propio, adaptado al coste de vida y siempre por encima del mínimo estatal. Impulsar su definición me…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea que, dentro de un nuevo pacto estatutario o mediante la modificación del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores y la concertación social, Euskadi asuma la competencia para fijar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) propio —siempre superior al suelo estatal— adecuado a la mayor carestía de la vida en la CAE, articulándolo a través del diálogo social tripartito o acuerdos interprofesionales entre sindicatos y patronal vasca (Confebask).
A favor
Según datos del INE, Eustat y estudios de paridad de poder adquisitivo (como los de Funcas y el Gobierno Vasco), el coste de la vida en Euskadi (especialmente por vivienda y cesta de la compra) es entre un 12% y un 18% superior a la media española, y el salario medio bruto anual vasco (~33.500 €/año en la Encuesta de Estructura Salarial del INE) supera en más de un 20% al promedio estatal. Además, la Directiva (UE) 2022/2041 sobre salarios mínimos adecuados recomienda situar el salario mínimo en torno al 60% del salario mediano o el 50% del salario medio del territorio de referencia.
En contra
El artículo 149.1.7 de la Constitución Española reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la 'legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas', y el Tribunal Constitucional (STC 31/2010 y doctrina reiterada) ha establecido que la fijación normativa del SMI corresponde en exclusiva al Gobierno del Estado para preservar un suelo salarial único. Por su parte, la patronal Confebask advierte que fijar por ley un SMI autonómico diferenciado al margen de la productividad sectorial encarecería los costes en comercio, hostelería y cuidados.
(1.3-02) Proteger el marco vasco de relaciones laborales y la prevalencia de los convenios colectivos vascos
«Proteger un marco propio de relaciones laborales y la prevalencia de los convenios colectivos vascos, en los términos previstos legalmente, cuando establezcan condiciones más favorables para las personas trabajadoras.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Defiende consolidar y blindar jurídicamente la reforma del artículo 84.3 y 84.4 del Estatuto de los Trabajadores (lograda a instancias del PNV en el Real Decreto-ley 2/2024), que garantiza la prioridad aplicativa de los convenios colectivos y acuerdos interprofesionales autonómicos y provinciales (de los Territorios Históricos de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) frente a los convenios sectoriales estatales siempre que su regulación resulte más favorable para las personas trabajadoras.
A favor
Según el Consejo de Relaciones Laborales de Euskadi (CRL/LHK), los convenios colectivos sectoriales provinciales y autonómicos vascos cubren a más de 580.000 personas trabajadoras con salarios pactados que son, de media, entre un 15% y un 25% superiores a los fijados en los convenios estatales del mismo sector (por ejemplo, en metalurgia, construcción, limpieza o comedores escolares), y con jornadas anuales medias inferiores (en torno a 1.703 horas anuales en la CAE frente a 1.750 horas en el conjunto del Estado).
En contra
Organizaciones empresariales de ámbito estatal (CEOE) y grandes empresas multiservicios o de implantación nacional argumentan que fragmentar la estructura de la negociación colectiva en 17 marcos autonómicos y 50 provinciales dificulta la movilidad geográfica interna, incrementa los costes de gestión de recursos humanos para empresas que operan en varias comunidades y puede generar litigiosidad sobre qué convenio resulta 'en su conjunto más favorable'.
Pensiones, Bienestar Social, Igualdad y Reto Demográfico
Sistema público de pensiones, personas mayores, discapacidad, inclusión social, políticas de igualdad y despoblación.
(2.5-12) Mejorar la protección social de las personas trabajadoras del mar y las mujeres del sector (rederas, neskatilas y empacadoras)
«Mejorar la protección social de las personas trabajadoras del mar, incluyendo el reconocimiento de coeficientes reductores de jubilación para las personas autónomas de la pesca y la comercialización, y medidas específica…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar la Ley 47/2015 reguladora de la protección social de las personas trabajadoras del Sector Marítimo-Pesquero (Régimen Especial del Mar gestionado por el Instituto Social de la Marina - ISM) para consolidar y ampliar los coeficientes reductores de la edad de jubilación y el reconocimiento de enfermedades profesionales a los autónomos del mar, comercializadores portuarios y, muy especialmente, a los colectivos feminizados de tierra (rederas, neskatilas y empacadoras de los puertos vascos).
A favor
Gracias a las iniciativas impulsadas por el PNV en las Cortes Generales (como la reforma de la Ley 47/2015 en 2023), se logró incluir a las rederas, neskatilas y empacadoras (colectivos integrados casi al 100% por mujeres en puertos como Ondarroa, Bermeo, Getaria u Hondarribia que trabajan a la intemperie o en ambientes húmedos con sobreesfuerzo músculo-esquelético severo) en el coeficiente reductor del 0,15 en su edad de jubilación. Quedan aún pendientes mejoras en sus bases de cotización en periodos de inactividad biológica y en el reconocimiento directo de patologías profesionales.
En contra
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el ISM aplican criterios restrictivos antes de extender nuevos coeficientes reductores en el Régimen Especial del Mar a actividades desarrolladas en tierra (comercialización mayorista o labores auxiliares portuarias), argumentando que la jubilación anticipada bonificada sin penalización debe reservarse a los trabajos a bordo o de exposición física extrema debidamente acreditada por estudios de siniestralidad y morbilidad del INSST.
(3.3-01) Asegurar la aplicación efectiva de las leyes de igualdad y la perspectiva de género en las políticas públicas
«Asegurar la aplicación efectiva de las leyes de igualdad y la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas, desde su elaboración hasta su evaluación.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Exige blindar y reforzar los informes de impacto de género preceptivos en todas las iniciativas normativas estatales y presupuestarias, garantizando la coordinación con los marcos avanzados autonómicos (como la Ley vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, aprobada por Ley 1/2022 del Parlamento Vasco) y evaluando ex post la efectividad de las medidas.
A favor
Según el Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) y el informe de brecha de género de Eustat, la brecha salarial de género en Euskadi se sitúa en torno al 17,9% y el 76,4% de las jornadas parciales corresponden a mujeres, lo que evidencia que la transversalidad de género en la legislación laboral y fiscal estatal sigue siendo imprescindible para corregir desigualdades estructurales.
En contra
Diversos sectores empresariales y grupos conservadores argumentan que la acumulación de trámites administrativos, auditorías de planes de igualdad y memorias preceptivas de impacto de género incrementa los costes de gestión burocrática en pequeñas y medianas empresas que carecen de departamentos específicos de recursos humanos.
(3.3-02) Asegurar la transposición de las Directivas europeas 2024/1499 y 2024/1500 respetando a Emakunde
«Asegurar la transposición y aplicación de las Directivas europeas 2024/1499 y 2024/1500, reforzando la independencia y capacidad de actuación de los organismos de igualdad y respetando las competencias y funciones de Ema…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Demanda que la transposición al ordenamiento jurídico español de las Directivas europeas sobre normas relativas a los organismos de igualdad (2024/1499 y 2024/1500) reconozca formalmente el estatus, competencias exclusivas y plena independencia de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, impidiendo que los organismos estatales centralicen la tutela, supervisión o representación ante la Unión Europea.
A favor
Emakunde fue creado en 1988 por la Ley 2/1988 del Parlamento Vasco y cuenta con un reconocido prestigio internacional en las Naciones Unidas y la Comisión Europea por sus políticas públicas de igualdad. Las Directivas comunitarias exigen dotar a los organismos de igualdad de garantías procesales de independencia, legitimación activa para litigar y recursos presupuestarios adecuados sin subordinarlos a directrices gubernamentales.
En contra
Desde la Administración General del Estado se argumenta que el Reino de España es el único sujeto soberano responsable del cumplimiento y transposición de directivas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), lo que aconseja articular un marco básico uniforme a través del Instituto de las Mujeres del Estado para evitar fragmentaciones en el reporte oficial a Bruselas.
Familia, Conciliación, Infancia y Juventud
Apoyo a las familias, permisos de crianza, conciliación corresponsable, protección a la infancia y emancipación juvenil.
(1.2-01) Promover medidas específicas para facilitar el acceso de las personas jóvenes a su primera vivienda
«Promover medidas específicas para facilitar el acceso de las personas jóvenes a su primera vivienda, tanto en régimen de alquiler como en propiedad.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea promover medidas específicas que faciliten el acceso de las personas jóvenes a su primera vivienda, tanto en alquiler como en propiedad.
A favor
Según el Observatorio Vasco de la Juventud, la edad media de emancipación en Euskadi se sitúa en los 29,8 años —más de tres años por encima de la media de la UE-27— y solo el 32,3 % de las personas jóvenes de 18 a 34 años vive fuera del hogar familiar, debido en gran medida al coste de acceso a la vivienda.
En contra
El Banco de España y análisis de organismos fiscales advierten de que las ayudas directas a la demanda juvenil (subvenciones al alquiler o avales hipotecarios a la entrada) pueden acabar trasladándose a mayores precios si no se incrementa simultáneamente la oferta de vivienda nueva.
