Partido Humanista
Elecciones Generales 2026. Hay futuro si lo primero es la gente · 40 propuestas · 31 páginas · lectura estimada ~14 min
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Posturas en debates clave
Síntesis en 4 cuestiones centrales enlazadas a su cita.
Debe reducirse por ley la jornada laboral ordinaria a 35 o menos horas semanales sin reducción salarial.
Deben prohibirse o revertirse las concesiones privadas y externalizaciones en la gestión de la sanidad pública.
Debe mantenerse o ampliarse la financiación pública a centros educativos concertados o mediante cheque escolar frente a una red exclusivamente pública.
Vocabulario más característico
Comparar vocabulario →Vivienda, Urbanismo y Mercado del Alquiler
Acceso a la vivienda, parque público, rehabilitación, regulación del alquiler, suelo urbanizable y seguridad jurídica residencial.
Plan Estatal de Alquiler Social para crear 2,5 millones de viviendas públicas en 10 años
«Inversión pública sostenida durante 10 años para incorporar 2,5 millones de viviendas al Parque Público de Alquiler Social, mediante edificación ecológica en suelo público, rehabilitación urbana y la incorporación forzos…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone una inversión pública sostenida durante 10 años para incorporar 2,5 millones de viviendas al Parque Público de Alquiler Social mediante edificación ecológica en suelo público, rehabilitación urbana e incorporación forzosa de viviendas en manos de entidades financieras y Sareb.
A favor
El parque de vivienda social en alquiler en España representa apenas el 2,5% del parque total (unas 290.000 viviendas) frente al 9,3% de media de la Unión Europea, el 17% en Francia, el 24% en Austria o el 30% en los Países Bajos según el Observatorio Europeo de la Vivienda. Esta anomalía estructural deja el mercado residencial a expensas de la especulación privada y obliga a más del 40% de los inquilinos a soportar una sobrecarga habitacional severa al destinar más del 40% de sus ingresos al alquiler.
En contra
Construir o incorporar 2,5 millones de viviendas en una década supondría un esfuerzo presupuestario de gran magnitud en infraestructuras públicas y toparía con cuellos de botella operativos: patronales y sindicatos de la construcción estiman un déficit superior a 500.000 trabajadores en el sector, lo que dificultaría ejecutar ese ritmo de edificación y rehabilitación.
Prohibición de adquisición residencial a fondos buitre y derogación del régimen fiscal privilegiado de las SOCIMIs
«Prohibición por ley de la adquisición de viviendas residenciales por parte de fondos de capital riesgo y fondos buitre. Derogación del régimen fiscal privilegiado de las SOCIMIs (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversió…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone prohibir por ley que fondos de capital riesgo y fondos buitre adquieran viviendas residenciales, y derogar el régimen fiscal privilegiado de las SOCIMIs para que tributen al tipo general del Impuesto sobre Sociedades.
A favor
Informes del Sindicato de Inquilinos y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) demuestran que la proliferación de SOCIMIs y macrofondos (como Blackstone, Cerberus o Lone Star) tras la crisis de 2008 concentró decenas de miles de viviendas en carteras especulativas que aplican subidas agresivas del alquiler, expulsan a familias mediante no renovaciones de contrato y eluden millones de euros en impuestos gracias a su tributación al 0% en Sociedades.
En contra
El Banco de España y patronales inmobiliarias argumentan que las SOCIMIs canalizan inversión institucional imprescindible para el desarrollo de promociones de alquiler profesional (*build to rent*) con altos estándares energéticos y de mantenimiento. Prohibir su actividad o elevar abruptamente su tributación podría provocar desinversiones masivas de capital internacional, litigios en tribunales europeos por vulnerar la libre circulación de capitales (art. 63 TFUE) y paralizar la construcción de nueva oferta en alquiler.
Regla del 30%: Tope legal vinculante al alquiler indexado a la renta media por código postal
«Establecimiento de un límite máximo legal al precio del alquiler residencial: ningún contrato podrá superar el 30% de la renta media disponible del código postal correspondiente. Publicación obligatoria del Índice de Ren…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone fijar un límite máximo legal al precio del alquiler residencial para que ningún contrato supere el 30% de la renta media disponible del código postal correspondiente, junto con la publicación obligatoria del Índice de Renta Máxima Residencial.
A favor
Según datos de Eurostat y del Banco de España, el esfuerzo financiero para alquilar una vivienda en grandes capitales como Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga o Palma de Mallorca supera el 50%-60% del salario mediano de los menores de 35 años, provocando que más de tres de cada cuatro jóvenes no puedan emanciparse antes de los 30 años. Fijar un límite del 30% devolvería los precios a niveles asumibles para la mayoría trabajadora y alinearía a España con los estándares de asequibilidad de Naciones Unidas.
En contra
Experiencias como el tope al alquiler de Berlín (Mietendeckel) muestran que las restricciones rígidas de precios pueden reducir drásticamente la oferta disponible en el mercado de alquiler tradicional y derivarla hacia contratos temporales o venta. En el plano jurídico español, la STC 37/2022 anuló los topes autonómicos catalanes al entender que fijar límites contractuales afecta a las bases de las obligaciones civiles (art. 149.1.8 CE), competencia reservada al Estado y sujeta además al equilibrio constitucional entre el derecho de propiedad y el acceso a la vivienda.
Economía, Industria, Innovación y Turismo
Política industrial, productividad, I+D+i, comercio, digitalización y sector turístico.
Creación de una Red de Banca Pública sin Interés orientada a vivienda social, economía cooperativa y pymes
«Creación de una Red Bancaria Pública a partir de la consolidación de entidades con participación estatal. La Banca Pública concederá créditos a tipo de interés 0% (cobrando únicamente gastos mínimos de gestión). Estos cr…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone crear una Red Bancaria Pública consolidando entidades con participación estatal para conceder créditos al 0% de interés (cobrando solo gastos mínimos de gestión), destinados exclusivamente a primera vivienda habitual, economía social y cooperativa, transición ecológica, pequeñas empresas, sociedades laborales y empresas participadas por trabajadores.
A favor
Los cinco grandes bancos españoles alcanzaron beneficios récord conjuntos superiores a 26.000 millones de euros en 2023 impulsados por las subidas de tipos del BCE y una limitada remuneración del ahorro. Modelos de banca pública de desarrollo como el KfW alemán muestran que es posible canalizar financiación estatal hacia pymes, transición energética e infraestructuras.
