Prohibición y persecución de los vientres de alquiler a nivel nacional e internacional. La mujer no es un objeto ni sus hijos una mercancía. Se perseguirá la compra de vientres de alquiler que se realicen fuera de España, para ser criados posteriormente en nuestro país
«Prohibición y persecución de los vientres de alquiler a nivel nacional e internacional. La mujer no es un objeto ni sus hijos una mercancía. Se perseguirá la compra de vientres de alquiler que se realicen fuera de España, para ser criados p…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea blindar la prohibición de la gestación por sustitución ('vientres de alquiler') y cerrar el fraude de ley internacional: además de mantener la nulidad del contrato prevista en el artículo 10 de la Ley 14/2006 de Reproducción Humana Asistida, propone tipificar penalmente con extraterritorialidad (artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial) el recurso de ciudadanos españoles a agencias y vientres de alquiler en el extranjero (EE.UU., Ucrania, Georgia, Colombia) e impedir la inscripción registral automática de la filiación comprada.
A favor
Aunque el artículo 10 de la Ley 14/2006 declara nulo de pleno derecho todo contrato de gestación subrogada en España y el Tribunal Supremo (STS 835/2014, 277/2022 y 1153/2024) ha calificado reiteradamente los vientres de alquiler como una 'mercantilización de la gestación y de la filiación que cosifica a la mujer gestante y al niño' vulnerando la dignidad humana (art. 10.1 CE), la Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 2010 permite en la práctica que entre 800 y 1.000 bebés comprados cada año en el extranjero por personas de alto poder adquisitivo (pagando entre 50.000 y 150.000 €) sean inscritos en los consulados españoles.
En contra
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH, casos *Mennesson c. Francia* de 2014 y Opinión Consultiva de 2019) ha dictaminado que, aunque los Estados tienen pleno derecho a prohibir y sancionar la gestación por sustitución, el interés superior del menor ya nacido y su derecho a la vida privada (artículo 8 del CEDH) obligan a reconocer algún mecanismo jurídico (como la adopción por el cónyuge o progenitor de intención tras determinar la filiación biológica del padre) para no dejar al recién nacido en situación de apatridia o desprotección legal.