(1.2-04) Incorporar la emancipación juvenil como prioridad y criterio de evaluación en las reformas estatales
«Incorporar la emancipación juvenil como una prioridad en las reformas estatales de vivienda, empleo, salarios y protección social, evaluando cómo afectan estas decisiones a la capacidad de las personas jóvenes para vivir…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea establecer de forma preceptiva la evaluación de impacto sobre la emancipación juvenil en las Memorias del Análisis de Impacto Normativo (MAIN) de los proyectos de ley y reales decretos estatales en materia de vivienda, mercado laboral, fiscalidad, Seguridad Social y protección social, siguiendo el modelo de la Ley 2/2022 de Juventud del País Vasco y la Estrategia Vasca 2030 para favorecer la Emancipación Juvenil.
A favor
Según el Consejo de la Juventud de España (CJE) y el Consejo de la Juventud de Euskadi (EGK), la tasa de emancipación juvenil en España apenas alcanza el 16,3% entre los 16 y 29 años (y en torno al 17%-19% en Euskadi según Gazteen Euskal Behatokia), prácticamente la mitad de la media europea (31,9%). Este retraso hunde la tasa de fecundidad vasca hasta 1,12 hijos por mujer (una de las más bajas del mundo según Eustat) y retrasa la formación de nuevos hogares.
En contra
La inclusión de nuevos informes transversales en las Memorias de Impacto Normativo (que ya acumulan informes de impacto de género, infancia, familia, reto demográfico, cambio climático y unidad de mercado) suele convertirse en un trámite formalista sin efectos vinculantes ni dotación presupuestaria asociada si no se acompaña de reformas estructurales en los precios de la vivienda y los salarios reales de entrada.
(1.2-05) Promover políticas de emancipación estables, con financiación suficiente y respeto competencial
«Promover políticas de emancipación estables y con financiación suficiente, que complementen las iniciativas de las instituciones vascas y respeten sus competencias.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Reclama que los programas estatales dirigidos a la juventud (como el Bono Alquiler Joven estatal o los fondos de vivienda y empleo juvenil) tengan carácter plurianual estable y se transfieran o articulen respetando íntegramente las competencias exclusivas de Euskadi y el sistema del Concierto Económico, evitando duplicidades o requisitos estatales rígidos que colisionen con programas autonómicos consolidados como Gaztelagun y Emantzipa.
A favor
La experiencia del Bono Alquiler Joven estatal (RD 42/2022) puso de manifiesto las disfunciones de diseñar ayudas uniformes desde Madrid: mientras el programa estatal tenía carácter temporal (dos años) y topes de renta de alquiler de 600 €/mes inaplicables en mercados caros como Donostia o Bilbao, el programa vasco Gaztelagun ofrece ayudas estructurales y permanentes de hasta 300 €/mes con topes adaptados a las tres capitales vascas, sumando más de 7.000 jóvenes beneficiarios activos.
En contra
Desde la Administración General del Estado se argumenta que cuando los programas se financian con cargo a los Presupuestos Generales del Estado o fondos europeos del PRTR, el Ministerio competente debe fijar bases reguladoras comunes para garantizar la igualdad básica de acceso en todo el territorio (art. 149.1.1 CE) y cumplir los hitos comprometidos ante la Comisión Europea.
Sanidad Pública, Salud Mental y Dependencia
Atención primaria, listas de espera, personal sanitario, salud mental, cartera de servicios y atención a la dependencia.
(3.3-04) Proteger el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres
«Proteger el ejercicio efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, garantizando el acceso libre y seguro a los servicios sanitarios.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone asegurar en todo el Estado el acceso equitativo, gratuito y de proximidad a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en la red sanitaria pública conforme a la Ley Orgánica 1/2023, eliminando barreras burocráticas y garantizando la compatibilidad entre el derecho de objeción de conciencia de los profesionales y la prestación garantizada del servicio en hospitales de referencia.
A favor
Según datos del Ministerio de Sanidad, en varias comunidades autónomas españolas más del 80% o incluso el 90% de los abortos siguen derivándose a clínicas privadas concertadas debido a objeciones de conciencia en bloque de facultativos hospitalarios, mientras que Osakidetza en Euskadi ha consolidado protocolos en centros comarcales que combinan método farmacológico e instrumental con apoyo multidisciplinar.
En contra
Organizaciones médicas y comités de deontología profesional defienden que el derecho fundamental a la objeción de conciencia del personal médico, amparado por el Tribunal Constitucional (STC 53/1985 y doctrina posterior), no puede ser condicionado ni penalizado mediante registros administrativos restrictivos que puedan comprometer la carrera profesional del facultativo objetor.
(4.2-01) Adaptar el sistema MIR para evitar plazas vacantes y agilizar la acreditación de unidades docentes en Euskadi
«Formar más especialistas sanitarios donde se necesitan, adaptando el sistema MIR para adecuar la oferta de plazas a las necesidades reales de profesionales, evitar que queden vacantes y agilizar la acreditación de nuevas…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Reclama reformar el proceso de adjudicación de plazas de formación sanitaria especializada (MIR) del Ministerio de Sanidad para permitir la elección presencial o por turnos ágiles que impida que queden plazas vacantes en Medicina Familiar y Comunitaria, agilizando además la acreditación estatal de plazas docentes solicitadas por Osakidetza en hospitales y centros comarcales vascos.
A favor
En las últimas convocatorias MIR han quedado sin cubrir cientos de plazas de Medicina de Familia en el conjunto del Estado por rigideces de la plataforma telemática centralizada del Ministerio. Osakidetza afronta la jubilación de más de un tercio de su plantilla médica de atención primaria en el próximo lustro, requiriendo formar anualmente a más especialistas para garantizar el relevo generacional.
En contra
El Ministerio de Sanidad defiende el modelo telemático único como garantía de concurrencia competitiva e igualdad de acceso para los graduados de toda España, advirtiendo de que la acreditación de unidades docentes hospitalarias debe ajustarse a criterios de calidad clínica estrictos auditados por la Comisión Nacional de la Especialidad.
(4.2-02) Permitir la valoración del conocimiento de lenguas oficiales en el acceso a la formación MIR en comunidades bilingües
«Permitir la valoración del conocimiento de las lenguas oficiales en el acceso a la formación sanitaria especializada, en los territorios con más de una lengua oficial.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone modificar la normativa básica de las pruebas de formación sanitaria especializada para que en la fase de baremación de méritos de los aspirantes que eligen plaza formativa en comunidades con lengua cooficial propia pueda computarse como mérito el conocimiento certificado del euskera, garantizando el derecho lingüístico de los pacientes vascos.
A favor
El Estatuto de Autonomía de Gernika y la Ley 10/1982 del Euskera consagran el derecho de los ciudadanos a ser atendidos en euskera en todos los servicios públicos, incluida la sanidad de Osakidetza. Valorar el perfil lingüístico en la adjudicación MIR favorece la permanencia de los médicos residentes en el sistema público vasco una vez finalizado el periodo formativo.
En contra
Asociaciones médicas estatales y sindicatos profesionales defienden que el examen MIR y la adjudicación de plazas deben regirse con carácter exclusivo por los principios de mérito, capacidad y nota académica, sosteniendo que valorar lenguas autonómicas en una prueba de selección estatal rompería la igualdad de oportunidades entre aspirantes.
Educación, Formación Profesional y Universidad
Enseñanza obligatoria y postobligatoria, becas, profesorado, Formación Profesional y sistema universitario.
(1.3-09) Impulsar una regulación de las prácticas formativas que preserve su carácter educativo y la FP Dual vasca
«Impulsar una regulación de las prácticas formativas que garantice los derechos del alumnado y preserve su carácter educativo, respetando las competencias de Euskadi y el funcionamiento de la Formación Profesional Dual.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Busca reformar el denominado 'Estatuto del Becario' (Real Decreto-ley 2/2023 sobre cotización de prácticas y proyectos de regulación de prácticas académicas) para garantizar que las medidas contra el uso fraudulento de falsos becarios no laboralicen ni burocratizan las prácticas curriculares universitarias y de Formación Profesional, blindando el modelo vasco de FP Dual (Ikaslan/Hetel/Tknika) y las competencias educativas y de empleo de la CAE.
A favor
El modelo vasco de Formación Profesional Dual es referente europeo (reconocido por la Comisión Europea y Cedefop), con más de 12.000 estudiantes en modalidad dual en más de 7.500 empresas colaboradoras y tasas de inserción laboral superiores al 85%-90% (que rozan el 98% en ramas industriales como mecatrónica o fabricación mecánica según Lanbide). Tanto las universidades vascas (UPV/EHU, Deusto, Mondragon Unibertsitatea) como los centros de FP alertaron de que imponer topes rígidos y cargas administrativas estatales retrae a las pymes e instituciones de acoger alumnado en prácticas.
En contra
Los sindicatos mayoritarios a nivel estatal (CCOO y UGT, firmantes del acuerdo del Estatuto del Becario con el Ministerio de Trabajo en 2023) sostienen que una regulación estatal estricta —con compensación obligatoria de gastos, límites al porcentaje de personas en prácticas por plantilla y régimen sancionador laboral— es imprescindible para erradicar la sustitución encubierta de puestos de trabajo estructurales por estudiantes en prácticas.