En contra
El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 107 TFUE) y las directrices bancarias del Banco Central Europeo y del Mecanismo Único de Supervisión (MUS) exigen que las entidades de crédito operen bajo condiciones de mercado y preserven ratios estrictos de solvencia (Basilea III). Prestar al 0% en un entorno de inflación positiva generaría pérdidas reales de capital que obligarían a inyecciones continuas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, asumiendo el contribuyente el riesgo de morosidad crediticia.
Control democrático de la Inteligencia Artificial en beneficio de toda la población
«La IA debe ponerse al servicio de la especie, no ser una herramienta en manos de unos pocos para acumular mayor poder y riqueza Existen diversos estudios sobre cómo hacer que esta formidable herramienta, la IA, deje de e…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone una regulación estatal y comunitaria estricta que impida que los grandes modelos de lenguaje e inteligencia artificial queden monopolizados por corporaciones tecnológicas transnacionales privadas. Plantea la creación de centros públicos de supercomputación e IA abierta, con auditorías obligatorias de código y algoritmos para evitar sesgos discriminatorios y poner la automatización al servicio del bienestar colectivo.
A favor
El desarrollo acelerado de la IA generativa está concentrado en un puñado de gigantes tecnológicos globales (Microsoft, Google, Meta, OpenAI, Amazon) cuyo valor de mercado conjunto supera el PIB de decenas de naciones soberanas, permitiéndoles moldear la opinión pública y concentrar rentas sin control democrático. Informes de la UNESCO sobre ética de la IA reclaman que los algoritmos sean transparentes, auditables y sometidos a la gobernanza pública para salvaguardar los derechos humanos y la tecnodiversidad.
En contra
La Unión Europea ya aprobó el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act de 2024), pionero a escala global en clasificación de riesgos y exigencias de transparencia técnica. Imponer sobrerregulaciones o nacionalizaciones a escala puramente estatal en España podría provocar la fuga de centros de datos, startups y talento investigador hacia Estados Unidos o Asia, aislando tecnológicamente a la economía española.
Empleo, Autónomos y Relaciones Laborales
Mercado de trabajo, salarios, jornada laboral, negociación colectiva, emprendimiento y régimen de trabajadores autónomos.
Ley de Propiedad Participada de los Trabajadores y cogestión empresarial paritaria
«Establecimiento de una batería de exenciones fiscales para la creación y desarrollo de Sociedades Laborales (en las que más del 50% del capital social es propiedad de los trabajadores) y para empresas participadas por lo…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone ampliar la Ley 44/2015 con exenciones fiscales suficientes para crear y desarrollar Sociedades Laborales (más del 50% del capital en manos de los trabajadores) y empresas participadas con cogestión paritaria entre trabajadores y propiedad. Incluye crear Fondos de Accionariado Laboral dotados con el 25% de los beneficios netos anuales para transferir progresivamente la propiedad accionarial a la plantilla.
A favor
Según datos de CEPES (respaldados por análisis de Funcas), las más de 43.000 empresas y entidades de la economía social en España representan en torno al 10% del PIB y destruyeron durante las crisis 6,5 puntos menos de empleo que las empresas mercantiles convencionales gracias a la flexibilidad interna y la implicación de sus socios trabajadores.
En contra
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y juristas mercantiles señalan que imponer por vía de incentivos fiscales desproporcionados la cogestión paritaria o el control accionarial laboral puede desincentivar la captación de inversión extranjera directa y capital riesgo internacional, al restringir la libertad de dirección del inversor privado. Además, una exención masiva en Sociedades erosionaría la recaudación tributaria en un momento de estricto cumplimiento de las reglas fiscales de la UE.
Reducción de la jornada laboral legal a 30 horas semanales en 4 días sin minoración salarial
«Reducción legal de la jornada ordinaria laboral a 30 horas semanales distribuidas en 4 días, sin reducción del salario. Esta medida redistribuye el trabajo existente frente al impacto de la automatización, mejora la salu…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reducir por ley la jornada laboral ordinaria a 30 horas semanales distribuidas en 4 días sin rebaja salarial, con el fin de redistribuir el trabajo ante la automatización, mejorar la salud física y mental de los trabajadores y favorecer la conciliación personal y comunitaria.
A favor
El ensayo piloto de 4 Day Week Global en el Reino Unido (61 empresas y unos 2.900 trabajadores) registró un incremento medio de ingresos del 1,4%, una reducción del 65% en las bajas por enfermedad y un descenso del 71% en los niveles de agotamiento profesional (burnout). En España, la jornada máxima legal de 40 horas semanales permanece vigente desde 1983.
En contra
CEPYME y análisis del Banco de España advierten de que recortar de forma abrupta la jornada legal sin ganancias previas equivalentes de productividad eleva los costes laborales unitarios y penaliza especialmente a las pymes y a los sectores presenciales de menor productividad relativa (hostelería, comercio o cuidados), con riesgo de pérdida de competitividad y empleo.
Liberación del trabajo humano ante la automatización ('Que trabajen las máquinas')
«Otra posibilidad que se abre es la de que por fin el ser humano pueda realizar la tan ansiada aspiración de QUE TRABAJEN LAS MÁQUINAS. Lógicamente esta liberación (como en su momento lo fue la de la esclavitud) es incomp…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone un cambio civilizatorio en la concepción del trabajo y la riqueza: en lugar de que la automatización genere paro y precariedad para la mayoría y beneficios desorbitados para el capital, se establece un gravamen fiscal específico a las empresas que sustituyan puestos humanos por software o robots. Esta recaudación nutrirá un fondo estatal para financiar la reducción general de la jornada y la Renta Básica Universal.
A favor
Informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la OCDE (2024) estiman que la inteligencia artificial afectará a cerca del 60% de los empleos en las economías avanzadas, amenazando con destruir o desvalorizar millones de empleos administrativos, creativos y técnicos cualificados sin precedentes. Sin un mecanismo de reparto social de la productividad algorítmica, la desigualdad salarial y la concentración de capital se dispararán exponencialmente.
En contra
Economistas de la Comisión Europea y del MIT argumentan que un 'impuesto a los robots' o gravámenes a la IA desincentivarían la innovación y la modernización industrial, ralentizando el crecimiento de la productividad agregado. La historia económica muestra que las revoluciones tecnológicas pasadas (mecanización agraria, informática) transformaron el mercado pero terminaron creando nuevas industrias y más empleos netos de mayor valor añadido que los destruidos.
