Un acuerdo de vivienda con financiación plurianual
«Un acuerdo de vivienda con financiación plurianual. Impulsaremos un fondo estatal de ocho años para cofinanciar vivienda pública y asequible, con una asignación para Canarias ajustada a sus necesidades. Permitirá construir, adquirir y rehab…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Plantea la creación de un Fondo Estatal de Vivienda con un horizonte plurianual de ocho años (dos legislaturas) que garantice estabilidad financiera al Plan Canario de Vivienda (ejecutado por el ICAVI y VISOCAN) con una cuota de reparto ponderada por el déficit habitacional y el sobrecoste constructivo insular. El fondo permitirá no solo promover obra nueva, sino también adquirir suelo, edificios terminados o promociones inacabadas, junto con la elaboración de un inventario y la cesión gratuita a Canarias de los suelos e inmuebles ociosos del Estado (Defensa, Sareb/SEPES, Seguridad Social, Patrimonio del Estado).
A favor
Canarias atraviesa una emergencia habitacional sin precedentes: en el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) hay más de 27.000 familias inscritas como demandantes de vivienda protegida, mientras que entre 2012 y 2022 apenas se calificaron menos de 200 viviendas de promoción pública al año en todo el archipiélago. Según datos del INE y de los portales inmobiliarios (Idealista, Fotocasa), el precio del alquiler en Canarias se ha disparado más de un 45 %-55 % en cinco años (superando los 13,8-14,5 €/m² mensuales) frente a los salarios más bajos de España (1.600-1.700 € brutos medios en la Encuesta Trimestral de Coste Laboral), y construir en las islas resulta un 20 %-25 % más caro por el transporte de materiales.
En contra
En los Planes Estatales de Vivienda (como el Plan 2022-2025) y en los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la ejecución presupuestaria del ICAVI ha sufrido históricamente cuellos de botella administrativos y falta de suelo municipal urbanizado, lo que llevó a retrasos de varios años en el abono del Bono Alquiler Joven y de las ayudas al alquiler general. Por otro lado, la presenza de activos de la Sareb en Canarias es muy reducida en comparación con el arco mediterráneo peninsular (apenas un 2 %-3 % de su cartera residencial y muchos son esqueletos de hormigón sin licencia vigente), y la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas restringe las cesiones gratuitas de inmuebles patrimoniales del Estado.