(1.4-01) Preservar las competencias educativas de Euskadi frente a interferencias estatales
«Preservar las competencias educativas de Euskadi, evitando interferencias estatales en los ámbitos de decisión que corresponden a las instituciones vascas.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Defiende el ejercicio íntegro de la competencia amplia que el artículo 16 del Estatuto de Gernika atribuye a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de enseñanza en toda su extensión, niveles, grados, modalidades y especialidades. Exige que la legislación orgánica estatal (LOMLOE y sus desarrollos reglamentarios sobre currículo, evaluación, admisión de alumnado y estatuto docente) no invada el desarrollo de la Ley 17/2023 de Educación de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
A favor
Gracias a su alto grado de autogobierno educativo y a una inversión pública por alumno de 10.691 euros en la enseñanza pública (la más alta de todas las Comunidades Autónomas, un 55% superior a la media estatal de ~6.890 € según estadísticas del Ministerio de Educación y Eustat), Euskadi presenta la tasa de abandono educativo temprano más baja de España (en torno al 5%-6,4% frente al 13% estatal y por debajo del objetivo europeo del 9%) y la mayor tasa de escolarización de 0 a 3 años (superando el 53% gracias al Consorcio Haurreskolak).
En contra
El artículo 149.1.30 de la Constitución Española reserva al Estado la regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y las normas básicas para el desarrollo del artículo 27 CE. Además, los resultados de Euskadi en el informe PISA 2022 de la OCDE (482 puntos en Matemáticas, 466 en Lectura y 480 en Ciencias) mostraron un retroceso respecto a ediciones previas que abrió un intenso debate interno sobre la eficacia pedagógica más allá del reparto competencial.
(1.4-02) Impulsar una educación inclusiva, plurilingüe e intercultural que garantice la igualdad de oportunidades
«Impulsar una educación inclusiva, plurilingüe e intercultural, que garantice los derechos de la infancia y la adolescencia y la igualdad de oportunidades.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Respalda el despliegue del nuevo marco plurilingüe e intercultural articulado en la Ley 17/2023 de Educación vasca (con el euskera como eje vertebrador junto al castellano y al menos una lengua extranjera, garantizando el nivel B2 al finalizar la ESO), combinado con medidas contra la segregación escolar por razones socioeconómicas o de origen y con recursos de apoyo a las necesidades educativas especiales.
A favor
Según datos del Departamento de Educación del Gobierno Vasco y Eustat, la proporción de alumnado de origen extranjero en las aulas vascas se ha duplicado en la última década hasta situarse en torno al 12%-14%, con una distribución históricamente desigual entre la red pública (que escolariza al ~50% del alumnado total pero a cerca del 68% del alumnado migrante o con menor índice socioeconómico) y la red concertada/ikastolas (~50% del total), lo que justificó el pacto educativo vasco para equilibrar la matrícula vulnerable.
En contra
El diseño lingüístico e inclusivo del sistema educativo vasco suscita críticas contrapuestas: mientras sectores euskaltzales y sindicatos como STEILAS o LAB advierten de que mantener marcos flexibles no garantiza la euskaldunización real del alumnado en zonas sociolingüísticas castellanohablantes (según el ISEI-IVEI, más del 45% de los alumnos de 4º de ESO no alcanza el nivel B2 real en euskera), otros sectores cuestionan la desaparición formal de los modelos A y B tradicionales.
Energía, Transición Ecológica y Medio Ambiente
Mix energético, energías renovables, redes eléctricas, descarbonización, biodiversidad y gestión de residuos.
(2.3-01) Acelerar las inversiones en redes eléctricas de Euskadi para garantizar capacidad a la industria y la electrificación
«Acelerar las inversiones en redes eléctricas de Euskadi, garantizando capacidad suficiente para nuevas industrias, ampliaciones empresariales, electrificación y demanda residencial.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Exige al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), a Red Eléctrica de España (Redeia) y a la CNMC elevar o suprimir los topes normativos anuales de inversión en redes de transporte y distribución eléctrica (actualmente limitados al 0,065% y 0,13% del PIB respectivamente en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico) y priorizar la repotenciación de subestaciones y líneas en Euskadi para desbloquear miles de megavatios de demanda industrial que hoy no pueden conectarse.
A favor
El Gobierno Vasco, el Ente Vasco de la Energía (EVE), Confebask y los clústeres industriales (Siderex, Aclima, Cluster de Energía) han denunciado reiteradamente que más del 85%-90% de los nudos de la red eléctrica en Euskadi están saturados: existen proyectos industriales de descarbonización (hornos de arco eléctrico siderúrgicos, centros de datos, gigafactorías, química e hidrógeno) que solicitan más de 2.000-3.000 MW adicionales de potencia en la CAE (casi duplicar la punta actual de demanda vasca) y ven denegado o aplazado su acceso por falta de capacidad en la red de Redeia e Iberdrola Distribución (i-DE).
En contra
La CNMC y las organizaciones de consumidores advierten de que las inversiones en redes de transporte y distribución son costes regulados que se retribuyen con cargo a los peajes de la factura eléctrica de todos los consumidores durante 40 años. Suprimir los límites legales de inversión sobre el PIB o sobredimensionar redes para proyectos especulativos que finalmente no se construyan encarecería la parte fija del recibo de la luz de hogares y pymes.
(2.3-02) Revisar la planificación energética estatal y el PNIEC incorporando las necesidades industriales de Euskadi
«Revisar la planificación energética estatal y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, incorporando las necesidades industriales, la seguridad del suministro y la competitividad económica.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea que la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030 y las revisiones del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) dejen de estar diseñadas casi exclusivamente para evacuar generación renovable desde zonas despobladas del centro/sur peninsular y pasen a priorizar la conexión de la gran demanda industrial existente en el norte (especialmente en Euskadi), bajo un principio de neutralidad tecnológica y competitividad.
A favor
Mientras la Planificación 2021-2026 de Red Eléctrica destinó la inmensa mayoría de sus inversiones a integrar nueva generación solar y eólica en comunidades con baja densidad industrial, Euskadi —que concentra más del 35% de la industria siderúrgica y de fundición de España y donde la industria absorbe el 53% de todo el consumo eléctrico vasco según el EVE— recibió una fracción mínima de nuevas posiciones de subestación de 400 kV y 220 kV, poniendo en riesgo inversiones de descarbonización industrial ya financiadas.
En contra
Desde el MITECO y el operador del sistema (Redeia) se señala que la tramitación de grandes infraestructuras de transporte eléctrico en el País Vasco y Navarra (como el enlace de 400 kV Güeñes-Itsaso o las interconexiones transfronterizas como el Golfo de Bizkaia entre Gatika y Cubnezais) ha sufrido durante años una fuerte contestación municipal, vecinal y ambiental en el propio territorio vasco, retrasando la ejecución de las líneas ya planificadas.
(2.3-03) Establecer seguimiento, incentivos y penalizaciones para garantizar la ejecución en plazo de las redes eléctricas
«Establecer mecanismos de seguimiento, incentivos y penalizaciones para garantizar la ejecución de las redes eléctricas planificadas, evitando que las inversiones aprobadas acumulen retrasos injustificados.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar el marco retributivo y regulatorio del transporte y la distribución eléctrica (Circulares de la CNMC y normativa del MITECO) para vincular la retribución de Red Eléctrica (Redeia) y de las distribuidoras al cumplimiento efectivo de los cronogramas de puesta en servicio de las subestaciones y líneas aprobadas en la planificación vinculante, aplicando penalizaciones económicas cuando los retrasos sean imputables al gestor de red.
A favor
Según los informes de supervisión de la CNMC sobre los planes de inversión de la red de transporte, el grado de ejecución anual de las inversiones planificadas por Red Eléctrica se ha situado históricamente entre el 55% y el 70% de lo presupuestado, acumulando demoras de 3 a 6 años en actuaciones críticas para los polígonos industriales vascos mientras las empresas industriales tienen plazos perentorios para ejecutar fondos europeos NextGenerationEU.
En contra
Tanto Redeia como las empresas distribuidoras (Aelec) argumentan que más del 80% de los retrasos en el despliegue de nuevas subestaciones y tendidos eléctricos no se debe a falta de diligencia inversora del operador, sino a los cuellos de botella en las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), las autorizaciones administrativas autonómicas, las licencias municipales de obra y los recursos contencioso-administrativos contra las expropiaciones.
Sector Primario, Agua y Medio Rural
Agricultura, ganadería, pesca, cadena alimentaria, PAC, planificación hidrológica y desarrollo rural.
(2.4-11) Reforzar las inversiones en abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas y seguridad de presas
«Reforzar las inversiones en abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, mejorando la eficiencia de las redes, la seguridad de las presas y la prevención de la contaminación.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone asegurar el cumplimiento de los convenios de inversión hidráulica del Estado en Euskadi y la participación de los consorcios vascos de aguas (Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, Aguas del Añarbe, Gipuzkoako Urak, AMVISA y Kantauriko Urkidetza) y de URA en los fondos estatales y europeos (PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua) para culminar las grandes depuradoras pendientes (como Galindo, Loiola o saneamientos comarcales en Urdaibai y Ayala), reducir fugas y modernizar presas.