Pensiones, Bienestar Social, Igualdad y Reto Demográfico
Sistema público de pensiones, personas mayores, discapacidad, inclusión social, políticas de igualdad y despoblación.
Renta Básica Universal e Incondicional (RBUI) individual de 950 € al mes (120 % del umbral de pobreza)
«Garantía por ley de una asignación monetaria individual, incondicional y universal de 950 € al mes para toda persona mayor de edad residente en España (calculada en el 120% del umbral de pobreza monetaria actual). Memori…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone garantizar por ley una Renta Básica Universal e Incondicional (RBUI) de 950 € al mes (120% del umbral de pobreza) para toda persona mayor de edad residente en España, con un coste bruto estimado de 433.200 millones de euros y un coste neto de 140.000 millones. Se financiaría mediante reforma progresiva del IRPF a rentas superiores a 120.000 € (55.000 M€), impuesto a grandes fortunas de más de 3 M€ (25.000 M€), Tasa Tobin del 0,5% (20.000 M€), lucha contra el fraude fiscal (30.000 M€) y ahorro administrativo al sustituir prestaciones redundantes (10.000 M€).
A favor
La Encuesta de Condiciones de Vida del INE sitúa la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) en el 25,7% de la población. Evaluaciones de la AIReF y FEDEA sobre el Ingreso Mínimo Vital constatan además un elevado porcentaje de no solicitud (superior al 50% de los hogares elegibles) por barreras burocráticas, mientras simulaciones académicas de la Red Renta Básica señalan que una prestación universal eliminaría la pobreza severa.
En contra
Financiar una RBUI de 950 € mensuales para unos 38 millones de adultos supondría un desembolso bruto de 433.200 millones de euros anuales según la propia memoria del programa. Economistas de FEDEA advierten de que su coste neto exigiría elevar sustancialmente los tipos marginales del IRPF y podría desincentivar la oferta laboral, defendiendo frente a prestaciones universales ayudas focalizadas y condicionadas a la renta.
Sistema Nacional Público de Cuidados Comunitarios y desmercantilización de las residencias de mayores
«Sustitución progresiva del modelo masificado y lucrativo de residencias privadas por una Red Pública de Centros de Convivencia Comunitarios humanizados (máximo 25 plazas por módulo). Equiparación salarial y condiciones l…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone una refundación de la Ley 39/2006 de Dependencia mediante la asunción íntegra de su financiación por parte del Estado (eliminando la asimetría del 50% autonómico y suprimiendo el copago de los usuarios), garantizando la resolución del PIA en 30 días y prohibiendo la gestión de residencias públicas de mayores por fondos de inversión especulativos para transitar hacia un modelo desinstitucionalizado de cuidados.
A favor
Los informes del Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales revelan que cada 15 minutos fallece en España una persona en las listas de espera de la dependencia sin haber llegado a recibir la prestación reconocida, acumulando más de 290.000 personas en el 'limbo de la dependencia' con demoras medias de tramitación superiores a los 320 días. La tragedia de las residencias durante la pandemia de COVID-19 demostró las fallas éticas del modelo mercantilizado gestionado por fondos buitre.
En contra
Asumir la financiación pública del 100% del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y suprimir el copago patrimonial requeriría triplicar la partida del Estado hasta superar los 10.000-12.000 millones de euros anuales. Además, transformar de inmediato el parque residencial privado (que concentra más del 70% de las plazas en España) colisiona con concesiones administrativas vigentes y requiere una gigantesca oferta de cuidadores profesionales hoy inexistente por los bajos salarios del convenio sectorial.
Lucha contra la desigualdad y toda forma de discriminación mediante la no violencia activa
«La no violencia activa es la metodología de acción que no se limita al rechazo de la violencia física, económica, racial, religiosa, sexual, psicológica y moral, sino que propone una forma de acción política y social ori…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone una política transversal de no violencia activa institucional para dotar con recursos estables y suficientes a las redes de acogida y atención psicológica a víctimas de violencia de género, garantizar los derechos de autodeterminación de género y no discriminación del colectivo LGTBIQ+ y sancionar con contundencia los delitos de odio racistas, xenófobos o tránsfobos.
A favor
Las estadísticas de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género registran más de 1.250 mujeres asesinadas en España desde 2003 por sus parejas o exparejas, y el Ministerio del Interior constata un incremento sostenido de más del 30% en los delitos de odio por orientación sexual y racismo en los últimos tres años. La desarticulación cultural de la violencia machista y homófoba exige medidas de Estado continuadas y dotadas con financiación suficiente.
En contra
Sectores críticos sostienen que ciertas medidas de discriminación positiva o leyes de autodeterminación de género sin informes médicos previos han suscitado debates jurídicos sobre la seguridad jurídica y los espacios deportivos o penitenciarios reservados para mujeres. Asimismo, se debate sobre los límites de la tipificación penal de los discursos de odio para no vulnerar el núcleo esencial de la libertad de expresión ideológica (art. 20 CE).
Sanidad Pública, Salud Mental y Dependencia
Atención primaria, listas de espera, personal sanitario, salud mental, cartera de servicios y atención a la dependencia.
Blindaje constitucional de la gestión directa del SNS y prohibición de fórmulas privatizadoras
«Derogación inmediata de la Ley 15/1997 y de todas las fórmulas de colaboración públicoprivada o concesiones administrativas en la sanidad pública. Blindaje en el artículo 43 de la Constitución de la gestión pública direc…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone derogar de inmediato la Ley 15/1997 y toda fórmula de colaboración público-privada o concesión administrativa en la sanidad pública, blindando en el artículo 43 de la Constitución la gestión pública directa, universal y gratuita del Sistema Nacional de Salud.
A favor
Informes de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y de la Sindicatura de Comptes de la Comunidad Valenciana sobre las reversiones hospitalarias (Alzira, Torrevieja, Dénia) han constatado que la gestión privada de centros públicos genera sobrecostes opacos, desvío de patologías complejas a hospitales de gestión tradicional y precarización de las plantillas médicas para maximizar el margen de beneficio de los fondos y aseguradoras concesionarias.
En contra
El Tribunal Constitucional ha avalado la compatibilidad constitucional de la gestión indirecta y la colaboración público-privada sanitaria. Según datos del Ministerio de Sanidad y de ASPE, los conciertos con centros privados suponen en torno al 8,5%-10,1% del gasto sanitario público y aportan capacidad quirúrgica y diagnóstica para aliviar listas de espera, advirtiendo el sector privado de los elevados costes de reversión e indemnización.
