Mantener la prioridad de La Palma
«Mantener la prioridad de La Palma. Exigiremos financiación sostenida para la recuperación de La Palma y un seguimiento efectivo de las inversiones. Reclamaremos la continuidad del plan especial de empleo y el reintegro de las aportaciones a…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Exige a la Administración General del Estado cumplir el acuerdo plurianual de aportar 100 millones de euros anuales durante cuatro años (400 millones en total) en los Presupuestos Generales del Estado o vía real decreto-ley para financiar la reconstrucción socioeconómica, residencial, agraria y de infraestructuras del Valle de Aridane en La Palma tras la erupción del volcán Tajogaite (2021), reintegrando al Gobierno de Canarias los 50-100 millones adelantados con fondos propios autonómicos cuando el Estado no transfirió su anualidad a tiempo. Solicita asimismo prorrogar el Plan Especial de Empleo de La Palma, las moratorias hipotecarias y habilitar la contratación de emergencia conforme se enfríen las coladas de lava.
A favor
La erupción del volcán de Cumbre Vieja (septiembre-diciembre de 2021) destruyó 1.345 viviendas (dejando sin hogar a más de 7.000 personas en Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte), sepultó más de 370 hectáreas de cultivos de plátano, aguacate y viñedo de altísima productividad y más de 73 kilómetros de carreteras y redes de riego. El compromiso adquirido en la Agenda Canaria fue que el Estado transfiriera 100 millones de euros anuales para cubrir la diferencia entre el valor real de reposición de las fincas y viviendas perdidas y las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, pero la falta de PGE en 2024 y 2025 retrasó gravemente los libramientos estatales, obligando a la Hacienda canaria a adelantar los pagos a los damnificados.
En contra
El Comisionado Especial para la Reconstrucción de la Isla de La Palma del Gobierno de España destaca que la Administración General del Estado y el Consorcio de Compensación de Seguros ya han movilizado y abonado en La Palma más de 950-1.050 millones de euros en ayudas directas a vivienda y enseres, ERTEs por fuerza mayor, carreteras (como la carretera de la Costa ejecutada en tiempo récord), desaladoras portátiles, reconstrucción de infraestructuras municipales (al 50 %) y deducción del 60 % del IRPF. Respecto a mantener indefinidamente la tramitación de emergencia (artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público), la Junta Consultiva de Contratación Pública y el Tribunal de Cuentas advierten que, pasados varios años del cese de la erupción, adjudicar obras a dedo sin licitación pública vulnera la legalidad contractual.