A favor
Los consorcios de aguas de Euskadi presentan algunos de los mejores indicadores de eficiencia de toda España, con un agua no registrada (pérdidas en red) en torno al 11%-14% frente al 23% de media estatal según AEAS/INE. No obstante, la entrada en vigor de la nueva Directiva (UE) 2024/3019 sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas exige inversiones multimillonarias en tratamientos cuaternarios (eliminación de microcontaminantes farmacéuticos y cosméticos) y neutralidad energética en las EDAR vascas antes de 2035-2045.
En contra
El Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea han advertido reiteradamente de los retrasos de España en ejecutar las obras de saneamiento declaradas de interés general del Estado (como el saneamiento del Alto Nervión en Llodio y Amurrio, competencia de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico/MITECO, que acumuló más de quince años de retrasos y procedimientos de infracción comunitarios pese a los acuerdos presupuestarios con el PNV).
(2.5-01) Asegurar una PAC 2028-2034 que reconozca un Plan Estratégico propio para Euskadi
«Asegurar una Política Agraria Común 2028-2034 que reconozca un Plan Estratégico propio para Euskadi, con capacidad de gestión, programación y control desde las instituciones vascas y financiación suficiente y diferenciad…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Reclama que en la negociación del nuevo periodo de la Política Agraria Común (PAC 2028-2034) el Gobierno de España y la Comisión Europea vuelvan a reconocer programas o Planes Estratégicos Regionales propios (como existían con los Programas de Desarrollo Rural - PDR autonómicos hasta 2022 o como mantiene Bélgica para Valonia y Flandes), en lugar del Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) estatal único implantado en 2023-2027, garantizando la gestión integral por el Gobierno Vasco, las Diputaciones Forales y el organismo pagador vasco.
A favor
El sector agrario y ganadero vasco (caracterizado por explotaciones familiares de pequeña dimensión en zonas de montaña de Bizkaia y Gipuzkoa —caseríos/baserris— y cultivos intensivos de cereal, patata, remolacha y viñedo en Araba, con unas 15.000 explotaciones según el Censo Agrario de Eustat) guarda muy poca similitud agronómica con los latifundios continentales o mediterráneos. La centralización en el PEPAC estatal único de 2023-2027 multiplicó la rigidez burocrática de los ecorregímenes y redujo el margen de adaptación de las instituciones vascas para distribuir los cerca de 60 millones de euros anuales de ayudas directas y desarrollo rural en la CAE.
En contra
El Reglamento (UE) 2021/2115 impuso por decisión de la Comisión Europea un único Plan Estratégico de la PAC por Estado miembro (con la única excepción constitucional de Bélgica) para simplificar la interlocución y auditoría comunitaria. El Ministerio de Agricultura (MAPA) y el FEGA sostienen que dentro del PEPAC las comunidades autónomas ya diseñan sus intervenciones de desarrollo rural (Segundo Pilar) y que volver a 17 planes separados complicaría la redistribución nacional de fondos.
(2.5-02) Reforzar la protección frente a prácticas comerciales desleales y garantizar precios que cubran costes de producción
«Reforzar la protección frente a las prácticas comerciales desleales, mejorar la capacidad negociadora de personas productoras y cooperativas y garantizar una remuneración que tenga en cuenta los costes de producción.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reforzar la aplicación efectiva de la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (reformada por la Ley 16/2021), dotando de mayores medios inspectores y sancionadores a las autoridades de control (como el Behatoki / Observatorio de la Cadena Alimentaria de Euskadi en colaboración con AICA), apoyando las organizaciones de productores y cooperativas agroalimentarias (Konfekoop) y referenciando los contratos a índices objetivos de costes de producción.
A favor
Según datos del Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco y de los sindicatos agrarios vascos (ENBA, EHNE y UAGA), sectores clave como el vacuno de leche y carne, el ovino (Idiazabal), la huerta y la patata o el viñedo han sufrido entre 2021 y 2025 alzas de entre el 30% y el 50% en piensos, gasóleo, fertilizantes y energía sin poder trasladarlas íntegramente a la gran distribución, provocando el cierre de más del 40% de las explotaciones lácteas vascas en la última década.
En contra
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y las asociaciones de la distribución comercial (ANGED, ASEDAS, ACES) advierten de que prohibir por ley cualquier venta por debajo del coste individual de cada productor es muy difícil de verificar en mercados abiertos a la importación intracomunitaria (por ejemplo, leche francesa o patata y cereal europeos más baratos), pudiendo llevar a las cadenas de supermercados a sustituir producto local vasco por género importado donde no rige la ley española.
Infraestructuras, Transporte, Movilidad y Conectividad
Red ferroviaria, cercanías, carreteras, puertos, aeropuertos, transporte público y telecomunicaciones.
(2.6-01) Terminar la Y vasca sin más demoras, con accesos soterrados a Bilbao y Vitoria-Gasteiz y conexión con Iruñea
«Terminar la Y vasca sin más demoras, con un calendario de ejecución verificable, respetando los acuerdos sobre los accesos soterrados a Bilbao y Vitoria-Gasteiz y garantizando su conexión con Iruñea.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Exige a ADIF Alta Velocidad y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (MITMA) un cronograma vinculante para culminar la Nueva Red Ferroviaria del País Vasco ('Y vasca', de uso mixto viajeros/mercancías en ancho estándar europeo UIC), ejecutando sin recortes las integraciones urbanas soterradas acordadas en Bilbao (Abando, con encomienda de gestión del túnel de acceso por Basauri) y Vitoria-Gasteiz (integración subterránea y nudo de Arkaute) y definiendo e impulsando la conexión con Navarra (Pamplona/Iruñea).
A favor
La 'Y vasca' es el mayor agravio histórico en infraestructuras del Estado en Euskadi: declarada prioritaria en 1989 e iniciadas sus obras en 2006 (con un presupuesto total superior a los 7.000 millones de euros entre plataforma y accesos), acumula más de 20 años de retrasos por parte de ADIF. Mientras el Gobierno Vasco ya ha terminado prácticamente el 100% del ramal guipuzcoano que le fue encomendado con cargo al Cupo, ADIF mantiene atascados la superestructura (vía, electrificación y ERTMS), el nudo de Arkaute y los soterramientos de Abando y Gasteiz, siendo las tres capitales vascas las únicas grandes áreas metropolitanas peninsulares del Corredor Atlántico aún sin alta velocidad.
En contra
El Tribunal de Cuentas Europeo (Informe Especial sobre la red de alta velocidad de la UE) señaló a la Y vasca como uno de los proyectos con mayores sobrecostes y retrasos de Europa debido a la complejísima orografía (más del 60% de los 175 km discurre en túneles y el 10% en viaductos). Además, los soterramientos integrales en Bilbao y Vitoria superan los 1.500-2.000 millones de euros adicionales y la conexión con Navarra enfrenta una fuerte disputa técnica, ambiental y política entre la alternativa por Vitoria (Llanada Alavesa) y la alternativa por Ezkio (Aralar).
(2.6-02) Culminar la transferencia de las infraestructuras ferroviarias de cercanías que discurren íntegramente por Euskadi
«Culminar la transferencia de las infraestructuras ferroviarias de cercanías que discurren íntegramente por Euskadi, para mejorar su gestión, mantenimiento, accesibilidad y coordinación con el sistema vasco de transporte.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea dar el paso siguiente al traspaso de los servicios de Cercanías ferroviarias de Renfe en Bizkaia y Gipuzkoa (efectivo el 1 de enero de 2025) y de líneas de ancho métrico (antigua FEVE en Enkarterri/Balmaseda-Bilbao), transfiriendo a Euskadi (Euskal Trenbide Sarea - ETS) también la titularidad y gestión de las propias infraestructuras físicas (vías, estaciones, catenarias y enclavamientos hoy en manos de ADIF) de los tramos que discurren íntegramente por la CAE, conforme al artículo 10.32 del Estatuto de Gernika.
A favor
Los núcleos de Cercanías de Bilbao (líneas C-1 Santurtzi, C-2 Muskiz, C-3 Orduña y C-4f Balmaseda) y San Sebastián (línea C-1 Irun-Brinkola) registran más de 20 millones de viajes anuales, pero sufren averías constantes de catenaria, señalización y falta de accesibilidad en estaciones que dependen de ADIF. La experiencia histórica de Euskotren y ETS —que recibieron en 1979 una red obsoleta de FEVE y la transformaron en un servicio moderno y puntual con más de 45 millones de viajeros anuales— demuestra que la gestión integral (servicio + infraestructura) desde Euskadi multiplica la calidad y la integración tarifaria (Barik, Mugi, Bat).
En contra
El Ministerio de Transportes y ADIF argumentan que las líneas de ancho ibérico de los núcleos de Bilbao (C-1, C-2, C-3) y Gipuzkoa (Irun-Brinkola) forman parte de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) del Estado porque por esas mismas vías circulan también trenes de mercancías hacia los puertos de Bilbao y Pasaia y trenes de Larga Distancia intercomunitarios (art. 149.1.21 y 24 CE), lo que dificulta desclasificar y transferir la titularidad de la vía salvo en ramales puros sin tráfico pasante.