Incremento de la inversión sanitaria pública hasta el 9,5% del PIB blindando el 25% para Atención Primaria
«Incremento progresivo de la inversión pública en sanidad hasta alcanzar el 9,5% del PIB en la legislatura, destinando como mínimo el 25% de este presupuesto a la Atención Primaria y Comunitaria.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone un pacto de Estado de financiación sanitaria que eleve el gasto público en salud del actual ~7% del PIB al 9,5% del PIB, imponiendo a todas las Comunidades Autónomas la obligación legal de asignar un mínimo del 25% de sus cuentas sanitarias a la Atención Primaria. Establece ratios máximos por profesional, un tiempo asistencial de 15 minutos por consulta y citas en centros de salud en un máximo de 48 horas.
A favor
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) recomiendan de forma unánime que los países destinen al menos el 25% de su presupuesto de salud al primer nivel asistencial para garantizar la prevención y la equidad. Actualmente, en España la media autonómica en Atención Primaria apenas ronda el 14%-15% del gasto sanitario, sufriendo demoras de más de 8 a 10 días para ver al médico de cabecera según el Barómetro Sanitario del CIS.
En contra
Elevar el gasto sanitario público al 9,5% del PIB supondría un incremento presupuestario permanente de más de 35.000 millones de euros anuales para las arcas autonómicas, en un contexto de retorno de las reglas fiscales y de contención del gasto. Además, el principal cuello de botella hoy no es solo presupuestario sino demográfico: faltan más de 5.000 médicos de familia y pediatras en bolsa de empleo por las jubilaciones masivas y la falta de plazas MIR especializadas en Primaria.
Plan Nacional de Salud Mental Comunitaria y despatologización del sufrimiento psíquico
«Contratación pública urgente de profesionales de la psicología clínica hasta garantizar una ratio de 20 psicólogos por cada 100.000 habitantes en Atención Primaria. Transformación del modelo biomédico hacia un enfoque ps…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone una Ley Orgánica de Salud Mental que cree una red asistencial comunitaria de atención psicológica directa en todos los centros de Atención Primaria, contratando a 10.000 profesionales para elevar el ratio a 20 psicólogos por 100.000 habitantes. Plantea prohibir por ley las contenciones mecánicas e ingresos forzosos en unidades psiquiátricas, promoviendo alternativas dialógicas y comunitarias frente a la sobremedicalización farmacéutica.
A favor
España presenta un déficit crítico en salud mental pública: cuenta con apenas 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes en el SNS, tres veces menos que la media europea de 18 y muy lejos de países como Suecia o Finlandia (más de 30). Esto provoca listas de espera de más de 6 a 9 meses para una primera consulta de psicología y sitúa a España como el país con mayor consumo per cápita mundial de ansiolíticos según la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS), con más de 4.000 suicidios al año registrados por el INE.
En contra
La formación de psicólogos especialistas en Psicología Clínica (vía PIR) está estrictamente limitada por la capacidad docente de las unidades acreditadas, convocándose apenas 247 plazas PIR anuales en todo el país, lo que hace técnicamente inviable incorporar 10.000 psicólogos clínicos a corto plazo sin reformar el sistema formativo o rebajar las exigencias de especialización clínica hospitalaria. Asimismo, la prohibición total de contenciones mecánicas en crisis agudas genera reticencias técnicas en sociedades psiquiátricas.
Educación, Formación Profesional y Universidad
Enseñanza obligatoria y postobligatoria, becas, profesorado, Formación Profesional y sistema universitario.
Blindaje de la inversión educativa pública al 7% del PIB por ley orgánica
«Fijación por ley de un suelo presupuestario del 7% del PIB destinado de forma exclusiva a la red pública de enseñanza. Integración progresiva y voluntaria de los centros concertados en la Red Única Pública, Laica y Gratu…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone aprobar una Ley Orgánica de Financiación del Sistema Educativo que obligue por ley al Estado y a las Comunidades Autónomas a destinar de forma sostenida al menos el 7% del PIB a la educación pública, garantizando la gratuidad absoluta de todo el material escolar, libros, transporte y comedores escolares ecológicos para todo el alumnado matriculado en centros de titularidad pública.
A favor
España destina actualmente en torno al 4,2%-4,4% de su PIB a educación pública según datos del Ministerio de Educación y Eurostat, situándose claramente por debajo de la media de la Unión Europea (4,8%) y a gran distancia de países de referencia como Dinamarca, Suecia o Islandia (que superan el 6,5%-7% del PIB). El gasto medio de las familias al inicio de curso supera los 500 euros por hijo en material y libros de texto según la OCU, generando una severa barrera económica para hogares vulnerables.
En contra
Elevar el gasto educativo del 4,3% al 7% del PIB representaría un aumento del gasto público de más de 40.000 millones de euros anuales, lo que obligaría a reordenar drásticamente los presupuestos de las Comunidades Autónomas (titulares del 90% del gasto educativo). Expertos de la OCDE en el informe *Education at a Glance* han advertido de que un incremento cuantitativo del gasto sin reformas estructurales en la carrera docente y en la gestión pedagógica no garantiza por sí solo mejores resultados académicos.
Reducción generalizada de ratios máximas escolares a 15 alumnos por aula en todas las etapas
«Reducción legal del número máximo de estudiantes por aula a 15 alumnos en todas las etapas obligatorias (Infantil, Primaria y Secundaria), garantizando una educación personalizada, comprensiva y atenta a las diversas nec…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone modificar el Real Decreto 132/2010 de requisitos mínimos de centros para rebajar el número máximo de alumnos por aula de los actuales 25 en Primaria, 30 en Secundaria y 35 en Bachillerato a un máximo estricto de 15 alumnos en todos los niveles educativos. Aprovecha el invierno demográfico para no cerrar aulas públicas y destinar los recursos a la codocencia y a la inclusión educativa.
A favor
Estudios pedagógicos internacionales y del Consejo Escolar del Estado constatan que las clases reducidas de 15 alumnos mejoran sustancialmente el clima escolar, reducen drásticamente los problemas de acoso escolar y conducta, disminuyen el fracaso escolar en entornos desfavorecidos y permiten una atención personalizada a alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). Sindicatos docentes como STEs y CCOO han convocado movilizaciones unánimes en toda España reclamando la bajada de ratios.
