Defender y hacer cumplir la Agenda Canaria y el Decreto Canarias
«Defender y hacer cumplir la Agenda Canaria y el Decreto Canarias. Defenderemos en las Cortes Generales el cumplimiento íntegro de la Agenda Canaria y las medidas de la propuesta de Decreto Canarias trasladada por el Gobierno de Canarias al…»
Explicación sencilla· A favor y en contra
Establece como eje rector de la acción política y parlamentaria de los diputados y senadores de Coalición Canaria - Municipalistas Primero Canarias en la nueva legislatura la exigencia del cumplimiento íntegro de la 'Agenda Canaria' suscrita en el pacto de investidura de noviembre de 2023 y la aprobación mediante Real Decreto-ley o inclusión en los Presupuestos Generales del Estado del denominado 'Decreto Canarias' (paquete de más de 50 medidas normativas y financieras remitido por el Consejo de Gobierno de Canarias al Estado). Condiciona expresamente cualquier apoyo de investidura, estabilidad parlamentaria o aprobación de leyes y presupuestos estatales al cumplimiento verificable de estos compromisos, gobierne quien gobierne.
A favor
En situaciones de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (como ocurrió en 2024 y 2025 por la falta de mayoría parlamentaria del Ejecutivo central), Canarias deja de percibir o ve bloqueadas transferencias conveniadas y partidas específicas por valor de entre 400 y 600 millones de euros anuales (100 millones de La Palma, obras hidráulicas, infraestructuras educativas y turísticas, POSEI adicional, déficit de guaguas gratis o bonificación del IRPF palmero). La fórmula del 'Decreto Canarias' (aprobada en Consejo de Gobierno de Canarias a finales de 2025) demostró ser el instrumento jurídico idóneo para desvincular las obligaciones legales del Estado con el archipiélago del bloqueo presupuestario partidista en Madrid.
En contra
La utilización reiterada de la figura del Real Decreto-ley (artículo 86 de la Constitución, reservado para casos de 'extraordinaria y urgente necesidad') para aprobar paquetes heterogéneos de una sola comunidad autónoma ('Decreto Canarias') ha sido cuestionada por letrados parlamentarios y por la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los decretos-leyes ómnibus y las leyes singulares, así como por otros grupos parlamentarios que critican el 'bilateralismo transaccional' donde la asignación de recursos públicos del Estado depende de la aritmética de un escaño decisivo en el Congreso en lugar de criterios objetivos multilaterales para todas las comunidades autónomas.