(2.6-03) Exigir el cumplimiento de la eliminación de los pasos a nivel pendientes, especialmente en Enkarterri y Zalla
«Exigir al Ministerio de Transportes que cumpla sus compromisos para eliminar los pasos a nivel pendientes, especialmente en Enkarterri y Zalla, fijando plazos vinculantes para su ejecución.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Reclama a ADIF la ejecución inmediata y con calendario vinculante del programa de supresión de los pasos a nivel ferroviarios en la red de titularidad estatal en Euskadi, con prioridad absoluta en la comarca vizcaína de Enkarterri (líneas Bilbao-Balmaseda y Bilbao-Karrantza/Santander de ancho métrico) y muy singularmente en el municipio de Zalla (núcleos de Aranguren y Mimetiz), donde decenas de pasos a nivel parten la trama urbana y comprometen la seguridad vial y ferroviaria.
A favor
En la red ferroviaria gestionada por ADIF en Euskadi persisten cerca de un centenar de pasos a nivel (más de 30 concentrados tan solo en el término municipal de Zalla y su entorno en Enkarterri). Mientras el gestor autonómico Euskal Trenbide Sarea (ETS) ha suprimido más de 130 pasos a nivel en su red propia invirtiendo cientos de millones de euros en variantes y soterramientos (Durango, Eibar, Zarautz, Gernika, Amorebieta), los compromisos firmados por el Ministerio y ADIF con el PNV para Zalla y Güeñes llevan más de quince años acumulando estudios informativos caducados y retrasos.
En contra
En municipios como Zalla, la supresión integral de la veintena de pasos a nivel de Mimetiz y Aranguren ha estado condicionada también por desacuerdos técnicos y urbanísticos sobre el trazado de la variante ferroviaria o el soterramiento en zona inundable del río Cadagua (que exige el informe favorable de la Agencia Vasca del Agua - URA y modificaciones del planeamiento municipal), elevando el presupuesto por encima de los 50-70 millones de euros.
Administración Pública, Gestión Presupuestaria y Simplificación
Función pública, digitalización administrativa, evaluación de políticas públicas y simplificación normativa.
(1.3-12) Permitir actualizar el precio de los contratos públicos estratégicos para cubrir mejoras salariales pactadas
«Evitar que las mejoras salariales pactadas pongan en riesgo servicios públicos contratados: permitir, en casos estratégicos y justificados, actualizar el precio de los contratos para cubrir esos costes y garantizar tanto…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP) y la Ley 2/2015 de Desindexación de la Economía Española, que actualmente prohíben con carácter general revisar los precios de los contratos públicos de servicios por incrementos de costes laborales o de convenios colectivos durante la vigencia del contrato. Permitiría modificar o reequilibrar económicamente contratos estratégicos intensivos en mano de obra cuando se firmen nuevos convenios sectoriales que eleven los salarios.
A favor
En sectores intensivos en personal subcontratado por las administraciones vascas (ayuda a domicilio, residencias de mayores, limpieza de colegios y hospitales, comedores escolares, transporte sanitario o mantenimiento), donde los costes salariales representan entre el 80% y el 90% del presupuesto del contrato, la prohibición de revisar precios de la Ley de Desindexación de 2015 provoca bloqueos huelguísticos prolongados, quiebras de adjudicatarias o licitaciones desiertas cuando la inflación y los convenios suben un 10%-15% a mitad de contrato.
En contra
El Ministerio de Hacienda, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y la AIReF advierten de que permitir trasladar automáticamente al presupuesto público cualquier subida salarial pactada entre empresas contratistas y sindicatos genera un grave problema de 'riesgo moral' (*moral hazard*): las adjudicatarias podrían aceptar subidas salariales muy por encima del mercado sabiendo que la factura se repercutirá íntegramente al erario público sin concurrencia competitiva.
(2.2-01) Reducir la burocracia y eliminar duplicidades administrativas para crear y gestionar empresas
«Reducir la burocracia y eliminar duplicidades administrativas que dificultan la creación, ampliación y gestión de empresas y negocios.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone profundizar en la simplificación administrativa, la ventanilla única empresarial digital, la sustitución de autorizaciones previas por declaraciones responsables cuando no afecte a la seguridad o al medio ambiente, y la interoperabilidad entre los registros estatales, autonómicos y de las Haciendas Forales (como el sistema TicketBAI/Batuz ya implantado en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, evitando solapamientos con el sistema estatal Verifactu).
A favor
Según el Indicador de Confianza Empresarial y las encuestas de Confebask y las Cámaras de Comercio Vascas (Bilbao, Gipuzkoa y Álava), el exceso de carga regulatoria y de obligaciones de reporte (fiscales, laborales, ambientales, estadísticas y de sostenibilidad CSRD) es citado por más del 60% de las pymes y comercios como uno de los principales frenos a su actividad diaria. En concreto, la coexistencia de normativas estatales de facturación electrónica (Ley Crea y Crece / Verifactu) con los sistemas forales TicketBAI exige evitar una doble adaptación informática.
En contra
Buena parte de las obligaciones de información empresarial recientes (registro de huella de carbono, informes de sostenibilidad, diligencia debida, facturación electrónica o trazabilidad de residuos) emanan directamente de Directivas y Reglamentos de la Unión Europea de obligado cumplimiento, y los sindicatos y organizaciones de consumidores advierten de que la desregulación indiscriminada puede relajar los controles laborales, sanitarios o de protección al consumidor.
(2.7-03) Dar mayor margen de inversión a las administraciones vascas adaptando la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto
«Dar mayor margen de inversión a las administraciones vascas revisando la normativa de estabilidad presupuestaria, adaptándola al nuevo marco fiscal europeo y permitiendo reglas de gasto más flexibles.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) para adaptarla al nuevo marco de gobernanza económica de la Unión Europea (Reglamento UE 2024/1263 en vigor desde abril de 2024), flexibilizando la 'regla de gasto' y excluyendo de su cómputo las inversiones productivas estratégicas (transición energética, digitalización, vivienda protegida e I+D) realizadas por administraciones saneadas como las vascas.
A favor
Las instituciones vascas (Gobierno Vasco y las tres Diputaciones Forales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa) presentan la posición financiera más solvente de todo el Estado: una deuda pública sobre el PIB en torno al 11,5%-12,5% (la mitad de la media autonómica del 21% y nueve veces inferior al >100% del conjunto de España según el Banco de España) y calificaciones crediticias de grado AA-/A3 por encima del bono soberano español. Imponer a Euskadi la misma regla de gasto rígida de la Ley Orgánica 2/2012 que a administraciones deficitarias impide invertir recursos propios recaudados por las Haciendas Forales.
En contra
La AIReF y el Ministerio de Hacienda recuerdan que el nuevo marco fiscal europeo (Plan Fiscal y Estructural Nacional a Medio Plazo 2025-2028) se articula precisamente en torno a una única variable operativa vinculante para el conjunto de las Administraciones Públicas del Estado miembro: la senda de crecimiento del gasto primario neto (en torno al 3%-3,7% anual). Si una administración incrementa su gasto primario neto por encima de la tasa de referencia aunque tenga superávit o baja deuda, consume margen de gasto del conjunto del Reino de España ante Bruselas.
Justicia, Seguridad Ciudadana y Derechos Civiles
Administración de justicia, medios judiciales, fuerzas y cuerpos de seguridad, legislación penal y garantías procesales.
(3.1-01) Defender el reconocimiento efectivo de la Ertzaintza como policía integral de Euskadi
«Defender el reconocimiento efectivo de la Ertzaintza como policía integral de Euskadi, respetando sus competencias y garantizando su capacidad para ejercer plenamente las funciones que le corresponden.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Exige el cumplimiento íntegro del artículo 17 del Estatuto de Gernika (y de la Disposición Adicional Primera de la CE que ampara el régimen foral de policía autónoma) y de los acuerdos de la Junta de Seguridad del País Vasco, garantizando que la Ertzaintza ejerza la totalidad de las funciones de seguridad ciudadana, orden público, tráfico, investigación criminal y vigilancia de infraestructuras críticas (incluyendo zonas públicas de puertos y aeropuertos vascos acordadas en 2024) con repliegue progresivo de las FSE a sus funciones estrictamente supraautonómicas.
A favor
La Ertzaintza cuenta con una plantilla acordada de 8.000 agentes (unos 3,6 agentes por cada 1.000 habitantes) y resuelve e investiga más del 90% de las infracciones penales registradas en la Comunidad Autónoma del País Vasco según el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Sin embargo, persisten aún en Euskadi más de 3.500 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que generan duplicidades funcionales y de gasto (que además tienen impacto financiero en los ajustes del Cupo por policía).