En contra
Mantener abiertas todas las unidades escolares reduciendo el ratio a 15 alumnos exigiría duplicar las contrataciones docentes (más de 120.000 nuevos profesores en toda España) con un coste añadido estimado por las consejerías autonómicas en más de 6.000 millones de euros anuales en salarios. Asimismo, muchos centros urbanos consolidados carecen de espacio físico e infraestructuras para desdoblar las aulas.
Implantación troncal de la Pedagogía de la No Violencia Activa, pensamiento crítico y resolución pacífica de conflictos
«Introducción transversal en el currículo escolar de asignaturas prácticas de resolución pacífica de conflictos, educación emocional, pensamiento crítico, filosofía y ecología social. Garantía de laicidad absoluta en el e…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar los currículos educativos de la LOMLOE para situar como eje transversal obligatorio y materia troncal la Pedagogía de la No Violencia Activa, inspirada en la doctrina humanista universalista. Sustituye los paradigmas competitivos y mercantilistas por metodologías cooperativas, formación emocional, pensamiento crítico frente a la manipulación mediática y mediación comunitaria entre iguales.
A favor
La UNESCO y UNICEF recomiendan la incorporación formal de la educación para la paz y la no violencia en las escuelas para atajar el aumento del ciberacoso y los problemas de salud mental infanto-juvenil. En España, los informes de la Fundación ANAR reflejan un aumento alarmante de los casos de acoso escolar y conductas autolíticas entre adolescentes, evidenciando el agotamiento de un modelo educativo centrado exclusivamente en la memorización de contenidos y la presión evaluadora sin herramientas de gestión emocional y comunitaria.
En contra
Colectivos de familias y sectores conservadores suelen mostrar recelos ante asignaturas de formación ética o moral obligatoria, temiendo que puedan derivar en adoctrinamiento moral estatal ajeno al derecho de los padres a educar a sus hijos según sus propias convicciones (art. 27.3 CE). Además, añadir nuevas cargas lectivas troncales obliga a reducir horas lectivas de materias básicas como matemáticas o lengua.
Energía, Transición Ecológica y Medio Ambiente
Mix energético, energías renovables, redes eléctricas, descarbonización, biodiversidad y gestión de residuos.
Creación de una Empresa Pública de Energía y democratización comunitaria de tejados solares cooperativos
«Creación de la Empresa Pública "Energía Humana" para asumir la gestión pública de centrales hidroeléctricas recuperadas. Financiación pública al 100% de la instalación de comunidades energéticas solares en tejados de viv…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone fundar una eléctrica pública estatal que asuma la titularidad y explotación directa de los saltos hidroeléctricos a medida que expiren sus concesiones a Iberdrola, Endesa y Naturgy, y financie el 100% de la instalación de placas solares en azoteas de edificios residenciales, vertebrando comunidades energéticas locales y suministrando luz a precio de coste para erradicar la pobreza energética.
A favor
El oligopolio eléctrico en España obtiene beneficios extraordinarios milmillonarios mientras más de 4,5 millones de personas sufren pobreza energética en invierno según el Ministerio para la Transición Ecológica. La recuperación de las concesiones hidráulicas por el Estado (como ha sucedido en saltos de Huesca o Asturias) ha demostrado generar ingresos limpios para reinvertir en la factura de los ciudadanos y abaratar el pool eléctrico frente a la especulación de las eléctricas privadas.
En contra
Las grandes eléctricas privadas sostienen que operar complejas redes de generación y comercialización requiere músculo financiero y técnico que el sector público no puede asumir eficientemente sin incurrir en déficit público. Además, el despliegue masivo de tejados solares urbanos se enfrenta a complejas trabas técnicas de refuerzo de las redes de distribución de baja tensión y lentitud burocrática de enganche.
Sector Primario, Agua y Medio Rural
Agricultura, ganadería, pesca, cadena alimentaria, PAC, planificación hidrológica y desarrollo rural.
Soberanía alimentaria, fomento de la agroecología de proximidad y moratoria inmediata a las macrogranjas
«Moratoria inmediata a la construcción o ampliación de macrogranjas ganaderas intensivas. Persecución penal del robo de agua y pozos ilegales que agotan acuíferos clave (como Doñana, Acuífero 23 o el Mar Menor). Subvencio…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone prohibir de forma absoluta en todo el territorio estatal las macrogranjas de porcino y avícola de ganadería industrial intensiva, aprobando una moratoria inmediata y planes de reconversión hacia la ganadería extensiva y agroecología. Canaliza compras públicas en comedores hacia alimentos ecológicos locales y endurece las sanciones por vertidos de purines que contaminan aguas subterráneas.
A favor
La Comisión Europea ha llevado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por el incumplimiento sistemático de la Directiva de Nitratos, con acuíferos gravemente contaminados en Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña y Murcia debido a la proliferación descontrolada de millones de cerdos estabulados en macrogranjas. Las macrogranjas consumen millones de litros de agua en zonas semiáridas y apenas fijan población en los pueblos al estar altamente automatizadas, expulsando a la ganadería tradicional familiar extensiva.
En contra
La patronal cárnica (Interporc) y el sector agroindustrial destacan que España es el mayor productor de porcino de la Unión Europea y el tercero del mundo, generando exportaciones por valor de más de 8.000 millones de euros y cientos de miles de puestos de trabajo en comarcas rurales donde no existen otras industrias alternativas. Prohibir de golpe las explotaciones intensivas dispararía el precio de la carne para las familias y destruiría el tejido exportador agroalimentario nacional.
Infraestructuras, Transporte, Movilidad y Conectividad
Red ferroviaria, cercanías, carreteras, puertos, aeropuertos, transporte público y telecomunicaciones.
Gratuidad total del transporte público ferroviario y de autobús y electrificación del tren convencional
«Gratuidad total del transporte público en trenes de Cercanías, Media Distancia y redes de autobús urbano e interurbano. Plan prioritario de inversiones para la modernización y electrificación de las líneas de tren conven…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone consolidar como derecho social gratuito permanente el uso de los trenes de Cercanías, Rodalies y Media Distancia convencional de Renfe, financiado mediante impuestos a los billetes de avión y a los combustibles fósiles. Detiene la construcción de nuevos tramos de Alta Velocidad millonarios para volcar toda la inversión en la red de tren convencional, mercancías y reapertura de líneas rurales clausuradas (como la Ruta de la Plata).