En contra
El Ministerio del Interior y los sindicatos de Policía Nacional (JUPOL, SUP) y asociaciones de Guardia Civil (AUGC, JUCIL) sostienen que el artículo 149.1.29 de la Constitución y el artículo 17.4 del propio Estatuto de Gernika reservan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los servicios policiales de carácter extracomunitario y supracomunitario (control de fronteras, aduanas, resguardo fiscal, expedición de DNI/pasaportes, armas y explosivos), oponiéndose a su cesión.
(3.1-02) Asegurar la participación directa y efectiva de la Ertzaintza en los mecanismos europeos de cooperación policial
«Asegurar la participación directa y efectiva de la Ertzaintza en los mecanismos europeos de cooperación policial, sin intermediaciones que limiten su capacidad operativa.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea culminar e institucionalizar la presencia directa de enlaces y mandos de la Ertzaintza en Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial), Interpol, Sirene y los grupos de trabajo policiales del espacio Schengen, así como consolidar la facultad de persecución en caliente transfronteriza (*hot pursuit*) y patrullas conjuntas con la Policía y Gendarmería francesas a través de la frontera del Bidasoa.
A favor
Al estar situada Euskadi en un corredor estratégico fronterizo con Francia por el que circulan millones de vehículos e itinerarios de delincuencia organizada transnacional, tráfico de seres humanos y ciberdelincuencia, obligar a la Ertzaintza —que es la policía que investiga el delito sobre el terreno— a tramitar cada consulta o alerta internacional a través de una ventanilla intermedia en Madrid retrasa horas críticas la respuesta operativa frente a bandas itinerantes.
En contra
El Reglamento (UE) 2016/794 de Europol establece que cada Estado miembro debe designar una única Unidad Nacional (en España, la Unidad Nacional de Europol adscrita a la División de Cooperación Internacional de la Policía Nacional) como órgano de enlace exclusivo entre Europol y las autoridades competentes de los Estados miembros, lo que requiere que la integración de policías autonómicas se articule dentro o a través de dicha Unidad Nacional.
(3.1-03) Asegurar el acceso recíproco y pleno de la Ertzaintza a las bases de datos policiales europeas
«Asegurar el acceso recíproco y pleno de la Ertzaintza a las bases de datos policiales europeas, facilitando el intercambio de información con las agencias de seguridad de otros Estados.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Reclama garantizar la conexión técnica directa, bidireccional y sin restricciones de los sistemas de inteligencia e investigación de la Ertzaintza a la totalidad de las bases de datos europeas e internacionales de seguridad: SIENA (aplicación de red de intercambio seguro de información de Europol), SIS II (Sistema de Información de Schengen), Prüm (intercambio automatizado de perfiles de ADN, huellas dactilares y matrículas), Europol Information System (EIS) y el nuevo marco de Interoperabilidad de la UE.
A favor
Aunque en las Juntas de Seguridad de 2017 y 2021-2024 el PNV arrancó compromisos del Ministerio del Interior para conectar a la Ertzaintza al sistema SIENA y a determinadas consultas de Schengen y Prüm, el Departamento de Seguridad vasco ha denunciado reiteradamente lentitud técnica y resistencias corporativas de los cuerpos estatales para habilitar perfiles de lectura y escritura directa en todas las bases de datos de investigaciones criminales europeas.
En contra
Desde la Secretaría de Estado de Seguridad se alega que el acceso de lectura/escritura a bases de datos internacionales está sujeto a estrictas auditorías de protección de datos policiales (Directiva UE 2016/680 y Ley Orgánica 7/2021) y a protocolos de coordinación central para evitar duplicar o interferir investigaciones antiterroristas o de crimen organizado que estén judicializadas en la Audiencia Nacional.
Política Migratoria, Fronteras, Integración y Nacionalidad
Gestión de flujos migratorios, asilo, acogida, integración sociolaboral, fronteras y acceso a la nacionalidad.
(3.2-01) Promover mayores competencias para Euskadi hacia una gestión integral de la migración y extranjería
«Promover mayores competencias para Euskadi en materia de migración y extranjería, avanzando hacia una gestión integral que abarque la llegada, la acogida, la residencia, el trabajo y la integración.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea ampliar sustancialmente el autogobierno vasco en política migratoria —tanto mediante transferencias pendientes del Estatuto de Gernika (como el traspaso de la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena de personas extranjeras cuya relación laboral se desarrolle en Euskadi) como mediante la delegación o transferencia de facultades de residencia, acogida e integración por vía del artículo 150.2 CE— para conectar las políticas de llegada y permisos con Lanbide y los servicios sociales vascos.
A favor
En Euskadi residen ya más de 295.000 personas nacidas en el extranjero (el 13,2% de la población total de la CAE según Ikuspegi - Observatorio Vasco de Inmigración y Eustat), y las instituciones vascas (Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y ayuntamientos) asumen en la práctica más del 90% del esfuerzo presupuestario y de gestión de su integración: educación, Osakidetza, vivienda, formación laboral en Lanbide, Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y servicios sociales de base, mientras el Estado retiene las competencias sobre los permisos administrativos que les permiten trabajar legalmente.
En contra
El artículo 149.1.2 de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre 'nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo'. Aunque cabe transferir la ejecución laboral de las autorizaciones iniciales de trabajo (como ya tienen Cataluña y Andalucía en sus estatutos reformados), la doctrina constitucional y los cuerpos estatales oponen fuertes resistencias a ceder las autorizaciones de residencia y el control de flujos.
(3.2-02) Reclamar el reconocimiento de Euskadi como Frontera Norte en la planificación y recursos migratorios
«Reclamar que Euskadi sea reconocida y tenida en cuenta como frontera norte en la planificación y gestión migratoria, con recursos y coordinación adecuados.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Exige al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y al Ministerio del Interior reconocer oficialmente la condición estructural de Euskadi (y singularmente el paso del Bidasoa en Irun-Hendaia) como 'Frontera Norte' del Estado español en la ruta migratoria atlántica/occidental hacia el resto de Europa, dotándola de financiación estatal estable, coordinación interinstitucional y cómputo específico en los criterios de reparto territorial de personas migrantes y menores no acompañados.
A favor
Según los balances del dispositivo humanitario Hilanderas en Irun (gestionado por el Gobierno Vasco y Cruz Roja), desde 2018 han sido atendidas en tránsito por Euskadi más de 40.000 personas migrantes que tras entrar por la Frontera Sur (Canarias o Andalucía) se dirigen a Francia y se topan con los controles fronterizos restablecidos por la policía francesa en los puentes de Santiago y Behobia (con miles de devoluciones en caliente o rechazos en frontera anuales en el Bidasoa). Además, las Diputaciones Forales vascas acogen un número de menores extranjeros no acompañados que triplica con creces el peso poblacional del 4,7% de Euskadi.
En contra
Desde el Gobierno central y comunidades de primera entrada marítima como Canarias, Ceuta o Melilla se argumenta que jurídicamente la frontera entre Irun y Hendaia es una frontera interior del Espacio Schengen (no una frontera exterior de la Unión Europea como Canarias o el Estrecho), por lo que los fondos europeos de gestión de fronteras exteriores (BMVI/FAMI) priorizan los puntos de desembarco marítimo.
(3.2-03) Avanzar en la asunción de competencias de extranjería por parte de la Ertzaintza
«Avanzar en la asunción de competencias de extranjería por parte de la Ertzaintza, mediante los acuerdos y modificaciones normativas necesarios.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone impulsar los acuerdos en la Junta de Seguridad del País Vasco y las modificaciones normativas o delegaciones necesarias (al amparo del art. 150.2 CE y la Ley Orgánica 4/2000 de Extranjería) para que la Ertzaintza pueda asumir funciones administrativas y operativas de extranjería y documentación en la Comunidad Autónoma del País Vasco, evitando duplicidades con las brigadas de extranjería de la Policía Nacional.
A favor
La Ertzaintza es la policía integral que actúa cotidianamente en los municipios vascos en materia de seguridad ciudadana, protección de víctimas de trata de seres humanos, atención a menores extranjeros no acompañados e inspección conjunta contra la explotación laboral de personas migrantes. Carece de lógica operativa que tras cualquier actuación policial de la Ertzaintza relacionada con situación administrativa o documentación haya que derivar el expediente a otro cuerpo policial distinto.
En contra
El artículo 12.1.A.b) de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuye en exclusiva al Cuerpo Nacional de Policía el control de entrada y salida del territorio nacional y las competencias previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, expulsión e inmigración. La tramitación en el Congreso de delegaciones similares (como la proposición de ley orgánica para Cataluña en 2024-2025) ha evidenciado una fuerte oposición de los sindicatos policiales estatales y dudas de constitucionalidad respecto al art. 149.1.2 CE.
Calidad Democrática, Instituciones y Transparencia
Reforma institucional, sistema electoral, separación de poderes, transparencia pública y prevención de la corrupción.
(1.5-02) Reforzar la participación juvenil en la vida pública y democrática con espacios de escucha real
«Reforzar la participación juvenil en la vida pública y democrática, garantizando espacios en los que sus propuestas sean escuchadas y tenidas en cuenta por las instituciones.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea articular foros parlamentarios e institucionales permanentes de diálogo con la juventud, audiencias preceptivas de asociaciones juveniles en las comisiones legislativas del Congreso y el Senado, y programas de educación democrática y fomento del asociacionismo juvenil, garantizando un retorno motivado ('rendición de cuentas') sobre qué propuestas juveniles se incorporan o descartan.