A favor
Las bonificaciones al transporte ferroviario implantadas desde 2022 dispararon el uso del tren en más de un 30%, ahorrando millones de toneladas de CO2 y cientos de euros al mes a millones de trabajadores en desplazamientos diarios. España cuenta con la segunda red de Alta Velocidad más extensa del mundo (más de 4.000 km) pero apenas el 4% de las mercancías viaja en tren (frente al 18% de media europea), y las Cercanías sufren averías continuas por décadas de desinversión presupuestaria.
En contra
Mantener la gratuidad permanente del ferrocarril sin límite temporal tiene un coste anual superior a los 1.500-2.000 millones de euros para las arcas públicas del Estado, generando tensiones financieras en las operadoras públicas y saturación en horas punta. Asimismo, frenar las conexiones de Alta Velocidad pendientes (como la llegada del AVE a Extremadura, Cantabria o País Vasco) genera un enorme agravio territorial.
Política Migratoria, Fronteras, Integración y Nacionalidad
Gestión de flujos migratorios, asilo, acogida, integración sociolaboral, fronteras y acceso a la nacionalidad.
Derogación inmediata de la Ley de Extranjería y clausura definitiva de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE)
«Derogación de la legislación de extranjería sancionadora y cierre definitivo e incondicional en un plazo de 60 días de todos los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone la derogación íntegra de la Ley Orgánica 4/2000 (Ley de Extranjería), suprimiendo la figura de la situación administrativa irregular y cerrando con carácter inmediato todos los CIE del territorio nacional (como Aluche, Zona Franca o Barranco Seco), al considerarlos cárceles encubiertas para personas que no han cometido ningún delito penal sino una mera infracción administrativa.
A favor
Informes del Defensor del Pueblo, de la Fiscalía General del Estado y de organizaciones de derechos humanos (como Amnistía Internacional y SOS Racismo) han denunciado de forma reiterada las condiciones inhumanas, hacinamiento, falta de asistencia médica adecuada y vulneraciones de derechos fundamentales en el interior de los CIE. Encerrar hasta 60 días a personas por carecer de permiso de residencia vulnera el espíritu del artículo 17 de la Constitución y de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
En contra
La Directiva de Retorno de la Unión Europea (Directiva 2008/115/CE) y los acuerdos de control fronterizo del Espacio Schengen obligan a los Estados miembros a disponer de centros de estancia temporal para ejecutar la repatriación o expulsión de personas extranjeras que acceden irregularmente a territorio europeo. Derogar la Ley de Extranjería sin fronteras comunes provocaría un conflicto normativo directo con la Comisión Europea y el colapso del sistema común de asilo y fronteras.
Vías legales seguras, regularización administrativa de residentes y derecho al voto tras 3 años
«Apertura de vías legales, estables y seguras para los flujos migratorios. Regularización administrativa inmediata de todas las personas migrantes residentes actualmente en España, reconociendo de pleno derecho sus aporta…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone habilitar cauces formales para solicitar visados de residencia y trabajo en los consulados de origen, habilitar corredores humanitarios para evitar la muerte de miles de personas en la ruta atlántica y el Mediterráneo, y convalidar en el Congreso la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la regularización extraordinaria de todas las personas migrantes presentes en España antes del 1 de noviembre de 2024.
A favor
Más de 700.000 firmas ciudadanas avalaron la ILP para la regularización de personas migrantes en España. La Fundación Funcas y la Seguridad Social calculan que regularizar a las más de 500.000 personas en situación irregular aportaría más de 3.000 millones de euros anuales en cotizaciones sociales e impuestos netos, aflorando empleo sumergido en sectores clave (agricultura, cuidados, hostelería y construcción) y rescatando a miles de familias de la explotación laboral más descarnada.
En contra
Críticos y partidos conservadores argumentan que una regularización extraordinaria masiva e incondicional puede generar un 'efecto llamada' hacia las redes criminales de tráfico de personas que operan en las costas de África occidental. Además, el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE aprobado en 2024 prima el control estricto en frontera y el triaje biométrico previo sobre las regularizaciones individuales masivas.
Convivencia intercultural, educación inclusiva y ciudadanía universal con derecho a voto para residentes extranjeros
«Desarrollo de un Plan Estatal de Acogida y Convivencia Intercultural centrado en la escuela pública como eje vertebrador de la cohesión comunitaria. Garantía de acceso inmediato a la formación lingüística, planes de inme…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reconocer la ciudadanía política plena a todas las personas residentes en España con independencia de su nacionalidad de origen, reformando el artículo 13.2 de la Constitución para extender el derecho de voto en todas las elecciones a los residentes extranjeros con más de doce meses empadronados, desvinculando la ciudadanía política del requisito de reciprocidad diplomática internacional.
A favor
En España residen de forma permanente más de 6 millones de personas extranjeras (cerca del 13% de la población total) que pagan sus impuestos (IRPF, IVA, IBI) y cotizan a la Seguridad Social pero carecen de derecho a elegir a los representantes políticos que deciden sobre sus vidas y servicios públicos. Países europeos como Irlanda o los países nórdicos reconocen el derecho de voto a residentes en elecciones locales sin reciprocidad.
En contra
El artículo 13.2 de la Constitución Española reserva con carácter exclusivo el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones generales a los ciudadanos de nacionalidad española, permitiendo el voto extranjero en municipales únicamente por tratado bilateral con reciprocidad o normas comunitarias. Otorgar el voto general a no nacionales desdibuja el vínculo jurídico fundamental de la soberanía nacional del pueblo español (art. 1.2 CE).
Calidad Democrática, Instituciones y Transparencia
Reforma institucional, sistema electoral, separación de poderes, transparencia pública y prevención de la corrupción.
Ley de Responsabilidad Política: carácter jurídicamente vinculante del programa electoral y revocabilidad de cargos
«Consideración del programa electoral como un contrato legal vinculante entre la formación política y el electorado. Todo aquel que no cumpla con lo prometido a sus electores arriesgue el desafuero, la destitución o el ju…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone una transformación constitucional y legal del mandato representativo para convertir el programa electoral en un contrato legal vinculante entre el representante y los electores, superando la prohibición del mandato imperativo del artículo 67.2 de la Constitución. Instituye la figura del referéndum revocatorio (*recall*) a mitad de mandato para destituir a alcaldes, presidentes autonómicos o al Presidente del Gobierno si la ciudadanía constata fraude o incumplimiento de sus promesas electorales clave.
A favor
El barómetro del CIS refleja desde hace décadas que la clase política y los partidos figuran entre los principales problemas percibidos por los españoles, existiendo un sentimiento generalizado de desafección y engaño ante promesas electorales solemnes que se incumplen sistemáticamente tras llegar al poder sin ninguna consecuencia legal. Países como Suiza, diversos estados de Estados Unidos (California) o naciones latinoamericanas tienen regulados mecanismos de revocatoria del mandato (*recall election*) que obligan a los gobernantes a rendir cuentas.
En contra
El artículo 67.2 de la Constitución Española de 1978 prohíbe expresamente que los miembros de las Cortes Generales estén ligados por mandato imperativo, principio angular de la democracia representativa liberal que garantiza que los diputados puedan actuar con libertad de conciencia y adaptarse a coyunturas imprevistas (crisis financieras, guerras, pandemias) sin incurrir en ilegalidad civil o penal. Introducir la revocabilidad exigiría una reforma agravada de la Constitución (art. 168 CE) y podría fomentar una inestabilidad política crónica.
Plataforma digital pública de código abierto para consultas vinculantes y presupuestos participativos
«Desarrollo de una plataforma digital pública y con código abierto para la celebración de consultas ciudadanas vinculantes sobre leyes orgánicas, tratados internacionales y presupuestos participativos (fijando un 15% del…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone una reforma constitucional y legal del artículo 92 y 87.3 CE para suprimir el monopolio del Presidente del Gobierno en la convocatoria de referéndums, habilitando la iniciativa popular para convocar consultas vinculantes sobre cualquier materia (incluida la fiscal o internacional). Establece plataformas públicas de voto telemático seguro y garantiza que las ILP avaladas por firmas ciudadanas se debatan y voten preceptivamente en las Cortes sin filtros parlamentarios.
A favor
El modelo de democracia semidirecta de Suiza, con centenares de votaciones populares vinculantes a escala federal, cantonal y comunal desde el siglo XIX, demuestra que la participación ciudadana continua incrementa la cohesión social, la corresponsabilidad fiscal y la calidad de las políticas públicas. En España, de las decenas de ILP promovidas por la sociedad civil en 45 años, menos del 5% han llegado a convertirse en ley, siendo sistemáticamente bloqueadas o desnaturalizadas por las mayorías partidistas en la Mesa del Congreso.
En contra
Politólogos y constitucionalistas advierten de que una democracia plebiscitaria continua puede favorecer la polarización, la demagogia populista y la tiranía de la mayoría sobre los derechos fundamentales de minorías vulnerables. Asimismo, la experiencia internacional (como el Brexit o los referéndums de California) constata que consultas simplificadas de sí/no resultan inadecuadas para abordar problemas técnicos hipercomplejos de gestión presupuestaria, deuda pública o relaciones internacionales.
Reforma electoral de la LOREG hacia la proporcionalidad real: circunscripción única o colegio nacional de restos
«Modificación integral de la ley electoral para implantar la circunscripción única estatal en el Congreso de los Diputados, superando la distorsión del reparto provincial que beneficia al bipartidismo. Supresión de las ba…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone reformar la LOREG y el artículo 68.2 de la Constitución para acabar con la distorsión del actual sistema electoral provincial. Plantea un modelo de proporcionalidad estricta (mediante circunscripción estatal única o reparto de restos sobrantes no asignados en provincias) para que el porcentaje de escaños de cada fuerza política coincida con exactitud matemática con su porcentaje de sufragios en todo el país.
A favor
En las elecciones generales españolas, partidos de ámbito estatal minoritarios han llegado a necesitar más de 300.000 a 400.000 votos para conseguir un solo diputado en el Congreso, mientras que formaciones nacionalistas concentradas o los dos grandes partidos apenas requieren entre 40.000 y 60.000 votos por escaño. Millones de votos depositados en provincias pequeñas (Soria, Teruel, Segovia, Ávila) hacia terceras opciones quedan completamente desprovistos de representación y terminan en la papelera electoral.
En contra
El artículo 68.2 de la Constitución Española consagra la provincia como circunscripción electoral básica con un mínimo inicial de dos diputados por provincia para garantizar el equilibrio territorial de las zonas rurales despobladas frente a las macrociudades como Madrid o Barcelona. Implantar la circunscripción única estatal exigiría una reforma constitucional agravada (art. 167 CE) y concentraría la atención de las campañas electorales y la inversión pública en las grandes urbes pobladas, vaciando de voz política a la España interior.
Organización Territorial, Autogobierno y Financiación Autonómica
Modelo territorial, competencias autonómicas y forales, financiación territorial, insularidad y ciudades autónomas.
Máxima descentralización municipalista de competencias y presupuestos: subsidiariedad radical de abajo hacia arriba
«Propuesta 1: Hay que dotar de competencias, y de presupuesto, a las distintas administraciones llegando hasta el nivel del municipio, y colocando en este nivel el mayor grado de decisión, competencias y presupuesto. Y de…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone una refundación del modelo de Estado basada en el principio humanista de subsidiariedad radical: transferir la mayor cuota posible de competencias públicas y de recursos tributarios a los municipios y concejos de proximidad, siendo la ciudadanía local en asamblea o mediante consultas vecinales quien decida sus prioridades. Los niveles territoriales superiores (comarcas, CCAA, Estado) solo actuarán por delegación acordada.
A favor
La Carta Europea de Autonomía Local consagrada por el Consejo de Europa defiende que los asuntos públicos deben ser gestionados por la autoridad más cercana a la ciudadanía. En España, los ayuntamientos gestionan apenas el 12%-14% del gasto público total a pesar de ser la primera trinchera de respuesta social, frente al 35%-40% que gestionan los gobiernos locales en países descentralizados como Dinamarca, Suecia o Suiza, dotando de enorme agilidad y cercanía a los servicios comunitarios.
En contra
España cuenta con 8.131 municipios, de los cuales cerca de 5.000 tienen menos de 1.000 habitantes y carecen de capacidad técnica, jurídica y financiera para gestionar competencias complejas de urbanismo, sanidad o regulación ambiental sin generar ineficiencias o duplicidades. Además, una hiperfragmentación municipalista desregulada podría quebrar la equidad y la igualdad básica de los derechos de los españoles en todo el territorio.
Cultura, Lenguas, Deporte y Memoria
Políticas culturales, industrias creativas, lenguas oficiales, fomento del deporte, patrimonio y políticas de memoria.