A favor
Los barómetros del CIS y del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco (Sociómetro Vasco) alertan de una creciente desafección institucional entre las cohortes más jóvenes (18-24 años) en toda Europa ante la falta de respuestas tangibles en vivienda y precariedad laboral. Experiencias europeas como el 'Diálogo de la UE con la Juventud' demuestran que institucionalizar espacios de escucha con compromiso de respuesta reduce la polarización y fortalece la cultura democrática.
En contra
Diversos politólogos señalan que crear foros o consejos meramente consultivos sin capacidad decisoria ni presupuesto vinculante puede generar frustración ('fatiga participativa') entre los jóvenes participantes cuando comprueban que las decisiones clave de gasto público siguen priorizando a los grupos de edad con mayor peso electoral.
(3.5-01) Asegurar la elaboración de un Plan Estatal de Derechos Humanos con seguimiento público y evaluación
«Asegurar la elaboración de un Plan Estatal de Derechos Humanos, con objetivos, medidas, plazos y mecanismos públicos de seguimiento y evaluación.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Demanda la aprobación y dotación presupuestaria plurianual de un nuevo Plan Estatal de Derechos Humanos que fije objetivos evaluables, calendarios e indicadores conforme a las recomendaciones de los comités de la ONU y del Consejo de Europa, garantizando la participación de las comunidades autónomas e instituciones forales.
A favor
El anterior Plan Nacional de Derechos Humanos caducó sin una evaluación de impacto exhaustiva y España ha acumulado decenas de requerimientos de relatores especiales de la ONU sobre acceso a la vivienda, no discriminación racial, tortura y memoria histórica, lo que exige una estrategia transversal con rendición periódica de cuentas ante las Cortes Generales.
En contra
Sectores que abogan por la reducción del gasto público cuestionan la creación de observatorios y planes transversales estatales, calificándolos de estructuras duplicadas y declarativas cuyo coste no se traduce en mejoras palpables en la resolución de los problemas cotidianos de la ciudadanía.
(5.4-01) Aprobar una nueva Ley de Secretos Oficiales con plazos concretos de desclasificación automática
«Asegurar la aprobación de una nueva Ley de Secretos Oficiales, que sustituya la legislación vigente, establezca criterios objetivos de clasificación y fije plazos concretos de desclasificación automática.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Exige aprobar con urgencia la proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales franquista de 1968, estableciendo un límite temporal máximo general de 25 años (y 5 de prórroga motivada) para la clasificación de documentos secretos, tras el cual se procederá a su desclasificación pública obligatoria y automática.
A favor
España es una de las pocas democracias occidentales que mantiene vigente una ley franquista de secretos oficiales sin plazo de caducidad automática, lo que mantiene bajo candado información de la guerra civil, la dictadura, la transición y la guerra sucia de los años 80, mientras que en EEUU, Reino Unido o Francia rigen plazos de 25 a 30 años.
En contra
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el Ministerio de Defensa muestran reservas ante la desclasificación masiva de expedientes, argumentando que la revelación prematura de fuentes humanas, métodos de inteligencia o colaboraciones con servicios extranjeros de países aliados puede poner en riesgo la seguridad nacional del Estado.
Organización Territorial, Autogobierno y Financiación Autonómica
Modelo territorial, competencias autonómicas y forales, financiación territorial, insularidad y ciudades autónomas.
(2.4-08) Favorecer una reforma integral de la Ley de Costas que aporte seguridad jurídica y respete las competencias de Euskadi
«Favorecer una reforma integral de la Ley de Costas, que aporte seguridad jurídica, permita adaptar el litoral al cambio climático y respete las competencias de Euskadi.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea reformar la Ley 22/1988 de Costas y su Reglamento General (RD 876/2014) tras el histórico traspaso a Euskadi de las funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral (acordado en 2024 y efectivo en 2025), para dotar de seguridad jurídica a las concesiones económicas, industriales, pesqueras, deportivas y de hostelería ubicadas en el dominio público marítimo-terrestre (DPMT) vasco y adecuar los criterios de deslinde y adaptación climática a la realidad de la costa cantábrica.
A favor
A lo largo de los 246 kilómetros de litoral de Bizkaia y Gipuzkoa (incluyendo rías y estuarios densamente urbanizados e industrializados desde el siglo XIX como el Abra/Nervión, Urdaibai, Lea, Artibai, Deba, Urola, Oria y Bidasoa) existen más de 1.500 expedientes de autorizaciones y concesiones en dominio público marítimo-terrestre o zona de servidumbre (astilleros, cofradías, clubes de remo, depuradoras, paseos marítimos y empresas). La rigidez uniforme de la legislación estatal de costas —pensada para playas mediterráneas— generaba bloqueos e inseguridad jurídica que el PNV busca corregir tras asumir la gestión autonómica.
En contra
Conforme al artículo 132.2 de la Constitución Española y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (STC 149/1991 y STC 233/2015), la titularidad del dominio público marítimo-terrestre (la zona marítimo-terrestre, las playas y el mar territorial) corresponde de forma inalienable e imprescriptible al Estado, por lo que las comunidades autónomas que asumen la gestión de títulos de ocupación siguen vinculadas a los plazos máximos concesionales de la Ley estatal de Costas y a los informes de adscripción.
(2.4-09) Promover que Euskadi programe y ejecute las inversiones de interés general para proteger su litoral
«Promover que Euskadi pueda programar y ejecutar las inversiones de interés general destinadas a proteger su litoral, con los recursos económicos correspondientes.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Reclama completar el autogobierno costero permitiendo que el Gobierno Vasco —a través de la fórmula de encomienda de gestión, ajuste en el Cupo del Concierto Económico o ampliación del traspaso de gestión del litoral— sea quien planifique, licite y ejecute directamente las obras de interés general de defensa, regeneración de playas, estabilización de acantilados y protección de paseos marítimos y estuarios en Bizkaia y Gipuzkoa.
A favor
Durante décadas, las Demarcaciones de Costas del Estado en Bizkaia y Gipuzkoa han tenido una ejecución inversora muy reducida e irregular, provocando demoras de años en actuaciones urgentes tras temporales marítimos (como la estabilización de dunas y playas en La Arena, Bakio, Laida, Zarautz o la Zurriola, o el saneamiento de marismas en Urdaibai y Txingudi). La gestión directa desde las instituciones vascas (con descuento en el Cupo de la carga asumida) ha demostrado mucha mayor agilidad en carreteras y ferrocarriles.
En contra
La Abogacía del Estado y el MITECO sostienen que las obras de interés general destinadas a la defensa de la integridad física del dominio público marítimo-terrestre forman parte de las facultades inherentes a la titularidad demanial del Estado (art. 132.2 CE), lo que dificulta su transferencia plena salvo mediante convenios o encomiendas de gestión sujetas a la planificación estatal.
(2.7-05) Asegurar que las reformas fiscales y presupuestarias respeten el Concierto Económico y la autonomía financiera vasca
«Asegurar que las reformas fiscales y presupuestarias respeten el Concierto Económico y la autonomía financiera de las instituciones vascas, así como sus mecanismos propios de coordinación y relación con el Estado.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Exige que cualquier nueva figura tributaria, gravamen temporal o reforma fiscal o presupuestaria promovida por el Estado respete desde su fase de anteproyecto la Disposición Adicional Primera de la Constitución, el artículo 41 del Estatuto de Gernika y la Ley 12/2002 del Concierto Económico, concertándose bilateralmente en la Comisión Mixta del Concierto Económico (CMCE) para que su regulación, exacción, gestión e inspección correspondan a las Diputaciones Forales y Juntas Generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
A favor
En los últimos años el Estado intentó crear diversas figuras parafiscales o 'prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario' (como los gravámenes temporales energético y bancario de la Ley 38/2022 o el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas) para sortear inicialmente los sistemas forales y autonómicos, lo que obligó al PNV a exigir su inmediata concertación y transformación en impuestos concertados (lograda en la CMCE de 2023 y 2024) para preservar la integridad de la recaudación foral, que supera ya los 19.000-20.000 millones de euros anuales en la CAE.
En contra
Sectores académicos y partidos de ámbito estatal (así como gobiernos autonómicos de régimen común) sostienen que la creación de figuras fiscales estatales armonizadas (como el Tipo Mínimo Global del 15% del Pilar Dos de la OCDE/Directiva UE 2022/2523 en Sociedades o el impuesto a grandes fortunas) busca evitar la competencia fiscal a la baja entre territorios dentro del mercado único español.
Cultura, Lenguas, Deporte y Memoria
Políticas culturales, industrias creativas, lenguas oficiales, fomento del deporte, patrimonio y políticas de memoria.