Libertad de ideas y creencias, posición laica del Estado e igualdad ante la ley
«El Partido Humanista defiende la libertad de ideas y creencias y denuncia la violencia que se manifiesta en la acción de despojar de intención y de libertad al ser humano o a conjuntos humanos. Toda persona tiene derecho…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone la separación estricta de la Iglesia y el Estado consagrando la laicidad plena del ordenamiento jurídico. Exige la denuncia inmediata de los cuatro Acuerdos de 1979 con el Vaticano, la supresión de la financiación pública directa a la Iglesia Católica a través de la asignación tributaria del IRPF (más de 300 millones anuales), la obligación de tributar en el IBI por todos sus inmuebles no afectos al culto y la salida de la religión confesional de las aulas de colegios e institutos públicos.
A favor
El barómetro del CIS constata que más del 65% de la población española, y más del 80% de los jóvenes, se define como no practicante, agnóstica o atea, lo que choca con la pervivencia de privilegios fiscales y financieros decimonónicos a la Iglesia Católica incompatibles con el carácter aconfesional del Estado del artículo 16.3 CE. Europa Laica cifra en más de 11.000 millones de euros anuales los recursos públicos directos e indirectos que recibe la Iglesia en subvenciones, conciertos, exenciones de IBI e inmatriculaciones patrimoniales opacas.
En contra
La Conferencia Episcopal Española y organizaciones benéficas religiosas destacan que la Iglesia Católica, a través de Cáritas y Manos Unidas, sostiene una inmensa red asistencial que atiende anualmente a más de 2,5 millones de personas vulnerables, ahorrando al Estado miles de millones de euros en servicios asistenciales. Además, los Acuerdos de 1979 son tratados internacionales vinculantes que no pueden denunciarse sin negociaciones diplomáticas conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
Política Exterior, Unión Europea, Cooperación y Defensa
Acción exterior, Unión Europea, cooperación internacional al desarrollo, paz, seguridad y Fuerzas Armadas.
Declaración de neutralidad activa y salida inmediata y formal de España de la OTAN
«Inicio del proceso legal de salida de España de la estructura militar de la OTAN. Declaración de España como estado soberano de Neutralidad Activa, consagrado a la mediación de paz, la diplomacia preventiva y la cooperac…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone que España abandone formalmente la Alianza Atlántica al amparo del artículo 13 del Tratado de Washington, retirando a todas las tropas y mandos españoles desplegados en misiones de la OTAN en el flanco este europeo y declarando la neutralidad perpetua activa de España en su Constitución, homologándose a los modelos históricos de Austria, Suiza o Irlanda para actuar como mediador de paz internacional.
A favor
El Partido Humanista fue una de las fuerzas fundadoras y más activas en las masivas movilizaciones del 'OTAN No' en el referéndum de 1986. Organizaciones pacifistas internacionales y el Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz (SIPRI) advierten de que la expansión militar de la OTAN y la lógica de rearme aceleran la confrontación nuclear entre superpotencias, desviando cientos de miles de millones de euros de los servicios públicos hacia el complejo militar-industrial.
En contra
El Ministerio de Asuntos Exteriores y analistas geoestratégicos destacan que el paraguas de seguridad colectiva del artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte es la máxima garantía de disuasión frente a amenazas exteriores para España, especialmente en un contexto de inestabilidad en el flanco sur (Sahel, norte de África) y la guerra de agresión rusa en Ucrania. Abandonar la OTAN dejaría a España aislada diplomática y militarmente de sus socios de la Unión Europea y exigiría duplicar el presupuesto de defensa nacional para sostener un ejército autosuficiente.
Firma y ratificación inmediata del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN)
«Adhesión e inmediata ratificación por parte del Estado español del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) adoptado por la ONU.»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone que el Congreso de los Diputados autorice la ratificación formal del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN) de Naciones Unidas (en vigor internacional desde enero de 2021). Compromete a España a la eliminación total y prohibición incondicional del desarrollo, ensayo, almacenamiento o tránsito de cabezas nucleares en su suelo, vetando la entrada de navíos con propulsión o armas atómicas.
A favor
La Campaña Internacional para Abolir las Armas Nucleares (ICAN), galardonada con el Premio Nobel de la Paz en 2017, y encuestas sociológicas revelan que cerca del 80% de la ciudadanía española apoya que España ratifique el TPAN. Más de 90 Estados soberanos ya han firmado el tratado, que declara a las armas nucleares formalmente ilegales bajo el Derecho Internacional Humanitario por sus efectos catastróficos indiscriminados.
En contra
El Gobierno de España y las principales potencias aliadas de la OTAN sostienen que, mientras existan armas nucleares en manos de regímenes autocráticos (como Rusia, China o Corea del Norte), la disuasión nuclear aliada es indispensable para evitar un conflicto global de grandes proporciones. Argumentan que el TPAN no compromete a los Estados poseedores de arsenales y debilita la posición negociadora del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP).
Cierre y desmantelamiento de las bases militares estadounidenses de Rota y Morón de la Frontera
«Cierre programado y desmantelamiento de las instalaciones militares extranjeras en territorio nacional (Bases de Rota y Morón) y su reconversión pública en centros tecnológicos de investigación marina, logística humanita…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Propone denunciar formalmente el Convenio bilateral de Defensa de 1988 con Estados Unidos, exigiendo la salida progresiva del contingente militar norteamericano (incluidos los destructores del escudo antimisiles en Rota y las fuerzas de despliegue rápido del mando AFRICOM en Morón) y convirtiendo las instalaciones en polos de desarrollo civil, logístico, tecnológico y de energías limpias.
A favor
Plataformas ciudadanas y marchas por la paz (como la tradicional Marcha a Rota) denuncian que albergar bases norteamericanas convierte a Andalucía y a toda España en un objetivo nuclear prioritario en caso de conflagración bélica entre superpotencias, habiendo servido de plataforma logística para invasiones militares unilaterales en Oriente Medio y África sin autorización del Parlamento español.
En contra
Los ayuntamientos de Rota y Morón, junto a los comités de empresa laborales del personal laboral civil local, advierten del durísimo impacto económico que causaría el cierre de las bases, de las que dependen directamente más de 2.000 puestos de trabajo de trabajadores españoles y más de 400 millones de euros anuales de inyección económica directa en la comarca de la Bahía de Cádiz y la Campiña sevillana.