(3.3-12) Reconocer y reparar las violaciones de derechos de mujeres en la dictadura y víctimas del Patronato de Protección con Gogora
«Reconocer y reparar las vulneraciones específicas de los derechos de las mujeres durante la dictadura franquista, especialmente las sufridas por las víctimas del Patronato de Protección a la Mujer, con participación de l…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone articular en el marco de la Ley de Memoria Democrática estatal un programa integral de verdad, justicia, reconocimiento oficial y reparación económica a las miles de mujeres represaliadas, encarceladas o internadas contra su voluntad en los centros del Patronato de Protección a la Mujer durante el franquismo y la transición, en colaboración directa con el Instituto de la Memoria Gogora.
A favor
Investigaciones históricas documentan que el Patronato de Protección a la Mujer (que operó formalmente hasta mediados de los años 80) recluyó arbitrariamente a decenas de miles de jóvenes por supuesta 'conducta inmoral', vulnerando sus derechos fundamentales mediante trabajos forzados, violencia psicológica y separación de sus bebés, sin que el Estado haya otorgado un desagravio oficial específico.
En contra
Sectores institucionales alegan dificultades probatorias tras el transcurso de más de cuatro décadas, la pérdida o expurgo de expedientes clínicos y penitenciarios en archivos provinciales y eclesiásticos, y el debate en torno a los límites presupuestarios de las indemnizaciones retroactivas con cargo al erario público.
(5.4-02) Desclasificar los documentos oficiales de la masacre del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz
«Promover la desclasificación de los documentos oficiales relacionados con los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz, para contribuir al esclarecimiento de los hechos y al reconocimiento y reparación de las ví…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Demanda que el Consejo de Ministros desclasifique la totalidad de los informes policiales, actas ministeriales y grabaciones de radio policiales del desalojo armado de la iglesia de San Francisco de Asís de Zaramaga (Vitoria-Gasteiz) el 3 de marzo de 1976, en el que la Policía Armada causó 5 muertos y más de 150 heridos.
A favor
Casi medio siglo después de la masacre obrera de Zaramaga, ningún responsable político ni mando policial ha sido juzgado ni condenado en España, habiéndose archivado todas las querellas estatales. La asociación de víctimas Martxoak 3 y el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz reclaman la verdad documental plena para dotar de contenido al Centro Memorial del 3 de Marzo.
En contra
El Ministerio del Interior ha alegado en diversas respuestas parlamentarias que parte de los legajos y atestados de la época no se encuentran localizados o fueron objeto de expurgo administrativo durante la transición en los archivos de la Dirección General de Seguridad.
(5.4-03) Esclarecer la muerte de Mikel Zabalza facilitando acceso pleno a la documentación oficial
«Asegurar el esclarecimiento de las circunstancias de la muerte de Mikel Zabalza, facilitando el acceso a la documentación oficial que pueda contribuir a conocer la verdad.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Reclama la desclasificación de los archivos de la Guardia Civil y del Ministerio del Interior relativos a la detención, tortura en el cuartel de Intxaurrondo y fallecimiento en noviembre de 1985 de Mikel Zabalza, cuyo cadáver apareció en el río Bidasoa tras ser presentado oficialmente como una fuga no demostrada.
A favor
Grabaciones desclasificadas entre mandos de los servicios de inteligencia del CESID (como el coronel Perote) admitieron abiertamente que a Mikel Zabalza 'se les fue la mano en el interrogatorio en Intxaurrondo'. El Gobierno Vasco le reconoció formalmente como víctima de violencia policial en el marco de la Ley 12/2016, pero el Estado nunca ha depurado responsabilidades.
En contra
Desde la Dirección General de la Guardia Civil y sectores jurídicos se argumenta que la causa penal fue sobreseída judicialmente hace décadas por falta de autor conocido y que no constan expedientes abiertos pendientes de archivo que contengan datos inéditos legalmente clasificables.
Gestión de Emergencias y Protección Civil
Prevención de catástrofes naturales e incendios, coordinación de emergencias y servicios de protección civil.
(2.4-06) Impulsar una estrategia de adaptación al cambio climático financiada frente a inundaciones y fenómenos extremos
«Favorecer una estrategia de adaptación al cambio climático con financiación suficiente, priorizando la prevención de inundaciones, temporales, incendios y fenómenos meteorológicos extremos.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea dotar de recursos presupuestarios plurianuales al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) y a las Confederaciones Hidrográficas (Cantábrico y Ebro), en coordinación con URA (Agencia Vasca del Agua) y la Ley 1/2024 de Transición Energética y Cambio Climático de Euskadi, para financiar obras de defensa contra inundaciones fluviales, sistemas de alerta temprana hidrometeorológica (Euskalmet) y prevención de incendios forestales.
A favor
Según la Agencia Vasca del Agua (URA), Euskadi cuenta con más de 100 Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) en las que residen más de 250.000 personas y se asientan cientos de polígonos industriales en las riberas del Nervión-Ibaizabal, Cadagua, Oria, Urumea, Deba, Urola y Zadorra. Los estudios de Ihobe (escenarios climáticos Klimatek) proyectan un incremento del 15%-20% en la intensidad de las precipitaciones torrenciales extremas en la vertiente cantábrica, con daños potenciales de cientos de millones de euros por episodio.
En contra
Aunque URA ha invertido más de 350 millones de euros en las últimas dos décadas en encauzamientos, sustitución de puentes con efecto presa y llanuras de inundación (como en el Urumea en Donostia/Martutene, el Nervión en Basauri/Galdakao o el Zadorra en Vitoria), la ejecución de las obras que dependen de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico o del Ebro (competencia estatal en cuencas intercomunitarias) acumula importantes retrasos presupuestarios.
Política Exterior, Unión Europea, Cooperación y Defensa
Acción exterior, Unión Europea, cooperación internacional al desarrollo, paz, seguridad y Fuerzas Armadas.
(3.5-07) Promover una política exterior comprometida con los derechos humanos y el derecho internacional frente a crisis humanitarias
«Promover una política exterior comprometida con los derechos humanos y el derecho internacional, manteniendo una posición activa frente a las vulneraciones de derechos y las crisis humanitarias.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone condicionar la política exterior comercial y militar de España al estricto respeto del Derecho Internacional Humanitario, promoviendo el embargo de armas a Estados que violen sistemáticamente los convenios de Ginebra (como en los conflictos de Gaza o Yemen) y respaldando las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y las órdenes del Tribunal Penal Internacional.
A favor
El Parlamento Vasco ha aprobado reiteradas declaraciones institucionales condenando la vulneración masiva de derechos humanos en territorios ocupados y crisis bélicas, reclamando coherencia en el comercio exterior de material de defensa y doble uso de acuerdo con la Ley estatal 53/2007 y la Posición Común 2008/944/PESC de la Unión Europea.
En contra
Desde la diplomacia estatal y la industria de defensa se argumenta que las decisiones de política exterior deben conciliar los principios humanitarios con los compromisos estratégicos en el marco de la OTAN y la Unión Europea y con la preservación de miles de empleos industriales en astilleros y plantas aeroespaciales exportadoras.
(3.5-08) Reforzar la cooperación internacional al desarrollo respetando el modelo y la singularidad de eLankidetza
«Reforzar la cooperación internacional para el desarrollo, garantizando recursos suficientes y respetando la singularidad y capacidad de actuación del modelo vasco de cooperación.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Demanda que el Estado alcance de manera vinculante el compromiso de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) conforme a la Ley de Cooperación de 2023, garantizando al mismo tiempo el pleno respeto a la autonomía competencial de eLankidetza (Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo) y las ONGD vascas.
A favor
Euskadi es la comunidad autónoma que encabeza el gasto per cápita en cooperación al desarrollo en el Estado, canalizando a través de eLankidetza fondos estables en proyectos de empoderamiento comunitario y justicia de género en África, América Latina y Oriente Próximo, contrastando con el promedio estatal que se sitúa aún por debajo del 0,3% de la RNB.
En contra
En coyunturas de ajuste presupuestario y regreso a las reglas fiscales europeas de déficit y deuda, sectores políticos y analistas reclaman priorizar el gasto social interno e inversiones sanitarias domésticas antes de elevar de forma masiva los fondos estatales de cooperación financiera exterior a terceros países.
(3.5-09) Mantener el compromiso activo contra la pena de muerte y exigir garantías jurídicas para personas condenadas
«Mantener el compromiso contra la pena de muerte, exigiendo garantías jurídicas para las personas condenadas y defendiendo su abolición internacional.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone mantener el liderazgo diplomático de España en la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte y en foros multilaterales de la ONU y el Consejo de Europa, prestando además asistencia jurídica consular reforzada a ciudadanos con nacionalidad española o vínculos familiares que se encuentren en el corredor de la muerte en terceros países.
A favor
La abolición universal de la pena capital constituye una seña de identidad del consenso europeo en derechos humanos. Organizaciones como Amnistía Internacional constatan que todavía más de 50 países ejecutan penas de muerte, en muchos casos tras juicios carentes de garantías procesales básicas o mediante confesiones bajo tortura.
En contra
Terceros países soberanos que aplican la pena capital (como Estados Unidos, China, Irán o Arabia Saudí) rechazan cualquier injerencia en sus ordenamientos procesales internos amparándose en el principio de no intervención del Derecho internacional público, lo que dificulta la interlocución consular y diplomática.